La investigación por presuntas irregularidades en la rendición del estacionamiento medido de Reconquista abre una discusión que excede a los cuatro agentes suspendidos y al propio intendente Amadeo Vallejos. El antecedente de la causa Vialidad y la condena contra Cristina Fernández de Kirchner vuelve inevitable una pregunta sobre la administración pública: una máxima autoridad puede no intervenir personalmente en cada procedimiento, pero ¿hasta dónde alcanza su obligación de saber, controlar y garantizar qué ocurre con los recursos que administra? Un debate que no debería limitarse a Reconquista y alcanza a cada municipio y comuna de Santa Fe.
La decisión del Gobierno de Reconquista de suspender preventivamente a cuatro agentes municipales e iniciar un sumario administrativo ante una presunta inconsistencia en la rendición de fondos provenientes del estacionamiento medido abrió una investigación cuyo resultado todavía es incierto.
No se conoce por el momento cuánto dinero podría estar involucrado, durante cuánto tiempo se habría producido la presunta irregularidad ni si finalmente el caso derivará en responsabilidades penales. Tampoco existen, con la información disponible hasta ahora, elementos que permitan involucrar personalmente al intendente Amadeo Vallejos en una eventual maniobra.
Sin embargo, el episodio abre una discusión bastante más amplia que la conducta individual de cuatro trabajadores municipales: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes conducen una administración cuando se detecta que recursos públicos que debían ingresar a las arcas del Estado podrían no haber sido correctamente rendidos?
La pregunta adquiere una dimensión particular después de uno de los procesos judiciales más trascendentes de los últimos años en Argentina: la causa Vialidad y la condena por administración fraudulenta contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los casos son diferentes y equipararlos jurídicamente sería incorrecto. Pero el contraste permite plantear un interrogante sobre la responsabilidad de quienes ocupan las máximas posiciones dentro del Estado.
Cristina Kirchner, Vialidad y la responsabilidad de la máxima autoridad
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como Vialidad.
La Justicia consideró acreditada la existencia de un esquema de direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, en el cual Austral Construcciones, perteneciente a Lázaro Báez, recibió una porción ampliamente mayoritaria de las adjudicaciones investigadas.
Uno de los principales argumentos de la defensa de la expresidenta fue precisamente la distancia existente entre la Presidencia de la Nación y los procedimientos administrativos concretos mediante los cuales se adjudicaban las obras.
Fernández de Kirchner sostuvo que las licitaciones atravesaban numerosas instancias nacionales y provinciales, que los presupuestos que contemplaban esos gastos habían sido aprobados por el Congreso y que la ejecución presupuestaria correspondía a la Jefatura de Gabinete. También cuestionó que durante el juicio no se hubiera producido, según su defensa, evidencia que demostrara una intervención directa y personal suya en cada adjudicación cuestionada.
La condena, sin embargo, quedó firme.
Esto no significa que la Justicia argentina haya establecido que cualquier presidente, gobernador o intendente debe responder penalmente por todo delito cometido por un funcionario o empleado que se encuentre debajo suyo.
La responsabilidad penal continúa siendo personal y requiere acreditar los elementos correspondientes al delito atribuido.
Pero el caso instaló una discusión política y jurídica mucho más profunda: la existencia de funcionarios intermedios y procedimientos administrativos complejos no necesariamente alcanza para desvincular a las máximas autoridades cuando existen elementos que permiten acreditar su participación o responsabilidad en una maniobra contra el Estado.
Y es precisamente desde esa discusión desde donde puede observarse lo ocurrido en Reconquista.
Qué pasó con el dinero del estacionamiento medido
El Gobierno de Reconquista informó que inició un sumario administrativo y dispuso la suspensión preventiva durante 30 días hábiles, sin goce de haberes, de cuatro agentes relacionados con el funcionamiento y la administración del estacionamiento medido.
Los trabajadores investigados desempeñaban diferentes responsabilidades dentro del circuito: conducción y coordinación del sistema, venta de saldo, cobro de infracciones, recepción de la recaudación, verificación e ingreso administrativo de los importes, control de documentación respaldatoria y custodia de libros de actas.
