Mientras el gobernador Maximiliano Pullaro aprovechó el acto por el 162° aniversario de la Policía para exhibir la caída de los homicidios y presentar a Santa Fe como una provincia que dejó atrás sus peores indicadores de violencia, puertas adentro de la fuerza la fotografía aparece bastante más compleja. Salarios deteriorados, adicionales para completar ingresos, jornadas extensas, destinos alejados y problemas de salud mental conviven con una inseguridad que comienza a alterar la tranquilidad de ciudades del interior. Dos realidades que forman parte de una misma provincia y que el discurso oficial todavía tiene dificultades para reunir.
El Día de la Policía de Santa Fe dejó este lunes dos imágenes completamente diferentes. Una pudo observarse en la Plaza San Martín de Venado Tuerto. Allí estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, autoridades provinciales y representantes de la fuerza para conmemorar los 162 años de la Policía santafesina.
Fue el escenario institucional. Hubo reconocimientos, reivindicación del trabajo policial y números que el Gobierno considera suficientemente contundentes como para demostrar un cambio profundo en materia de seguridad.
La otra fotografía no necesitó escenario. Es la que diariamente atraviesa una parte importante de los policías santafesinos cuando termina el acto, vuelve a colocarse el uniforme y debe regresar a la calle. Y entre ambas imágenes aparece una distancia que merece ser analizada.
Pullaro mostró sus números
El gobernador utilizó buena parte de su discurso para reivindicar la política de seguridad implementada desde diciembre de 2023. “Nuestra Policía lleva adelante la tarea más noble que puede tener un ser humano, que es cuidar la vida y los bienes de los demás”, afirmó.
Pullaro recordó que cuando llegó al Gobierno encontró, según describió, una provincia “sitiada por el narcotráfico, por la violencia y por el delito”.
Su administración, sostuvo, decidió enfrentar ese escenario mediante una estrategia coordinada entre los poderes del Estado. El resultado que exhibe fundamentalmente es uno: la caída de la violencia altamente lesiva, con Rosario como principal referencia.
Según expresó durante el acto, los homicidios cayeron más del 75% en la ciudad y el delito provincial se redujo aproximadamente al 20% de los niveles anteriores. Con esos indicadores llamó a mostrar que Santa Fe pasó de ser “la provincia más violenta” a convertirse en “la provincia más segura”.
Los resultados en homicidios constituyen uno de los principales activos políticos de la gestión Pullaro. Pero una estadística, incluso cuando muestra una mejora importante, no necesariamente describe por sí sola toda la realidad de la seguridad pública.
Rosario y el riesgo de mirar solamente el número más favorable
Rosario representa inevitablemente el epicentro de cualquier evaluación de seguridad en Santa Fe.
Durante años, sus niveles extraordinarios de violencia vinculados al crimen organizado colocaron a la ciudad entre las principales preocupaciones nacionales. Que los homicidios hayan disminuido sustancialmente representa una mejora que no debería minimizarse.
El problema aparece cuando ese indicador pretende transformarse en una descripción homogénea de toda la provincia. Porque mientras Rosario consiguió reducir sus niveles más extremos de violencia, otras ciudades y localidades comienzan a convivir con delitos que sus habitantes hasta hace algunos años consideraban excepcionales.
Reconquista dejó recientemente una imagen preocupante: dos delincuentes ingresaron armados a un comercio y golpearon a quienes estaban en el lugar. En Rafaela, vecinos y periodistas vienen planteando públicamente preocupación por determinados sectores que describen como zonas con escaso control y por hechos de inseguridad.
Son situaciones diferentes y no alcanzan por sí solas para demostrar estadísticamente un desplazamiento provincial del delito. Pero sí obligan a formular una pregunta. ¿Puede definirse la seguridad de toda Santa Fe mirando principalmente lo ocurrido con los homicidios en Rosario?.
La otra realidad estaba dentro de la propia ceremonia
Existe además una segunda contradicción. Mientras el Gobierno reivindica los resultados conseguidos por la Policía, una parte de quienes hicieron posible esos resultados atraviesa las mismas dificultades económicas que afectan a numerosos trabajadores públicos provinciales.
El aniversario encuentra a la fuerza acumulando reclamos vinculados con salarios, jornadas laborales, adicionales, destinos y condiciones materiales. El problema central es económico.
Para numerosos agentes de escalafones bajos y medios, el salario ordinario resulta insuficiente y debe ser complementado mediante servicios adicionales, horas extraordinarias u otras fuentes de ingreso.
Eso provoca situaciones donde un policía termina su jornada regular y, en lugar de descansar, debe seguir trabajando. La ecuación resulta difícil de sostener: el Estado exige disponibilidad, disciplina, capacidad de reacción y exposición permanente al peligro a trabajadores que al mismo tiempo enfrentan dificultades para mantener económicamente sus hogares.
El policía también es un trabajador provincial
La discusión muchas veces queda escondida detrás del uniforme. Un policía tiene una responsabilidad particular. Porta un arma. Tiene autoridad estatal. Interviene en circunstancias donde una mala decisión puede costar una vida.
