En la antesala de una jornada que promete alterar la normalidad en todo el país, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó el paro general de 24 horas convocado para este jueves, en rechazo a la política económica del Gobierno Nacional y, especialmente, al proyecto de Reforma Laboral que será tratado en la Cámara de Diputados.
La medida tendrá impacto directo en la provincia de Santa Fe, con adhesiones confirmadas tanto en la ciudad capital como en Rosario, donde se anticipa una virtual paralización de la actividad.
Un paro nacional en medio de la disputa legislativa
El dato político central no pasa inadvertido. Mientras los trabajadores de distintos sectores expresarán su rechazo a la iniciativa oficial, el bloque gobernante convocó a sesión especial en Diputados para avanzar con el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral.
La simultaneidad entre la protesta sindical y la discusión parlamentaria no fue leída como una coincidencia por amplios sectores del movimiento obrero. En el universo gremial, la decisión fue interpretada como un gesto de confrontación política.
Desde la conducción nacional de la CGT, Jorge Sola fue categórico al describir el alcance de la medida:
“La Argentina se paralizará de punta a punta”.
El dirigente fundamentó la protesta en lo que definió como un deterioro sostenido del escenario sociolaboral, mencionando la pérdida de empleo formal, la caída del poder adquisitivo y el cierre de pequeñas y medianas empresas.
Santa Fe se suma a la medida
En la provincia, las centrales sindicales confirmaron su adhesión. Tanto en Santa Fe capital como en Rosario, gremios estatales, docentes, bancarios, judiciales, trabajadores del transporte y múltiples organizaciones sindicales se plegarán al paro.
En el plano educativo, AMSAFE anunció su participación en la medida, lo que impactará en el normal dictado de clases en escuelas públicas. Sadop también adhirió, extendiendo el alcance al sector privado.
Rosario: una ciudad prácticamente detenida
Será en Rosario donde el efecto del paro se sentirá con mayor contundencia.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA Rosario) confirmó que no habrá servicio de colectivos desde las 00 horas, una decisión que modifica de raíz la dinámica urbana. La ausencia del transporte público suele convertirse en el factor determinante para la caída generalizada de la actividad.
Pero el impacto no se limitará al sistema de movilidad.
Durante la jornada:
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No habrá atención bancaria.
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Se resentirá la actividad en oficinas públicas.
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Tribunales provinciales y federales operarán con esquemas mínimos.
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No habrá recolección de residuos domiciliarios.
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El Puerto de Rosario quedará sin actividad.
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Empresas de servicios públicos funcionarán con guardias mínimas.
El entramado productivo del cordón industrial también se verá alcanzado. Gremios aceiteros, portuarios, marítimos y sectores vinculados a la logística confirmaron su adhesión.
Desde el sector aceitero, Marco Pozzi anticipó que la medida tendrá efectos concretos en el polo agroexportador, uno de los nodos económicos más relevantes de la provincia.
Clima sindical y tensión política
Las voces gremiales no disimularon el tono crítico frente al proyecto oficial.
Referentes sindicales calificaron la reforma como un “retroceso en derechos laborales”, cuestionaron su impacto sobre la estabilidad del empleo y advirtieron sobre posibles escenarios de mayor conflictividad.
En paralelo, organizaciones sociales y movimientos sindicales anticiparon concentraciones y cortes en distintos puntos estratégicos del Gran Rosario, lo que suma un componente territorial a la jornada de protesta.
Una postal que excede lo sindical
El paro general no se inscribe únicamente en la lógica gremial. La magnitud de la adhesión y la coincidencia con el tratamiento legislativo de la Reforma Laboral convierten a la jornada en un hecho político de primer orden.
Rosario, nuevamente, se proyecta como escenario central de esa tensión.
Una ciudad sin colectivos, con bancos cerrados, sin puerto operativo y con buena parte del aparato estatal en pausa constituye una postal que trasciende el reclamo sectorial.
Se trata, en definitiva, de la expresión visible de un conflicto que hoy se disputa simultáneamente en la calle y en el Congreso.