La explicación oficial resulta especialmente importante para comprender el episodio.
Según informó el secretario de Control Público, Nicolás Sandrigo, el 21 de julio se implementó un código QR para permitir que los usuarios cargaran crédito mediante transferencias directamente a una cuenta municipal. La intención era reducir el movimiento de efectivo y mejorar la trazabilidad.
La incorporación de esa tecnología no habría provocado la irregularidad. Por el contrario, terminó contribuyendo a que surgieran las dudas sobre la rendición de los recursos. Una consulta de un vecino sobre los medios de pago llevó posteriormente a realizar verificaciones con Contaduría y una auditoría con la empresa prestadora.
Las autoridades aclararon además que el eventual perjuicio no habría recaído sobre los usuarios. Quienes compraron crédito conservaron ese saldo y quienes abonaron multas figuran correctamente en el sistema. La presunta irregularidad aparecería después.
Concretamente, en el momento de registrar y rendir los fondos que debían llegar a las arcas municipales.
La frase que puede ampliar la investigación: «por acción o por omisión»
Hay un concepto utilizado por las propias autoridades de Reconquista que merece particular atención.
Al explicar qué busca determinar el sumario, señalaron que se intentará reconstruir la denominada «huella digital» del sistema para establecer responsabilidades por acción o por omisión. La abogada sumariante Daniela Peralta también aseguró que la instrucción recibida consiste en llegar hasta el final y establecer las responsabilidades correspondientes.
La expresión resulta relevante porque la responsabilidad sobre la administración de recursos públicos no necesariamente termina en quien eventualmente retira, desvía o deja de rendir determinada cantidad de dinero.
También puede existir una discusión sobre quién tenía que controlar. Y allí aparecen preguntas que solamente la investigación podrá comenzar a responder.
¿Desde cuándo se producían las presuntas diferencias? ¿Qué montos estaban involucrados? ¿Con qué periodicidad se rendía la recaudación? ¿Existían arqueos? ¿Quién controlaba que el dinero efectivamente ingresado coincidiera con las operaciones registradas por el sistema? ¿Qué funcionario recibía esos informes? ¿Contaduría podía advertir las diferencias? ¿Existieron señales anteriores? ¿Quién tenía la responsabilidad funcional de supervisar el circuito?
La duración de la eventual maniobra será particularmente relevante. No sería equivalente que la investigación descubriera una irregularidad reciente y rápidamente detectada a que comprobara diferencias sistemáticas durante meses o años. Cuanto mayor sea el tiempo y el monto eventualmente involucrado, mayor será también la necesidad de explicar cómo funcionaron los mecanismos de control.
¿Tiene responsabilidad Vallejos?
Hasta el momento no existen elementos públicos suficientes para sostener que el intendente Amadeo Vallejos haya participado de una eventual maniobra ni que tenga responsabilidad penal por lo sucedido. Y esa aclaración resulta indispensable.
Ser intendente no convierte automáticamente a una persona en penalmente responsable de cualquier delito cometido por un empleado municipal.
Pero la inexistencia de una responsabilidad penal automática tampoco elimina otra discusión: la responsabilidad política que supone conducir una administración pública.
Una cosa es preguntarse quién pudo quedarse con dinero que pertenecía al municipio. Otra, diferente, es preguntarse quién tenía la obligación de controlar que ese dinero efectivamente llegara a las cuentas municipales.
La primera pregunta apunta directamente hacia los eventuales autores de una maniobra. La segunda obliga a revisar toda la estructura administrativa. Y eventualmente puede ascender en la cadena de responsabilidades.
Un elemento que juega a favor del Gobierno de Reconquista
También existe un aspecto que necesariamente debe incorporarse para analizar el episodio con equilibrio. Fue el propio Ejecutivo municipal el que inició la investigación.
El intendente Vallejos dispuso junto con funcionarios de su gabinete la apertura del sumario y las suspensiones preventivas. Además, fueron resguardados documentos, usuarios y claves; se apartó preventivamente a los agentes para evitar interferencias y las autoridades anticiparon que, si los elementos encontrados lo justifican, realizarán la correspondiente denuncia penal. Ese comportamiento diferencia el escenario de uno en el que una administración conociera una irregularidad y decidiera ocultarla o permitiera su continuidad.
