El intendente de Esperanza reconoció que la caída de recursos nacionales obligó al municipio a reformular prioridades, ralentizar obras y revisar gastos, en una ciudad donde la crisis golpea de manera desigual a sus principales sectores productivos. Además respondió además por el frustrado plan de pavimentación, una deuda cercana a $700 millones con la Caja Municipal, el pago en cuotas de horas extras y las acusaciones por supuestos aumentos a funcionarios. Sobre el final destacó que Esperanza recibe de Provincia “una enorme respuesta, como nunca”, algo que atribuyó a la calidad y prolijidad de sus proyectos. La afirmación, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede a su ciudad: con qué criterios el Gobierno de Maximiliano Pullaro decide hasta dónde ayudar a cada municipio.
Los intendentes santafesinos vienen repitiendo durante los últimos meses una palabra que hasta hace poco parecía reservada para las administraciones con problemas estructurales: ajuste.
La caída de transferencias nacionales, una economía con menor movimiento en determinadas actividades, dificultades para sostener la recaudación y costos que continúan presionando sobre las cuentas obligaron a muchos gobiernos locales a modificar prioridades. Esperanza no escapa completamente de esa realidad.
Su intendente, Rodrigo Müller, lo reconoció durante una extensa entrevista en Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV. “La crisis se sufre igual”, admitió sobre el final.
Pero a diferencia de otros intendentes que describen situaciones financieras mucho más comprometidas, Müller sostiene que Esperanza todavía conserva capacidad para administrar el deterioro y proyecta terminar el año con las cuentas nuevamente equilibradas.
En el medio existen controversias. Una deuda con la Caja Municipal. Horas extras que debieron pagarse en cuotas. Un plan de pavimentación cuestionado por su costo y finalmente frenado. Acusaciones opositoras sobre supuestos aumentos a funcionarios. Reclamos por transparencia. Y una relación privilegiada —según la propia descripción del intendente— con un Gobierno provincial que responde con obras y recursos.
Cada punto tuvo una explicación. Y cada explicación abre también una discusión.
“La crisis se sufre igual”
Müller comenzó por reconocer el contexto. El principal problema financiero que identifica es la caída de la coparticipación nacional. Menos recursos obligaron al municipio a “reformular prioridades”.
Su primera decisión, explicó, fue preservar los servicios públicos. El ajuste comenzó entonces sobre gastos y obras que podían demorarse. Esperanza mantiene en ejecución un plan de cloacas de unas 800 conexiones, luego de finalizar otro de aproximadamente 300, pero debió ralentizar proyectos financiados mediante rentas generales, incluso algunos vinculados con áreas productivas y sociales.
El municipio empezó además una revisión casi quirúrgica de sus gastos. Redujo alquileres. Aceleró subastas para desprenderse de elementos que obligaban a pagar depósitos. Digitalizó sistemas. Revisó pequeños gastos administrativos. Müller aseguró que solamente la modificación del sistema telefónico produjo un ahorro de entre $2 millones y $3 millones. “Desde los gastos hormiga hasta lo más grande”, sintetizó al describir el mecanismo utilizado para atravesar la caída de ingresos.
La recaudación local resiste, pero aparece una señal industrial
Existe una particularidad en Esperanza. Según Müller, cuando asumió en diciembre de 2023 aproximadamente el 69% de las tasas municipales emitidas eran abonadas. Su administración consiguió elevar ese nivel hasta un máximo cercano al 76 o 77%. Durante los últimos meses retrocedió al 73 o 74%. Es una baja respecto del mejor momento de la gestión, aunque todavía se encuentra por encima del nivel recibido.
El problema aparece por otro lado. Esperanza tiene una economía profundamente industrial. Según el intendente, aproximadamente el 75% del empleo local está relacionado con ese sector. Y allí la recaudación vinculada a la actividad económica muestra un amesetamiento.
Las declaraciones juradas de las 50 empresas más importantes se mantienen relativamente estables, explicó. Pero estabilidad nominal en un contexto inflacionario significa, en términos reales, pérdida de recursos para el Municipio. Se recauda aproximadamente lo mismo. Los gastos, en cambio, no permanecen quietos.
