Una presentación judicial realizada por un vecino de San Javier, acompañado por el diputado provincial Palo Oliver, abrió un frente de alto voltaje político e institucional en el norte santafesino. La denuncia apunta directamente al senador departamental Oscar Dolzani, acusado de haber actuado como proveedor de una empresa adjudicataria de una obra pública provincial en su propio distrito, una práctica expresamente vedada por la normativa vigente.
El planteo fue ingresado ante el Ministerio Público de la Acusación y solicita que se investigue si el comercio del que figura como titular el legislador —el Corralón Dolzani— vendió materiales y prestó servicios a una de las firmas integrantes de la Unión Transitoria de Empresas que ejecuta la obra “Defensa contra inundaciones y estabilización de barrancas – zona este de la ciudad de San Javier”.
La documentación incorporada incluye una factura tipo A y su remito correspondiente, fechados el 27 de enero de 2026, por un monto cercano a los 19 millones de pesos, vinculados a la provisión de hormigón y servicios de bombeo. Según la denuncia, esos insumos habrían sido entregados directamente en el obrador de la empresa en San Javier y estarían destinados a la obra financiada con fondos públicos.
El dato no es menor: el propio Dolzani participó, en su rol de senador, de la votación que habilitó el endeudamiento provincial para reactivar estos trabajos, mediante un crédito internacional por 25 millones de dólares. Es decir, aprobó las herramientas financieras para una obra que luego habría beneficiado comercialmente a su emprendimiento privado.
Del recinto al mostrador
Desde el Frente Amplio por la Soberanía sostienen que el cuadro es claro: un legislador departamental que, al mismo tiempo, interviene en decisiones presupuestarias clave y factura a una de las empresas contratistas. En la presentación judicial se mencionan posibles figuras penales como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y violaciones a la Ley de Ética Pública provincial, además de incompatibilidades previstas en la Constitución santafesina.
“El conflicto de intereses es evidente. Está de los dos lados del mostrador: por un lado habilita la obra desde la Legislatura y por el otro se beneficia vendiendo materiales que se pagan con fondos públicos”, resumió Oliver, quien remarcó que ahora será Fiscalía la encargada de verificar la autenticidad de la documentación y avanzar con las medidas probatorias solicitadas, entre ellas pericias contables, informes bancarios y requerimientos a las empresas de la UTE.
Un video que agravó el escenario
Lejos de desactivar la polémica, el propio senador publicó un video en sus redes sociales titulado “Los zurdos nunca van a querer que se genere trabajo”. Allí admite ser proveedor de empresas que ejecutan obra pública en su departamento, aunque asegura estar “en regla”.
Palo Oliver: “El descargo terminó siendo una autoincriminación”
Tras la difusión del video del senador, Oliver fue categórico al evaluar el contenido del mensaje y anticipó una ampliación de la denuncia judicial.
Según explicó a este medio, lejos de aclarar la situación, la intervención pública del legislador de San Javier agravó el cuadro:
“Creo que lo que el senador intentó como descargo terminó siendo una autoincriminación.”
El diputado sostuvo que el video expone una combinación preocupante de soberbia e ignorancia, y remarcó que cualquiera de las dos opciones resulta grave tratándose de un funcionario público:
“Fue un intento de defensa lleno de soberbia y de ignorancia. Quiero creer que es ignorancia, y eso me preocupa, porque estamos hablando de un legislador provincial.”
Oliver afirmó que, desde su perspectiva, los hechos denunciados no sólo tienen reproche ético sino también penal:
“Desde nuestro punto de vista se están violentando, por lo menos, dos artículos del Código Penal, la propia Constitución provincial y la Ley de Ética Pública.”
En ese sentido, confirmó que la presentación realizada ante el Ministerio Público de la Acusación será ampliada en los próximos días, incorporando el contenido del video como nuevo elemento probatorio:
“El lunes vamos a hacer una ampliación después de esta escandalosa autodefensa que intentó hacer el senador Dolzani.”
Además, adelantó que evalúan sumar una denuncia específica por amenazas, a raíz del tono del cierre del mensaje difundido en redes:
“Seguramente vamos a estar haciendo también una denuncia por amenaza, porque no la vamos a dejar pasar.”
Consultado sobre el intento del senador de desconocerlo públicamente, Oliver relativizó la chicana y volvió a poner el foco en la gravedad institucional del caso:
“Eso son cuestiones mínimas frente a la gravedad de los hechos. Compartimos asambleas legislativas, nos saludamos, tenemos recorrido político. Decir que no me conoce es anecdótico.”
Finalmente, sintetizó su posición con una frase que resume el estado del expediente tras el propio video del denunciado:
“Después de ver el video, lo único que puedo decir es: no más preguntas, señor juez.”
Un patrón que se repite
Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a encender alarmas sobre una práctica que este medio viene denunciando desde hace tiempo: funcionarios y dirigentes cercanos a la gestión provincial que aparecen como proveedores directos o indirectos del Estado.
No se trata de un hecho aislado. Existen antecedentes de empresarios ligados al oficialismo con contratos públicos y hasta situaciones denunciadas públicamente en las que altos cargos institucionales estarían vinculados a medios de comunicación que reciben pauta oficial, en un contexto donde la provincia lleva más de dos años sin transparentar de manera completa la distribución de esos fondos.
El caso Dolzani se inscribe así en una trama más amplia, donde la frontera entre función pública y negocio privado aparece cada vez más desdibujada.
Una investigación que recién comienza
Por ahora, todo quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación. Los denunciantes solicitaron una batería de medidas: informes a la autoridad fiscal sobre las operaciones comerciales del senador y su empresa, pericias contables, cruces bancarios, requerimientos al Ministerio de Obras Públicas y verificaciones técnicas sobre el origen de los materiales utilizados en la obra.
Mientras tanto, el escándalo ya impacta de lleno en la política santafesina. Un senador departamental acusado de beneficiarse de una obra que él mismo ayudó a financiar desde la Legislatura no es un dato menor.
La Justicia deberá determinar responsabilidades penales. La política, en cambio, ya quedó expuesta: otra vez, un funcionario bajo sospecha por mezclar gestión pública con intereses privados. Y otra vez, un sistema de controles que llega tarde, cuando los hechos ya están sobre la mesa.
