El proyecto impulsado por el senador Felipe Michlig ya obtuvo media sanción y ahora deberá ser discutido por Diputados. La legisladora Silvia Malfesi se convirtió en una de las voces más críticas y trazó una polémica comparación con la legislación aprobada en Venezuela en 2017. La discusión, sin embargo, excede la disputa política: a diferencia de la ordenanza sancionada en Rosario, la iniciativa provincial incorpora multas y utiliza conceptos cuya amplitud genera interrogantes jurídicos. Los especialistas en materia penal advierten que una regulación imprecisa puede terminar afectando opiniones, críticas y discursos protegidos constitucionalmente.
La Cámara de Diputados de Santa Fe tendrá por delante una discusión que promete atravesar los límites tradicionales entre oficialismo y oposición. No será solamente un debate sobre discriminación, convivencia democrática o violencia en las redes sociales. En el centro de la controversia estará uno de los derechos fundamentales de cualquier sistema democrático: la libertad de expresión.
El Senado santafesino otorgó media sanción por unanimidad al proyecto impulsado por Felipe Michlig que busca declarar a Santa Fe como territorio libre de discriminación y discursos de odio. La iniciativa establece medidas de prevención y concientización, pero además incorpora una nueva figura al Código de Convivencia y contempla sanciones para determinadas expresiones consideradas alcanzadas por la normativa. Precisamente allí comienza la controversia.
Porque una cosa es desarrollar políticas públicas contra la discriminación, promover campañas educativas o fomentar una convivencia democrática respetuosa. Otra, mucho más compleja desde el punto de vista jurídico, es otorgarle al Estado la capacidad de determinar qué expresiones constituyen un «discurso de odio» y, a partir de esa interpretación, aplicar una sanción.
Entre las voces políticas que decidieron plantear esa discusión aparece la diputada provincial Silvia Malfesi, legisladora del Partido Libertario e integrante del bloque Somos Vida.
Malfesi viene cuestionando tanto la iniciativa provincial como la ordenanza recientemente aprobada en Rosario, aunque existe una diferencia sustancial entre ambas: el proyecto que deberá discutir Diputados establece sanciones, mientras que la norma rosarina no crea un nuevo régimen sancionatorio.
Malfesi: «¿Tanto miedo le tienen a las críticas de la gente?»
La diputada cuestionó públicamente la coincidencia temporal de las iniciativas impulsadas desde el radicalismo en los ámbitos provincial y rosarino.
«Si bien no establece sanciones, como sí lo hace el nefasto proyecto que se pretende aprobar en la Provincia, no hay dudas de que anida en ambos el espíritu de censura a la libertad de expresión», manifestó respecto de la ordenanza rosarina.
Y planteó dos interrogantes que resumen su posición política: «¿Tanto miedo le tienen a las críticas de la gente? ¿O por qué tanto empeño en impulsar la misma agenda, al mismo tiempo, a nivel provincial y municipal?»
El señalamiento apunta directamente al origen político de ambas iniciativas. En el Senado, el proyecto fue impulsado por Felipe Michlig. En Rosario, la propuesta fue presentada por el concejal Damián Pullaro, hermano del gobernador Maximiliano Pullaro.
Las dos parten de una preocupación semejante: el crecimiento de manifestaciones discriminatorias, violentas y excluyentes, particularmente amplificadas por las redes sociales. También comparten referencias a legislación antidiscriminatoria y estándares internacionales.
Pero sus consecuencias jurídicas son diferentes. Y esa diferencia resulta fundamental para entender por qué el proyecto provincial despierta mayores cuestionamientos.
¿Qué podría sancionarse en Santa Fe?
El proyecto de Michlig considera discurso de odio a expresiones verbales, escritas, simbólicas, audiovisuales o digitales que inciten, promuevan, justifiquen o naturalicen la discriminación, hostilidad, violencia o menosprecio hacia personas o grupos por determinadas características.
La definición alcanza motivos vinculados, entre otros, con raza, origen étnico o nacional, religión, género, sexo, orientación sexual, identidad y discapacidad. Pero aparecen dos palabras particularmente relevantes: «naturalizar» y «menosprecio».
Son conceptos que amplían el universo interpretativo de la norma respecto de la ordenanza rosarina.
