El diputado provincial Marcos Corach advirtió que trabajadores santafesinos están recibiendo embargos sobre sus haberes por deudas acumuladas con la Empresa Provincial de la Energía. Exhibió el caso de un empleado de Rosario al que se le reclaman judicialmente más de $1,86 millones y aseguró que la morosidad prácticamente se duplicó en el último año, en un contexto atravesado por fuertes incrementos tarifarios. Junto a Lucila De Ponti presentó un pedido de informes para conocer cuántos casos existen y si antes de recurrir a los tribunales la empresa ofreció alternativas de refinanciación. Los legisladores peronistas ya habían impulsado una moratoria para facilitar el pago de deudas con la EPE y ASSA, pero la propuesta no avanzó en la Legislatura.
El creciente endeudamiento de las familias santafesinas volvió a instalarse esta semana en la Cámara de Diputados, esta vez a partir de una situación que agrega un elemento todavía más sensible: la posibilidad de que una deuda acumulada con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) termine impactando directamente sobre el salario de un trabajador.
El diputado provincial Marcos Corach denunció en los últimos días, primero mediante sus redes sociales y posteriormente durante la sesión de la Cámara baja, la existencia de acciones judiciales iniciadas por la empresa estatal para cobrar facturas impagas y avanzar sobre los haberes de trabajadores en relación de dependencia.
El legislador peronista colocó además dos datos en el centro de su planteo. Por un lado, sostuvo que la morosidad de los usuarios de la EPE prácticamente se duplicó durante el último año y vinculó ese crecimiento con los aumentos tarifarios y el deterioro de la economía familiar. Por otro, cuestionó que frente a ese escenario la respuesta estatal sea recurrir a los tribunales en lugar de ofrecer previamente herramientas que permitan regularizar las deudas.
“Como venimos advirtiendo, la morosidad en la EPE casi se duplicó en un año, producto de los tarifazos y de una situación económica cada vez más difícil. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno provincial? En lugar de facilitar planes de pago, la EPE va a los tribunales para embargar los haberes de los trabajadores”, expresó Corach durante la sesión.
El diputado cerró aquella intervención con una crítica directamente dirigida al gobernador: “Felicitaciones gobernador Pullaro: ya no es solamente el mejor alumno de Milei, con estas medidas directamente se recibió de Javier Pullaro”.
Un embargo por más de $1,8 millones
Para sostener públicamente su denuncia, Corach mostró un oficio judicial correspondiente a Rosario en el que, según explicó, la EPE inició un juicio ejecutivo contra un trabajador en relación de dependencia y solicitó un embargo sobre sus haberes por más de $1.860.000 correspondientes a una deuda por el servicio eléctrico.
“¿Llegaron los tarifazos de la EPE y no podés pagar la boleta? Cuidado, porque el gobierno provincial no te manda una refinanciación: te manda los abogados a tribunales y te embarga el sueldo”, cuestionó.
Para el legislador, el caso debe analizarse dentro de una situación económica en la que una parte de las familias comenzó a acumular obligaciones para afrontar gastos cotidianos. Su cuestionamiento apunta especialmente al rol que debería asumir una empresa pública cuando un usuario residencial deja de pagar el servicio.
“Le van directo al bolsillo con el que le da de comer a su familia”, sostuvo Corach, quien agregó que “en un contexto donde los sueldos se pulverizan y las tarifas aumentaron salvajemente, la respuesta de una empresa pública estatal no puede ser la persecución judicial ni despojar de sus ingresos a los laburantes”.
La existencia del caso exhibido por el diputado abrió además otro interrogante que hasta ahora no tiene una respuesta pública precisa: cuántos usuarios se encuentran actualmente atravesando procesos similares y qué mecanismos utiliza la EPE antes de llegar a la instancia judicial.
¿Llegaron los tarifazos de la EPE y no podés pagar la boleta? Cuidado, porque el gobierno provincial no te manda una refinanciación: te manda los abogados a tribunales y te embarga el sueldo.
