Durante semanas, la gestión de Maximiliano Pullaro eligió minimizar el malestar que se expandía dentro de la fuerza policial. El termómetro social marcaba tensión creciente, pero desde Casa Gris predominó el silencio, la negación y una lectura estadística que poco tenía que ver con lo que empezaba a expresarse en las calles y, sobre todo, en los hogares de los efectivos.
Hasta que llegó el cachetazo.
La movilización espontánea de la denominada familia policial —con concentraciones simultáneas en Rosario, Santa Fe capital y numerosas ciudades del interior, especialmente del norte provincial— marcó un punto de inflexión. Fue una protesta inédita por su extensión territorial, por la participación activa de familiares y por la contundencia del mensaje: salarios que no alcanzan, desarraigo crónico, sobrecarga laboral y una crisis de salud mental que ya no puede ocultarse.
El impacto político fue inmediato. El Ejecutivo provincial pasó, en cuestión de horas, de una sordera casi absoluta a la activación de un paquete de medidas de urgencia. La secuencia recuerda a otros momentos recientes de la gestión Pullaro: la reacción llega cuando el conflicto se vuelve visible y adquiere volumen social, como ocurrió el año pasado tras los golpes electorales en las grandes ciudades.
Esta vez, el detonante fue más profundo. El suicidio de un efectivo y la posterior reacción colectiva terminaron de quebrar la inercia oficial.
Del silencio al anuncio
Con el conflicto ya instalado en la agenda pública, el Ministerio de Seguridad encabezado por Pablo Cococcioni presentó un “plan de acción” destinado a mejorar las condiciones laborales del personal policial. La batería de medidas incluye incrementos económicos segmentados, beneficios de transporte y alojamiento, y el refuerzo de dispositivos de salud mental.
El núcleo del anuncio se concentra en tres nuevos suplementos salariales que se suman a los ingresos actuales:
-
Un plus mensual de hasta $500.000 para personal operativo de calle en Rosario, Santa Fe y otros centros urbanos considerados prioritarios.
-
Un adicional de $250.000 para tareas operativas en zonas de segundo nivel.
-
Un plus compatible de $250.000 para choferes de móviles policiales en toda la provincia.
A esto se suma la duplicación de la tarjeta alimentaria policial, que pasa a rondar los $160.000 mensuales, la actualización de los valores por servicios adicionales (OSPE) y un aumento en los adicionales por riesgo.
En paralelo, el Gobierno anunció transporte gratuito con ampliación de frecuencias, alojamiento sin costo en Rosario y Santa Fe para efectivos trasladados desde otras localidades, y la puesta en marcha de un programa integral de salud mental con cobertura para el personal y sus familias.
Desde el Ejecutivo remarcaron que las medidas buscan “fortalecer a la fuerza” y reconocer el esfuerzo realizado durante los últimos dos años, en un contexto de alta exigencia operativa.
Una respuesta unilateral, sin acuerdo formal
Más allá del volumen del anuncio, hay un dato institucional clave: el paquete fue dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo. No surge de un acuerdo formal con representantes del personal ni de una negociación estructurada con actas y compromisos recíprocos.
Es decir, el Gobierno tomó nota del reclamo y reaccionó, pero lo hizo de manera unilateral.
Este punto no es menor. Cuando las mejoras dependen exclusivamente de una decisión administrativa, su continuidad queda atada a la voluntad política del momento. No existe, por ahora, un marco estable que garantice previsibilidad a largo plazo.
Organizaciones vinculadas al personal policial, como Asociación Profesional Policial (APROPOL), valoraron las medidas como un avance respecto del escenario previo, pero advirtieron que fueron adoptadas sin consulta y dejando afuera cuestiones estructurales centrales: salario básico, régimen laboral, carga horaria y situación de retirados y pensionados, que no quedan alcanzados por la mayoría de los beneficios anunciados.
Lo que mejora —y lo que queda intacto
El decreto impacta de manera directa en el ingreso disponible de sectores operativos y comienza a aliviar problemas históricos como el costo del desarraigo. En ese sentido, representa un reconocimiento explícito de la crisis salarial que atraviesa la fuerza.
Sin embargo, el salario básico permanece sin modificaciones. Las mejoras llegan a través de pluses y adicionales atados al destino o a la función, lo que consolida un esquema segmentado: policías con igual jerarquía y antigüedad pueden percibir ingresos muy distintos según dónde trabajen o qué tareas cumplan.
Tampoco se introducen cambios en el régimen laboral: siguen intactos los turnos extensos, los recargos obligatorios y la falta de previsibilidad en los francos. El desgaste estructural que denuncian los efectivos continúa siendo el gran ausente del paquete oficial.
A esto se suma otro factor sensible: al quedar parte del ingreso atado a asignaciones operativas, vuelve a ganar peso la cadena de mandos en la definición del salario real, reabriendo márgenes de discrecionalidad administrativa que ya fueron cuestionados en el pasado.
Cuando el reclamo deja de ser invisible
El Decreto 0458/2026 no puede leerse aislado del proceso social que lo antecedió. La protesta provincial rompió el cerco del silencio y obligó al Gobierno a intervenir.
También dejó al descubierto una falla de fondo: la ausencia de canales institucionales eficaces para procesar el conflicto antes de que estalle en el espacio público. Cuando el reclamo llega a ese nivel de exposición, es porque los mecanismos internos ya no funcionan.
En paralelo, emergió con fuerza un fenómeno nuevo: la articulación de la familia policial. Efectivos en actividad, retirados y familiares lograron construir una expresión colectiva que transformó situaciones individuales en un reclamo provincial con identidad propia. Esa unidad fue determinante para mover al poder político.
Un punto de partida, no de llegada
Las medidas anunciadas representan una mejora concreta respecto del escenario previo. Reconocen problemas históricos, alivian el ingreso de sectores críticos y abren un canal de diálogo que hasta ahora no existía.
Pero también dejan claro que el proceso recién comienza.
Los núcleos estructurales —salario básico, régimen laboral, estabilidad salarial y condiciones de trabajo— siguen pendientes. Y la respuesta del Gobierno, aunque significativa, llega una vez más después del conflicto, no antes.
Queda ahora una pregunta que empieza a circular con fuerza en el ámbito estatal: si la protesta policial logró torcerle el brazo al Ejecutivo, ¿habrá una reacción similar frente a los reclamos de docentes, personal de salud y trabajadores de la administración central? ¿O el Gobierno volverá a esperar a que el malestar escale hasta un paro general?
Por lo pronto, el mensaje que dejó la calle es claro: cuando la gestión mira para otro lado, la realidad termina golpeando la puerta. Y esta vez, lo hizo con fuerza.