El municipio incluso podría argumentar que la detección demuestra que sus mecanismos de control finalmente funcionaron. Aunque esa explicación conduce inevitablemente hacia otra pregunta: si los controles funcionaban adecuadamente, ¿por qué la presunta irregularidad no había sido advertida anteriormente y apareció a partir de una duda generada después de incorporar un nuevo mecanismo tecnológico?
La respuesta dependerá fundamentalmente de algo que todavía no conocemos: desde cuándo existían las inconsistencias.
Una discusión que no termina en Reconquista
Sería un error convertir esta discusión únicamente en una controversia alrededor de Vallejos.
Reconquista puede funcionar como ejemplo de una cuestión que alcanza a cada intendente y presidente comunal de Santa Fe, independientemente de su pertenencia política.
Porque en las administraciones locales existen cajas, tasas, derechos, multas, habilitaciones, convenios, compras, contrataciones, obras, subsidios y diferentes mecanismos mediante los cuales diariamente se administran recursos pertenecientes a los ciudadanos.
Los máximos responsables políticos evidentemente no pueden controlar personalmente cada operación. Un intendente no puede revisar cada caja y un presidente comunal no puede verificar individualmente cada comprobante.
Precisamente por eso existen tesorerías, contadurías, secretarías, responsables administrativos, auditorías y diferentes mecanismos de control.
Pero delegar una tarea no necesariamente significa que desaparezca toda obligación política de garantizar que existan controles adecuados.
Por eso el interrogante de Reconquista puede trasladarse a cualquiera de los más de 360 gobiernos locales santafesinos: cuando desaparece dinero público, ¿la responsabilidad termina en el empleado que tenía acceso directo a los fondos o también debe investigarse por qué los controles superiores no lo detectaron?
No existe una respuesta automática. Dependerá de cada caso, de las obligaciones de cada funcionario, de los mecanismos existentes, del tiempo durante el cual haya ocurrido una irregularidad y, fundamentalmente, de las pruebas.
Del «yo no fui» al «yo no sabía»
La comparación entre Vialidad y Reconquista tiene un límite jurídico evidente.
Cristina Fernández de Kirchner atravesó un proceso penal, fue juzgada y condenada mediante una sentencia posteriormente confirmada. En Reconquista existe apenas un sumario administrativo en sus primeras etapas, cuatro trabajadores suspendidos preventivamente y una posible irregularidad cuyo monto todavía ni siquiera pudo establecerse.
No son situaciones equivalentes. Pero permiten discutir una misma pregunta sobre el poder. ¿Hasta dónde puede una máxima autoridad ampararse en que determinada operación estaba delegada en funcionarios inferiores?.
En materia penal, la respuesta exige pruebas concretas y responsabilidad personal. En materia política, la vara es diferente.
Quien gobierna también administra. Y quien administra recursos públicos debe garantizar mecanismos razonables para controlarlos.
Por eso quizás la discusión más importante que deja inicialmente el episodio de Reconquista no sea solamente descubrir quién pudo haber desviado dinero. Será también determinar quién debía impedir que pudiera hacerlo sin ser detectado.
El resultado del sumario permitirá saber si efectivamente existió un perjuicio, cuánto dinero estuvo involucrado, durante cuánto tiempo y quiénes fueron responsables. Sólo entonces podrá establecerse hasta dónde llega la cadena administrativa.
Pero el interrogante ya quedó planteado y excede ampliamente a Vallejos y Reconquista. Porque debería valer exactamente igual para un gobierno peronista, radical, socialista, libertario o vecinalista; para una gran municipalidad o para una pequeña comuna. La responsabilidad penal no se transmite automáticamente hacia arriba por ocupar un cargo político.
Pero tampoco debería naturalizarse la idea inversa: que mientras una autoridad no haya tocado personalmente el dinero, nada tiene que explicar.
Una cosa es no haber tocado los fondos. Otra muy distinta es determinar quién tenía la obligación de controlar que esos fondos llegaran a donde correspondían. Y esa pregunta, después de Reconquista, no debería formularse solamente a cuatro empleados municipales.