Miren este oficio judicial de Rosario: un juicio ejecutivo de la EPE contra un… pic.twitter.com/7g20F7Nd93
— Marcos Corach (@MCorach) October 1, 2026
Corach y De Ponti quieren saber cuántos embargos existen
A partir de esa situación, Corach y la diputada provincial Lucila De Ponti presentaron un pedido de informes para que la Empresa Provincial de la Energía detalle cuál es actualmente el escenario de morosidad y judicialización de las deudas.
Los interrogantes planteados por los legisladores apuntan directamente al procedimiento utilizado por la empresa: “¿Cuántos embargos a trabajadores iniciaron? ¿Notificaron refinanciaciones antes de ir a juicio? ¿O la cobardía es siempre golpear al más débil mientras la mora se duplica?”, expresó Corach al presentar públicamente el reclamo.
El pedido pretende establecer, entre otras cuestiones, la cantidad de acciones judiciales promovidas contra trabajadores por facturas impagas y si existieron instancias previas en las que los usuarios fueron notificados sobre posibilidades concretas de refinanciar sus obligaciones antes de que la deuda llegara a tribunales.
Pero Corach incorporó además otra comparación que busca ampliar la discusión sobre la política de cobro de la empresa provincial. El diputado pidió conocer cuál es el comportamiento de la EPE frente a sus principales deudores comerciales e industriales.
“Queremos saber si aplican la misma intransigencia con los 50 principales deudores comerciales e industriales de la provincia”, planteó. Y volvió a preguntar: “¿Para las grandes corporaciones hay moratorias y paciencia, pero al laburante le meten la mano en el sueldo?”.
Por ahora, se trata de interrogantes formulados por los diputados que deberán ser respondidos con la información requerida. Precisamente por eso, uno de los objetivos del pedido es determinar si existen diferencias en los mecanismos de recupero utilizados según el tipo y dimensión del usuario.
La morosidad que, según Corach, casi se duplicó
Uno de los elementos centrales de la denuncia de Corach es la evolución de la cantidad de usuarios que dejaron de estar al día con el servicio eléctrico. Según afirmó el diputado, la morosidad de la EPE prácticamente se duplicó en apenas un año.
Para el legislador, ese incremento no puede analizarse de manera aislada de los aumentos que experimentaron las tarifas ni del escenario económico que atraviesan los hogares.
El razonamiento político detrás del planteo es que, si simultáneamente aumenta de manera considerable la cantidad de usuarios que encuentran dificultades para pagar, el problema comienza a exceder las situaciones individuales y obliga a discutir si existen condiciones económicas generales detrás del fenómeno.
Es justamente allí donde Corach y otros integrantes del interbloque peronista vienen reclamando una respuesta diferente por parte del Estado provincial: antes que profundizar las herramientas judiciales para cobrar, generar mecanismos extraordinarios para que las familias puedan ponerse al día.
Una propuesta para refinanciar que no avanzó
El cuestionamiento actual tampoco comenzó con la aparición del oficio judicial exhibido por Corach.
El interbloque peronista ya había presentado en la Cámara de Diputados iniciativas destinadas a crear regímenes de regularización para personas y pequeñas empresas que acumularon deudas durante los últimos años.
Una de esas propuestas, impulsada por Lucila De Ponti, plantea específicamente una moratoria para usuarios con saldos impagos en la EPE y Aguas Santafesinas (ASSA). La intención es habilitar planes de pago que permitan regularizar obligaciones acumuladas desde enero de 2024.
En paralelo, otra iniciativa presentada por Walter Agosto, exministro de Economía durante la gestión de Omar Perotti, propone un mecanismo similar para deudas correspondientes a tributos provinciales, entre ellos Ingresos Brutos, Sellos, Patente e Inmobiliario.
La propuesta relacionada con los servicios públicos contempla un período en el que los usuarios endeudados puedan solicitar una liquidación, acceder a una reducción sobre determinados intereses y optar entre distintas modalidades para cancelar lo adeudado, ya sea mediante un pago total o a través de cuotas.
De Ponti explicó al presentar la iniciativa que el objetivo era ofrecer una herramienta para aquellos hogares que comenzaron a quedar atrasados como consecuencia de la diferencia entre la evolución de sus ingresos y sus gastos mensuales.
Sin embargo, la propuesta no obtuvo hasta el momento el tratamiento legislativo necesario para avanzar.
