El reconocimiento del ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, de que el Gobierno nacional acumula dos meses de atraso en los pagos comprometidos para financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones abrió un nuevo frente político para la administración de Maximiliano Pullaro. Una de las primeras voces de la oposición en recoger las declaraciones fue la del diputado provincial y exministro Marcos Corach, quien recordó que el peronismo había cuestionado las condiciones del entendimiento desde su origen y volvió a plantear una pregunta incómoda para la Casa Gris: si Santa Fe aceptó un acuerdo económicamente desfavorable para facilitar un acercamiento político con el gobierno de Javier Milei.
“Lo advertimos. Y por eso votamos en contra”, lanzó Corach después de conocerse públicamente que Nación no viene cumpliendo con las transferencias previstas.
El cuestionamiento apunta directamente al acuerdo alcanzado entre Santa Fe y el Gobierno nacional, que estableció el envío de $120.000 millones durante un año, distribuidos en 12 cuotas mensuales de $10.000 millones, como anticipos a cuenta del resultado correspondiente al ejercicio 2026.
Ahora, según reconoció el propio Olivares, aproximadamente dos meses de esos desembolsos se encuentran pendientes.
El dato volvió a poner bajo discusión no solamente el incumplimiento de Nación, sino también las condiciones que aceptó el Gobierno santafesino para alcanzar el entendimiento.
Corach: “El problema estaba en el acuerdo desde el principio”
Corach no centró sus críticas únicamente en la administración libertaria. El diputado peronista responsabilizó también al Gobierno provincial por haber aceptado un esquema que, a su entender, resultaba insuficiente para los intereses de Santa Fe. “El ministro Pablo Olivares reconoció que Nación ya adeuda dos meses de los pagos comprometidos para la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. No sorprende. El problema estaba en el acuerdo desde el principio”, sostuvo.
El exministro provincial recordó que el convenio contemplaba cuotas de $10.000 millones mensuales y aseguró que la oposición ya había advertido que los anticipos necesarios debían ubicarse en valores considerablemente superiores. “El gobierno de Pullaro aceptó 12 cuotas de $10.000 millones. Ya entonces dijimos que esos anticipos debían rondar los $30.000 millones mensuales. Aceptaron cobrar un tercio de lo que correspondía”, cuestionó.
Pero el planteo político de Corach fue un paso más allá. Para el legislador, el problema no fue solamente cuánto aceptó recibir Santa Fe, sino qué concedió a cambio. “¿A cambio de qué? De suspender los juicios contra Nación”, disparó.
La deuda previsional y una discusión que llegó a la Justicia
El conflicto entre Santa Fe y Nación por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones tiene una larga historia.
Por acuerdos posteriormente respaldados por legislación nacional, el Estado nacional debe financiar parte del déficit de aquellas cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas durante la década de 1990. Santa Fe se encuentra dentro de ese grupo.
Los incumplimientos acumulados derivaron en reclamos judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el conflicto volvió a profundizarse durante 2024, cuando la administración de Javier Milei suspendió mediante decreto las transferencias mensuales.
En abril de 2026, Pullaro y la ministra de Capital Humano de Nación, Sandra Pettovello, alcanzaron un entendimiento para restituir parcialmente ese flujo.
Paralelamente, se abrió una instancia de negociación destinada a determinar y conciliar la deuda acumulada correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2020 y 2025.
Para Corach, sin embargo, la Provincia cedió demasiado en esa negociación. “Lo dijimos en el recinto cuando votamos en contra: Santa Fe estaba poniendo en pausa juicios por una deuda estimada entre $1,5 y $2 billones, a cambio de monedas. Y además confiando en que Milei iba a cumplir. Ahora ni siquiera cumple con esas monedas”, cuestionó.
Olivares reconoció que Nación acumula dos meses de atraso
Las críticas opositoras aparecieron después de las declaraciones realizadas en un medio rosarino por el ministro Pablo Olivares, quien confirmó que los compromisos asumidos por Nación comenzaron a registrar incumplimientos pocos meses después de la firma. “Aproximadamente se adeudan ya dos meses, esperamos que esto se pueda regularizar en breve, pero eso no quita que no lo reclamemos o hagamos valer y respetar los acuerdos firmados”, señaló el titular de Economía.