Quien sea considerado responsable de alguna de esas conductas podría recibir multas de hasta 60 Jus, aunque el proyecto contempla la posibilidad de sustituir la sanción económica por cursos obligatorios de abordaje interdisciplinario.
Por eso, el interrogante jurídico inevitable es dónde se coloca la frontera. ¿Cuándo una expresión constituye discriminación susceptible de una sanción y cuándo se trata de una opinión desagradable, ofensiva, políticamente incorrecta o profundamente polémica pero protegida por la libertad de expresión?
Ese es uno de los puntos centrales que Diputados tendrá que resolver.
Rosario eligió otro camino
La comparación con lo ocurrido en Rosario permite comprender mejor la discusión.
La iniciativa impulsada por Damián Pullaro declara a Rosario como una ciudad que promueve la convivencia en la diversidad y libre de discursos de odio.
También impulsa campañas educativas, acciones territoriales, buenas prácticas digitales, recuperación de espacios públicos afectados por manifestaciones discriminatorias y articulación entre el Municipio, universidades, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Pero existe una diferencia fundamental: no crea nuevas infracciones ni establece nuevas sanciones. Durante su tratamiento incluso se incorporó expresamente una aclaración en ese sentido, estableciendo que la ordenanza complementa la normativa antidiscriminatoria existente y articula acciones con organismos municipales.
Por eso no resulta jurídicamente correcto colocar las dos iniciativas exactamente en el mismo plano. Comparten una orientación política y conceptual, pero las herramientas elegidas son diferentes. Rosario apuesta principalmente por la prevención y concientización. El proyecto provincial agrega la capacidad sancionatoria del Estado.
La comparación de Malfesi con Venezuela
Malfesi llevó su cuestionamiento mucho más lejos.
En un video publicado en sus redes sociales mostró la Gaceta Oficial venezolana correspondiente a la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017.
La legisladora repasó algunos de sus objetivos y encontró similitudes conceptuales con el proyecto santafesino: prevenir manifestaciones de odio, hostigamiento, discriminación y violencia; promover políticas públicas vinculadas con la convivencia y establecer regulaciones sobre determinados mensajes difundidos a través de redes sociales.
A partir de esa comparación, Malfesi sostuvo que existe un espíritu común entre ambas iniciativas y acusó directamente al oficialismo santafesino de avanzar sobre la libertad de expresión.
«Los senadores de Pullaro copiaron el texto de una ley propia de un régimen dictatorial chavista», afirmó la diputada, para luego asegurar que el objetivo sería «avasallar el derecho de expresión de todos los santafesinos».
Se trata de una interpretación política de Malfesi, no de una equivalencia jurídica demostrada entre ambos regímenes normativos. La comparación sirve para comprender la gravedad que la legisladora atribuye al proyecto, pero las características institucionales, sanciones y alcances de ambas legislaciones no son idénticos.
Ese matiz resulta importante para que la discusión no termine reducida a una comparación entre Santa Fe y Venezuela y pierda de vista el verdadero problema jurídico que deberá analizar Diputados.
El punto más delicado: quién define qué es odio
Allí aparecen los análisis de especialistas en derecho penal incorporado al debate.
Los planteos parten de distinguir aquellas expresiones que pueden resultar desagradables u ofensivas de aquellas que efectivamente promueven discriminación o violencia contra determinados grupos.
Según explican, el discurso de odio puede adoptar diferentes formas y no necesariamente consiste en un insulto explícito. Puede incluir estereotipos dañinos, deshumanización, discriminación o manifestaciones capaces de generar un clima concreto de hostilidad contra una persona o colectivo.
Pero precisamente porque existe esa amplitud aparece el peligro de utilizar definiciones imprecisas al redactar una norma sancionatoria.
Los especialistas plantean que debería poder demostrarse que la conducta cuestionada implica un peligro concreto de generar hostilidad hacia determinadas personas por las características protegidas por la norma.
Ese elemento podría resultar determinante. Porque sin parámetros objetivos, la aplicación dependerá considerablemente de quién interprete una expresión.
Una opinión ofensiva también puede estar protegida
El análisis jurídico aporta otro elemento indispensable para comprender el debate. La libertad de expresión no existe solamente para proteger aquellas opiniones aceptadas socialmente. También ampara —con los límites que establece el ordenamiento jurídico— ideas impopulares, incómodas, ofensivas o controversiales. La crítica hacia un gobierno, una religión o una ideología no constituye automáticamente discurso de odio.