Ese antecedente adquiere ahora otra dimensión frente a la denuncia sobre los embargos: mientras desde el peronismo se proponía generar una instancia extraordinaria de regularización, Corach sostiene que existen trabajadores contra quienes la empresa provincial está recurriendo a la vía judicial para cobrar.
Familias que se endeudan para afrontar gastos corrientes
La discusión sobre las facturas de electricidad forma parte, además, de un problema económico más amplio planteado por los legisladores opositores: el endeudamiento de los hogares para cubrir gastos cotidianos.
Cuando presentó la iniciativa de regularización, De Ponti sostuvo que las economías domésticas se encontraban fuertemente tensionadas y que muchas familias habían comenzado a incorporar el endeudamiento como una forma de reemplazar ingresos que ya no alcanzaban para afrontar todos los costos mensuales.
Según los datos citados entonces por la diputada, seis de cada diez familias tenían algún tipo de endeudamiento y una porción de ellas ya encontraba dificultades para cancelar créditos, préstamos o resúmenes de tarjetas.
Tarjetas de crédito, bancos y créditos ofrecidos por billeteras virtuales aparecen así como mecanismos utilizados para cubrir una parte de los gastos que anteriormente podían solventarse directamente con los ingresos.
Cuando esa dinámica también alcanza a los servicios públicos, la discusión deja de estar limitada al monto de una factura y pasa a involucrar qué respuesta ofrece el Estado ante usuarios que acumulan deuda.
De la deuda de luz al embargo del salario
Ese es precisamente el punto que Corach pretende instalar a partir del caso conocido en Rosario.
Una cosa es que la EPE tenga derecho a reclamar el pago de los servicios prestados. Otra discusión es cuáles son las herramientas que utiliza una empresa pública para recuperar una deuda cuando enfrente tiene a un trabajador cuyo ingreso mensual también constituye el sustento de su familia.
La pregunta que plantea el pedido de informes es qué ocurrió antes de llegar al embargo: si existieron intimaciones, qué posibilidades de regularización fueron ofrecidas, cuántos usuarios aceptaron planes de pago y en qué circunstancias la empresa decide abandonar esa instancia para recurrir a un juicio ejecutivo.
También busca determinar si el caso difundido por Corach constituye una situación excepcional o forma parte de una política de recupero que alcanza a una cantidad mayor de trabajadores santafesinos.
Hasta conocer esos números, la dimensión del fenómeno denunciado por el legislador no puede establecerse con precisión.
Pero el oficio judicial exhibido volvió concreta una discusión que hasta ahora aparecía principalmente reflejada en estadísticas de morosidad y endeudamiento: una factura de electricidad que una familia no consigue pagar puede dejar de ser solamente una deuda con la empresa y convertirse en un expediente judicial que termine alcanzando directamente sus ingresos.
El pedido que ahora deberá responder el Gobierno
Corach y De Ponti pretenden que el Ejecutivo provincial brinde esa información y explique cuál es la política que actualmente aplica la EPE frente a sus usuarios morosos.
Cuántos juicios ejecutivos fueron iniciados, cuántos terminaron en pedidos de embargo sobre salarios, qué mecanismos de refinanciación fueron ofrecidos previamente y qué tratamiento reciben los grandes deudores comerciales e industriales son algunos de los interrogantes que quedaron planteados.
La discusión política también quedó expuesta.
Para el Gobierno, la empresa tiene que administrar y cobrar por el servicio que presta. Desde el peronismo, en cambio, Corach y De Ponti sostienen que frente al crecimiento de la morosidad deberían priorizarse mecanismos de regularización antes de avanzar judicialmente sobre los ingresos de trabajadores.
Y existe un antecedente concreto: la oposición ya presentó una propuesta legislativa para establecer esos planes de pago, pero la iniciativa todavía no fue tratada.
Ahora, con la aparición de casos de embargos denunciados públicamente, los diputados buscan conocer la dimensión real de una situación que hasta el momento no tiene números oficiales expuestos en el debate.
Porque detrás de la confrontación política existe una pregunta que la información solicitada debería permitir responder: cuántos santafesinos que no lograron pagar la factura de electricidad terminaron pasando de la morosidad con una empresa estatal a tener una parte de su salario comprometida por una acción judicial.
