La exjueza, exdefensora provincial y convencional constituyente Jaquelina Balangione cuestionó las declaraciones de Maximiliano Pullaro sobre abogados y contadores, advirtió sobre una relación “demasiado estrecha” entre el Ejecutivo y la Fiscalía y fue crítica de varios cambios introducidos en el Poder Judicial. También puso en discusión la renovación de la Corte Suprema, el límite de 75 años para los magistrados y el crecimiento de la población carcelaria. “Las garantías son justamente el límite que se le pone al Estado para no ser autoritario”, sostuvo en Democráticamente.
La discusión que comenzó con las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro sobre abogados y contadores vinculados con organizaciones criminales terminó abriendo un debate mucho más profundo sobre el funcionamiento institucional de Santa Fe, la independencia judicial y los límites que deben existir entre los poderes del Estado.
Jaquelina Balangione conoce ese universo desde diferentes lugares. Fue jueza correccional en el antiguo sistema, camarista penal, defensora provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal entre 2017 y 2023, convencional constituyente durante la reforma de la Constitución santafesina y actualmente continúa vinculada académicamente al Derecho Procesal Penal.
En una extensa entrevista con Democráticamente, el programa que conduce Juan Francisco por AGOFA TV, cuestionó las generalizaciones realizadas por Pullaro, pero rápidamente llevó la discusión hacia un terreno bastante más amplio: la relación entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público de la Acusación, la Legislatura y los jueces.
Su conclusión terminó siendo una de las definiciones más fuertes de la conversación. Consultada directamente sobre si está en riesgo la independencia judicial en Santa Fe, respondió que, como mínimo, observa un ataque contra ella y que el desenlace dependerá en buena medida de la “entereza de los jueces”.
“Esperemos que no haya riesgo en la independencia judicial, pero me parece que se apunta a eso. Es claro que se apunta a eso”, afirmó.
“Si tiene los nombres, denuncie”
Balangione comenzó analizando la controversia generada por las expresiones del gobernador sobre abogados y contadores que formarían parte de estructuras vinculadas con el crimen organizado. Su posición tuvo dos dimensiones.
Por un lado, reconoció que el ejercicio profesional dentro del Derecho Penal exige límites claros. Un abogado tiene derecho a asesorar y defender técnicamente a una persona acusada de cometer un delito, pero esa función no puede transformarse en asesoramiento para delinquir. Lo mismo planteó respecto de contadores que trabajan con determinadas estructuras financieras.
Existe, por lo tanto, una frontera que los propios profesionales deben respetar. Pero justamente por eso rechazó que esa situación permita generalizar. “Estoy totalmente en desacuerdo con las afirmaciones generalizantes del gobernador Pullaro”, sostuvo.
Balangione coincidió con el planteo realizado por la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario: si el Gobierno dispone de información concreta sobre profesionales que participan de actividades ilícitas, el camino institucional es denunciarlos.
No se trata solamente de una posibilidad. La exjueza recordó que los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar cuando toman conocimiento de la existencia de un delito. La diferencia es central.
Una cosa es investigar a un abogado que excede su función profesional y pasa a formar parte de una organización criminal. Otra completamente diferente es extender una sospecha sobre una actividad profesional entera.
“Eso lo tiene que decir la fiscal, no el gobernador”
La crítica de Balangione avanzó un paso más cuando analizó quién debe dirigir la persecución penal.
Para la especialista, un gobernador puede diseñar políticas públicas de seguridad dentro de las competencias del Ejecutivo, pero no debe confundirse ese papel con el que corresponde institucionalmente a la Fiscalía.
“Vamos a ir” contra determinadas personas, sostuvo, es una expresión que debería provenir del organismo encargado de la persecución penal y no del titular del Ejecutivo.
Allí aparece una preocupación que Balangione aseguró haber planteado incluso durante la Convención Constituyente: la relación entre el Gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación.
La exdefensora consideró que actualmente existe una vinculación “demasiado estrecha” entre ambas estructuras y recordó por qué, desde su perspectiva, la autonomía del organismo acusador resulta indispensable.
Los fiscales no solamente investigan delitos comunes. Eventualmente pueden tener que investigar a gobernantes, legisladores, funcionarios o dirigentes políticos.
Por eso, argumentó, la Fiscalía debe mantener independencia respecto del Ejecutivo. “Ahí tiene que haber un corte”, planteó. Para Balangione, ese límite hoy no aparece con la claridad que debería.
Una mayoría que, según Balangione, debilitó los contrapesos
La exconvencional vinculó esta discusión con la particular configuración política surgida después de las elecciones provinciales de 2023.
Pullaro gobierna apoyado en una coalición amplia que además consiguió mayorías importantes en ambas cámaras legislativas. Esa fortaleza permitió al Ejecutivo avanzar durante sus primeros años con reformas de enorme profundidad institucional.
Balangione considera que allí aparece un problema. Desde su perspectiva, que una misma coalición controle el Ejecutivo y disponga simultáneamente de mayorías legislativas tan contundentes debilita los contrapesos políticos que deberían funcionar dentro de una democracia republicana.