Una crisis que no golpea a todas las industrias por igual
La situación productiva tampoco puede describirse de manera uniforme. Müller explicó que la metalmecánica encuentra cierto alivio en la demanda proveniente de Vaca Muerta y del sector de petróleo y gas.
La realidad es diferente para la industria mueblera. Allí el impacto de la crisis resulta mucho más intenso porque su producción depende principalmente del mercado interno. Menor consumo significa directamente menor demanda.
El sector del cuero enfrenta otro escenario complejo, relacionado tanto con medidas nacionales como con transformaciones internacionales en los hábitos de consumo.
Por eso Esperanza representa, en pequeña escala, una característica de la actual economía argentina: dentro de una misma ciudad industrial pueden convivir empresas con oportunidades de crecimiento y sectores profundamente afectados por la retracción del consumo.
El pavimento que terminó frenado
Uno de los principales cuestionamientos opositores contra la administración Müller estuvo relacionado con el plan de pavimentación. Concejales libertarios cuestionaron el costo de las cuadras y reclamaron mayor claridad sobre su composición. Incluso acusaron políticamente al Municipio de intentar utilizar el programa como una herramienta de recaudación. Müller rechazó esa interpretación.
Recordó que el proyecto se originó en la administración anterior y que él mismo lo había acompañado cuando era concejal. Ya como intendente, explicó, buscó extender los plazos de pago para aliviar el impacto sobre los vecinos y retiró determinadas zonas donde los estudios técnicos indicaban que primero debían resolverse problemas hídricos.
Según Müller, el detalle de costos fue publicado por el Municipio y las principales erogaciones correspondían al hormigón, los materiales y, especialmente, los desagües necesarios para ejecutar correctamente la obra.
Entre $80 millones y algo más por cuadra
Cuando se le preguntó cuánto costaba una cuadra, Müller estimó —aclarando que el valor necesitaba actualización— un monto que partía de aproximadamente $80 millones, al que debían agregarse bocacalles y particularidades de cada sector.
Su principal argumento es que no resulta válido comparar directamente el valor con otras ciudades si las obras no tienen características equivalentes. En Esperanza, sostuvo, el peso de los desagües elevaba alrededor de un 30% la incidencia dentro del plan.
Otros municipios poseen fondos específicos que financian mensualmente la infraestructura hídrica. Esperanza, en cambio, cobra históricamente esos trabajos dentro de cada cuenca alcanzada por la obra. Eso dispara el monto que debe afrontar el frentista cuando llega el pavimento.
La explicación técnica no eliminó el problema político. Los vecinos utilizaron el registro de oposición. El rechazo alcanzó el nivel necesario. Y el Gobierno anuló el plan.
Müller reivindicó ese desenlace como parte del derecho de los ciudadanos a decirle al gobernante que no quieren una determinada obra bajo esas condiciones.
Una deuda cercana a $700 millones con la Caja Municipal
Otro de los puntos sensibles fue la Caja Municipal de Jubilaciones. Müller negó que exista un problema estructural de insolvencia.
Según explicó, una reforma realizada durante una gestión anterior —acordada entre Ejecutivo, Concejo y la propia Caja— permitió ordenar actuarialmente el sistema, que actualmente tendría superávit. Pero eso no significa que el Municipio no tenga deuda.
El intendente reconoció un atraso relacionado con recursos específicos que las ordenanzas destinan al sistema previsional, como porcentajes provenientes de multas, sellados y otros conceptos. La cifra pendiente, estimó durante la entrevista, se encuentra alrededor de los $700 millones. Existe un convenio para cancelarla.
Müller aseguró que se está cumpliendo mensualmente y que el cronograma termina antes de finalizar su mandato. Incluso dijo que buscará adelantar la cancelación. La precisión es importante. La deuda existe. También existe, según el intendente, un acuerdo formal para regularizarla. La discusión deberá medirse entonces por el cumplimiento efectivo de ese compromiso.
Las horas extras que hubo que pagar en cuotas
Müller también confirmó otro episodio utilizado por la oposición para cuestionar las finanzas municipales. El Municipio debió reprogramar el pago de horas extras.