Pero antes de todo eso también es un trabajador. Paga alquiler. Compra alimentos. Mantiene una familia. Carga combustible. Tiene deudas. Y sufre la pérdida del poder adquisitivo como cualquier otro empleado público.
La diferencia es que después debe salir a una calle donde se espera de él concentración absoluta. Por eso las condiciones salariales policiales no deberían analizarse únicamente como una discusión gremial o presupuestaria. También constituyen una política de seguridad.
Un efectivo agotado después de acumular horas ordinarias y adicionales difícilmente pueda tener las mismas capacidades físicas y cognitivas que alguien adecuadamente descansado.
Trabajar lejos de casa
Hay otro problema menos visible. Los destinos.
Numerosos efectivos deben trasladarse decenas e incluso cientos de kilómetros para prestar servicio. Eso significa combustible o transporte, horas adicionales fuera del hogar y todavía menos descanso.
Un turno de trabajo puede comenzar mucho antes de ingresar efectivamente a la dependencia y terminar bastante después de haber finalizado formalmente el servicio. Cuando esa dinámica se prolonga, el problema deja de ser solamente laboral. Impacta sobre la economía familiar, el descanso y los vínculos personales.
Por eso, cualquier discusión profunda sobre la profesionalización policial debería incorporar también una política racional de destinos que contemple la realidad geográfica y familiar del personal.
Una crisis silenciosa: la salud mental
Existe un capítulo todavía más delicado. La salud mental de quienes integran las fuerzas de seguridad.
Los policías trabajan diariamente con violencia, muerte, accidentes, conflictos familiares y situaciones traumáticas. A esa carga profesional se agregan dificultades económicas, extensas jornadas y problemas familiares derivados muchas veces del propio trabajo.
Los suicidios dentro de las fuerzas representan la manifestación más extrema de una problemática que exige un abordaje preventivo y profesional. No alcanza con intervenir cuando la crisis ya ocurrió. Se necesitan equipos especializados, confidencialidad, acompañamiento y mecanismos que permitan solicitar ayuda sin temor a consecuencias laborales. Una institución armada no puede considerar la salud mental de sus integrantes como un asunto secundario.
El Gobierno exige resultados, pero también debe escuchar
Aquí aparece probablemente la principal deuda que deja expuesta este aniversario.
La administración Pullaro puede legítimamente reivindicar una disminución de los homicidios. También puede destacar inversiones, equipamiento y modificaciones operativas. Pero si el Gobierno considera que la Policía fue una pieza central para conseguir esos resultados, entonces necesariamente debe incorporar las condiciones de sus integrantes a la misma discusión.
No alcanza con pedir más patrullajes. Más controles. Más operativos. Más presencia. Más detenciones. También hay que preguntarse en qué condiciones humanas se realizan esas tareas.
La contradicción aparece cuando el policía escucha hablar de modernización mientras necesita adicionales para complementar el sueldo; de profesionalización mientras recorre grandes distancias para trabajar; o de mayores despliegues mientras acumula horas sin descanso suficiente.
Dos Santa Fe que existen al mismo tiempo
Por eso el aniversario policial terminó mostrando dos realidades paralelas.
La primera es cierta: Santa Fe consiguió reducir de manera significativa uno de sus problemas más graves de violencia y Rosario dejó atrás, al menos hasta ahora, los niveles extraordinarios de homicidios que marcaron años anteriores. Negarlo implicaría desconocer los resultados.
Pero la segunda también existe. Hay policías que necesitan adicionales. Hay jornadas extensas. Hay destinos alejados. Hay problemas familiares. Hay situaciones de estrés. Hay reclamos salariales. Hay localidades del interior preocupadas por nuevas expresiones del delito. Y existe una institución a la que se le exige cada vez más porque, justamente, el Gobierno convirtió la seguridad en uno de los pilares centrales de su administración.
El mejor homenaje no necesariamente estaba en Venado Tuerto
Los aniversarios sirven para reconocer. Pero también deberían servir para revisar.
La Policía santafesina cumplió 162 años desde aquel Reglamento de Policía Urbana y Rural que comenzó a organizar institucionalmente la fuerza provincial en 1864.
El homenaje más importante posiblemente no sea un discurso. Puede ser conseguir que un policía pueda vivir de su salario sin encadenar adicionales. Que pueda descansar. Que tenga equipamiento. Que no recorra cientos de kilómetros para trabajar cuando existen alternativas razonables. Que encuentre acompañamiento psicológico cuando lo necesite. Y que las ciudades que todavía conservan niveles de violencia menores no tengan que atravesar primero una crisis para recibir respuestas.
Pullaro eligió el aniversario para mostrar los números de su política de seguridad. La próxima discusión debería ser sobre las personas que hicieron posibles esos números.
Porque una provincia puede mejorar sus estadísticas y, al mismo tiempo, tener policías que viven cada vez peor. Las dos cosas pueden ser ciertas. Y probablemente allí esté la fotografía que el acto oficial de Venado Tuerto no terminó de mostrar.