La frontera comienza a modificarse cuando se abandona el terreno de la crítica y se avanza sobre ataques contra personas o colectivos que fomentan activamente discriminación, exclusión o violencia por aquello que son.
El problema legislativo consiste precisamente en construir una definición suficientemente precisa para separar ambas situaciones.
Los especialistas consultados llegan por eso a una conclusión relevante: no resulta saludable incorporar terminología imprecisa en ordenanzas, resoluciones o leyes cuando una interpretación amplia puede afectar la libertad de expresión, un derecho constitucional fundamental.
¿Y qué pasa con el periodismo?
Hay además un interrogante especialmente sensible para medios de comunicación, periodistas y comunicadores.
Un medio puede reproducir una declaración discriminatoria precisamente para informar sobre ella. Puede investigar una organización extremista, publicar una expresión controvertida para contextualizarla o citar textualmente declaraciones públicas para someterlas al escrutinio social.
El proyecto provincial no contiene, según el material analizado, una cláusula específica que excluya expresamente a la actividad periodística realizada de buena fe. La pregunta entonces es inevitable: ¿reproducir una expresión para informar podría eventualmente interpretarse como «promoverla» o «naturalizarla»?
Tal vez esa no sea la intención de quienes redactaron la iniciativa. Pero las leyes no deben evaluarse únicamente por las intenciones de sus autores, sino también por las interpretaciones que permitirán una vez vigentes.
Las leyes sobreviven a los gobiernos
Este posiblemente sea uno de los argumentos más importantes que debería atravesar el debate en Diputados. Una herramienta creada durante la administración Pullaro no será utilizada solamente durante la administración Pullaro.
La misma facultad permanecerá disponible para futuros gobiernos provinciales, con funcionarios, criterios políticos y autoridades de aplicación diferentes.
Por eso, el debate no debería plantearse exclusivamente desde una sospecha sobre las intenciones del actual oficialismo ni desde la idea contraria de que cualquier regulación destinada a combatir la discriminación constituye necesariamente censura. La discusión es bastante más profunda.
Hay un objetivo cuya legitimidad difícilmente pueda discutirse: prevenir la discriminación, la violencia y los ataques contra personas por su identidad, religión, orientación sexual, nacionalidad, discapacidad u otras características.
Pero también existe otro principio democrático igualmente fundamental: el Estado no puede transformar categorías ambiguas en instrumentos capaces de castigar opiniones simplemente porque resultan molestas, incómodas o críticas del poder.
Diputados tendrá la discusión que el Senado prácticamente no dio
El proyecto consiguió media sanción en el Senado con acompañamiento unánime y ahora será la Cámara de Diputados la encargada de revisar sus alcances. Allí voces como la de Silvia Malfesi anticipan una resistencia que promete ser mucho más intensa.
Su comparación con Venezuela seguramente será uno de los elementos más polémicos del debate. Pero detrás de esa confrontación política existe una discusión jurídica que merece mayor profundidad. El problema no está solamente en decidir si Santa Fe debe combatir los discursos de odio.
La verdadera pregunta es cómo hacerlo sin otorgarle al Estado una herramienta tan amplia que mañana pueda utilizarse para determinar qué puede decirse y qué no.
Rosario eligió, al menos en esta etapa, concentrarse en prevención, educación y concientización sin crear una nueva sanción. El proyecto provincial decidió avanzar un paso más y colocar multas detrás de determinadas expresiones.
Por eso Diputados tendrá ahora una responsabilidad mayor. Deberá determinar si conceptos como «menosprecio», «naturalizar» u «hostilidad» tienen la precisión necesaria para integrar una norma sancionatoria; establecer garantías para el debate político, periodístico y ciudadano; y definir con claridad dónde termina una opinión constitucionalmente protegida y dónde comienza una conducta susceptible de castigo.
Ese será el verdadero corazón de la discusión. Porque combatir la discriminación y proteger a los sectores vulnerables constituye un objetivo democrático. Pero preservar la posibilidad de criticar, cuestionar, incomodar y discutir al poder también lo es.