La explicación del intendente fue que durante un mes coincidieron una cantidad extraordinaria de horas trabajadas con salarios, aguinaldo y otras obligaciones, justo cuando los recursos nacionales habían comenzado a caer con mayor intensidad.
Su administración, además, había flexibilizado límites anteriores sobre la cantidad de horas extras que podían realizar algunos empleados, lo que produjo una liquidación mayor a la prevista. La salida fue dividir el pago. No lo negó. Pero aseguró que las cuotas ya fueron canceladas y que, mientras se regularizaba aquella deuda, se continuaron abonando las horas correspondientes a los meses posteriores. “Estamos totalmente al día”, sostuvo.
¿Ajuste para trabajadores y aumento para funcionarios?
Quizás la acusación políticamente más incómoda era otra. Mientras circulaban cuestionamientos por el pago en cuotas de horas extras, desde sectores opositores se difundieron decretos que supuestamente mostraban incrementos salariales para funcionarios políticos. La combinación resultaba explosiva. Dificultades para pagar horas extras a trabajadores. Aumentos para funcionarios.
Müller negó que eso haya ocurrido. Explicó que los documentos difundidos correspondían a decretos necesarios para instrumentar acuerdos paritarios de los trabajadores municipales y no a una decisión particular de incrementar los salarios políticos.
Además, aseguró que durante este año los ingresos del intendente, secretarios y concejales se encuentran congelados por decisión del Concejo, medida que fue promulgada por el Ejecutivo. “No se firmó un decreto para aumentarse el sueldo ni para aumentar el sueldo de sus funcionarios políticos”, fue la conclusión del intercambio.
Según Müller, los decretos cuestionados correspondían incluso a acuerdos paritarios de períodos anteriores.
Transparencia: la palabra del intendente frente a una oposición con mayoría
Desde que el oficialismo perdió la mayoría suficiente en el Concejo, la relación institucional también cambió. Ahora la oposición posee mayor capacidad para condicionar la agenda legislativa.
Müller sostiene que su administración entrega toda la documentación requerida y que “no tenemos nada que ocultar”. Incluso citó a su secretario de Gobierno —exconcejal— para afirmar que nunca antes se había proporcionado tanta información al cuerpo. Es la posición del Ejecutivo. Pero la transparencia no debería depender únicamente de la valoración que un gobierno haga de sí mismo.
La existencia de cuestionamientos sobre pavimento, Caja Municipal, horas extras y decretos salariales muestra precisamente por qué el acceso sencillo, completo y permanente a las cuentas públicas constituye la mejor herramienta para terminar con cualquier sospecha. Cuanto más abiertos sean los números, menos espacio queda para interpretaciones políticas.
“Esperanza tuvo una respuesta como nunca” de Provincia
Sobre el final de la entrevista apareció una definición que probablemente trascienda buena parte de las polémicas locales. Consultado por el acompañamiento provincial, Müller respondió: “Nosotros hemos tenido una enorme respuesta. Esperanza tenía una respuesta como nunca”.
Inmediatamente explicó por qué cree que ocurre. Según el intendente, su administración armó un equipo específico para elaborar proyectos y posiblemente sea una de las ciudades que más iniciativas presentó ante Provincia. También destacó la forma en que administra los fondos recibidos.
Como ejemplo mencionó el programa Mil Aulas: Esperanza había firmado convenios para construir 13 y, optimizando los recursos transferidos, consiguió realizar 14. “Tratamos de optimizar todos los recursos lo más posible”, explicó.
Una explicación atendible que abre otra pregunta
El argumento de Müller tiene lógica. Un municipio que presenta proyectos completos. Que posee capacidad técnica. Que cumple requisitos. Que ejecuta correctamente. Que consigue hacer rendir los recursos. Naturalmente ofrece mejores condiciones para recibir nuevas inversiones. Premiar la eficiencia no necesariamente significa discrecionalidad.
Pero la frase del intendente abre inevitablemente otra discusión provincial. Porque no todos los municipios describen la misma relación con la Casa Gris. Y varios atraviesan situaciones financieras considerablemente más graves.
Entonces aparece una pregunta que el Gobierno provincial debería poder responder mediante criterios objetivos: ¿qué determina cuánto ayuda Provincia a cada intendencia?