La declaración resulta políticamente relevante porque es el propio Gobierno santafesino el que admite que el esquema acordado con Nación no está funcionando de acuerdo con el cronograma establecido.
Desde la Casa Gris sostienen que continuarán reclamando el cumplimiento del convenio y mantienen la expectativa de que los desembolsos puedan regularizarse. Sin embargo, para Corach esa explicación resulta insuficiente.
Corach vuelve sobre una sospecha política: “¿A cambio de qué?”
El diputado peronista retomó además uno de los principales cuestionamientos que sectores de la oposición formularon cuando se discutieron las condiciones del acuerdo: que el entendimiento no podía explicarse exclusivamente desde una lógica financiera.
Según Corach, existió detrás una decisión política vinculada con la relación que Pullaro fue construyendo con la administración de Milei. “También dijimos algo más: esto no tenía sustento económico. Tenía una explicación política”, sostuvo. Y profundizó: “Santa Fe resignaba capacidad de reclamar para ayudar a Milei a sostener su relato del déficit cero con recursos que les corresponden a los santafesinos. Hoy las consecuencias están a la vista”.
Se trata de una interpretación política de la oposición que el Gobierno provincial no comparte y que ahora vuelve a cobrar fuerza a partir del incumplimiento reconocido por Olivares.
El punto que Corach intenta instalar es que la Provincia aceptó recibir anticipos que consideraba insuficientes y flexibilizar temporalmente su estrategia judicial en momentos en que Pullaro profundizaba su relación institucional y política con el Gobierno nacional.
Un acuerdo que vuelve a quedar bajo la lupa
El incumplimiento también se produce en un contexto de dificultades fiscales para Santa Fe. Olivares reconoció que los ingresos provenientes de la coparticipación federal acumulan durante el año una caída real estimada entre el 3% y el 5%, mientras las demandas que debe afrontar el Estado provincial continúan creciendo.
El ministro sostuvo que la estrategia santafesina busca compatibilizar tres objetivos: mantener las inversiones en infraestructura vinculadas con el aparato productivo, garantizar los servicios públicos y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
La Provincia incluso recurrió a adelantos de coparticipación ofrecidos por Nación como herramienta financiera frente al escenario de menores recursos. En ese contexto, que el Gobierno nacional tampoco cumpla en tiempo y forma con los fondos comprometidos para la Caja agrega presión sobre las cuentas provinciales y fortalece las críticas de quienes consideraron insuficiente el acuerdo desde su origen.
“¿Va a seguir esperando que Milei tenga la buena voluntad de pagar?”
Corach considera que el reconocimiento realizado por Olivares obliga ahora al Gobierno de Pullaro a explicar cuál será su estrategia frente al incumplimiento. “Ahora que Nación incumplió, la Provincia tiene que explicar qué va a hacer”, reclamó. Y planteó dos caminos posibles: “¿Va a seguir esperando que Milei tenga la buena voluntad de pagar? ¿O va a reactivar los juicios y reclamar hasta el último peso que Nación le debe a Santa Fe?”.
Para el diputado, la respuesta debería ser retomar una posición más dura frente al Ejecutivo nacional. “Nosotros ya dijimos cuál era el camino: reclamar lo que nos deben, sostener los juicios y defender los recursos de nuestros jubilados”, concluyó.
La controversia vuelve así a colocar la relación Pullaro-Milei en el centro de la discusión política santafesina. El incumplimiento de Nación está reconocido por el propio ministro de Economía provincial; lo que permanece en disputa es la lectura sobre las condiciones que Santa Fe aceptó para alcanzar aquel acuerdo.
Corach busca instalar precisamente allí el costo político para el oficialismo: sostiene que la Provincia resignó capacidad de presión a cambio de un convenio insuficiente que, apenas unos meses después, tampoco se está cumpliendo. Y obliga nuevamente a la Casa Gris a responder una pregunta que distintos sectores opositores vienen formulando sobre su vínculo con la administración libertaria: cuánto hubo de conveniencia financiera para Santa Fe y cuánto de decisión política en el acercamiento con el Gobierno nacional.