Esperanza frente al contraste con otros municipios
Santa Fe viene mostrando realidades municipales muy diferentes. Algunas ciudades consiguen financiamiento, obras y acompañamiento provincial. Otras administraciones describen dificultades severas para afrontar incluso gastos corrientes.
El caso reciente de San Javier mostró hasta dónde puede llegar esa diferencia. Allí la intendenta Maribel González reconoció una situación financiera extremadamente delicada y reclamó mayor acompañamiento para afrontar un municipio cuya estructura de ingresos resulta insuficiente.
La comparación no significa que ambas ciudades tengan idénticas condiciones ni que necesariamente deban recibir exactamente la misma respuesta. Pero obliga a discutir las reglas. Porque un Estado provincial no debería ayudar por cercanía política ni castigar por distancia interna. Tampoco debería existir un sistema donde la capacidad de conseguir recursos dependa exclusivamente del vínculo personal de cada intendente con la Casa Gris.
Si Esperanza recibe más porque presenta mejores proyectos, debe poder demostrarse. Y si otro municipio recibe menos porque presenta peores proyectos, también.
Esperanza hace malabares, pero todavía conserva margen
La fotografía que dejó Müller es bastante diferente de la que presentan otros intendentes santafesinos. No habló de una Municipalidad al borde de no pagar salarios. No describió servicios paralizados. No planteó una situación terminal.
Sí reconoció problemas. Caída de recursos nacionales. Recaudación económica que pierde contra la inflación. Obras demoradas. Una deuda previsional. Horas extras que debieron financiarse. Sectores industriales afectados. Y necesidad de reducir gastos.
Su apuesta es llegar a diciembre nuevamente con una situación equilibrada e incluso superavitaria mediante “reingeniería, digitalización, reducción de alquileres y otros cambios”.
Las explicaciones ahora deberán encontrarse con los números
Müller respondió. Eso es políticamente relevante. No evitó la deuda con la Caja. Reconoció el pago en cuotas de horas extras. Defendió el costo del pavimento. Negó aumentos discrecionales para funcionarios. Explicó el deterioro de ingresos. Y defendió la relación con Provincia.
Ahora esas respuestas deben poder contrastarse con documentación pública. Porque gobernar también significa eso. Que una explicación política pueda verificarse administrativamente.
La Caja debería terminar saneada dentro del plazo prometido. Las horas extras deben permanecer al día. Los decretos cuestionados deberían mostrar aquello que el intendente afirma. Los costos del pavimento deben estar efectivamente desagregados. Y los recursos provinciales recibidos deberían poder compararse con los criterios aplicados al resto de los municipios.
La ayuda de Pullaro y una discusión que recién comienza
Quizás la frase más importante de la entrevista haya llegado casi sobre el final. Esperanza recibe de Provincia una respuesta “como nunca”.
Müller lo considera el resultado de hacer las cosas bien. Puede serlo. Pero para un gobierno provincial la equidad territorial exige algo más que reconocer a quienes administran correctamente. También obliga a asistir a comunidades cuyos vecinos necesitan respuestas aunque sus gobiernos tengan menos capacidad técnica, atraviesen crisis financieras o pertenezcan a sectores políticos diferentes.
Porque los recursos provinciales no pertenecen al gobernador. Tampoco a los intendentes. Son de los santafesinos. Y por eso deberían existir reglas suficientemente claras para que nadie pueda preguntarse por qué para algunos municipios siempre parece haber una puerta abierta y para otros la respuesta tarda mucho más en llegar.
Esperanza puede exhibir obras, proyectos y capacidad de gestión. Müller deberá demostrar además que las explicaciones ofrecidas frente a cada cuestionamiento encuentran respaldo en las cuentas. Y Pullaro tendrá un desafío adicional: demostrar que cuando ayuda a un municipio no está premiando cercanías ni administrando afinidades, sino aplicando las mismas reglas para todos.
Porque la prolijidad puede explicar por qué un proyecto obtiene financiamiento. Lo que no debería explicar nunca es por qué un santafesino merece más respuesta del Estado provincial que otro.