Fue especialmente crítica al describir la dinámica entre Casa Gris y Legislatura, aunque sus afirmaciones constituyen una interpretación política e institucional propia y no implican que las mayorías parlamentarias sean en sí mismas contrarias al sistema democrático.
El punto que intenta marcar es otro: cuanto mayor es la concentración de poder político, mayor debería ser también la fortaleza de los organismos encargados de controlar ese poder. Y es allí donde introduce al Poder Judicial.
Para Balangione, si el Ejecutivo cuenta con una Legislatura políticamente alineada y, al mismo tiempo, consigue una relación cada vez más estrecha con organismos encargados de investigar y controlar, el equilibrio republicano comienza a deteriorarse.
La reforma judicial y medidas que calificó de “antirrepublicanas”
Uno de los tramos más duros de la entrevista estuvo dedicado a los cambios que atravesó el Poder Judicial.
Balangione sostuvo que desde el comienzo de la actual administración existió una fuerte ofensiva política sobre diferentes aspectos de la Justicia: salarios, estabilidad de magistrados, composición de organismos y finalmente la propia Corte Suprema provincial. Parte de esa discusión terminó trasladándose a la nueva Constitución.
La exconvencional cuestionó especialmente la incorporación del límite de 75 años para los jueces. Aunque el bloque del PJ que integró terminó acompañando el despacho general, aclaró que planteó sus diferencias tanto en comisión como durante la sesión y dejó asentada por escrito su posición.
Balangione considera que establecer una edad máxima exclusivamente para magistrados resulta jurídicamente cuestionable y sostuvo que la capacidad para continuar ejerciendo una función debería evaluarse según las condiciones físicas e intelectuales de cada persona y no exclusivamente a partir de su edad.
Pero su crítica política fue todavía más fuerte. Aseguró que aquella cláusula tenía “nombre y apellido”, porque terminaba impactando sobre determinados integrantes del Poder Judicial. También cuestionó la renovación de la Corte Suprema.
Balangione aclaró que considera legítimo discutir la composición de un máximo tribunal. Su objeción está dirigida a la manera en que se produjo el proceso.
Según su interpretación, que un mismo gobierno impulse una renovación prácticamente integral de la Corte constituye una práctica “antirrepublicana y antidemocrática”, particularmente cuando alcanza a magistrados que no atravesaban procesos de remoción por mal desempeño.
Una Corte nueva y la pregunta por su independencia
La renovación del máximo tribunal provincial volvió a aparecer sobre el cierre de la entrevista.
Balangione fue cuidadosa al hablar de los nuevos integrantes. Incluso destacó las condiciones personales y profesionales de algunos de ellos y aclaró expresamente que no mantiene objeciones individuales contra los ministros recientemente incorporados. Su interrogante es institucional.
Le genera preocupación que una parte sustancial de la nueva composición del máximo tribunal haya sido propuesta durante una misma administración política y entiende que esa circunstancia obligará a observar cómo actúa la Corte cuando deba resolver cuestiones capaces de afectar intereses del propio Ejecutivo.
El planteo se extiende a los mecanismos de selección de jueces, fiscales y defensores. Balangione cuestionó que la nueva arquitectura institucional otorgue, según su análisis, un peso excesivo a la representación política y reduzca el valor de mecanismos técnicos como los órdenes de mérito.
Su temor es que estructuras presentadas como una modernización institucional terminen dejando la decisión final nuevamente concentrada en el poder político. La discusión de fondo vuelve entonces al mismo punto: quién controla al que gobierna.
“Los jueces son una garantía para la ciudadanía”
Balangione dedicó buena parte de su explicación a defender la estabilidad judicial como una garantía que no pertenece a los propios magistrados.
Según explicó, la inamovilidad no debe interpretarse como un privilegio laboral de los jueces, sino como una protección para el ciudadano que eventualmente necesite que un magistrado controle al Estado.
Si un juez pudiera ser desplazado fácilmente por adoptar una decisión incómoda para el gobierno de turno, sostuvo, su independencia quedaría severamente condicionada.
Por eso cuestionó una concepción según la cual las garantías constitucionales beneficiarían principalmente a delincuentes o impedirían desarrollar políticas efectivas contra el crimen.
Para Balangione, ocurre exactamente lo contrario. Las garantías existen para limitar al Estado. Son las reglas que impiden que un gobierno, una fuerza de seguridad, una fiscalía o cualquier otra institución pueda utilizar todo su poder sin controles. “Las garantías son parte justamente de ese límite que se le pone al Estado para no ser autoritario, para no caer en un ejercicio abusivo del poder”, explicó.
De 3.500 a 14.000 presos: la otra discusión sobre seguridad
La entrevista también permitió discutir uno de los argumentos centrales de la política criminal: la relación entre encarcelamiento y seguridad.
Balangione sostuvo que Santa Fe pasó de aproximadamente 3.500 personas privadas de libertad en 2014 a unas 14.000 en 2026. A partir de ese crecimiento formuló una pregunta: ¿tener cuatro veces más presos significa necesariamente que los santafesinos viven cuatro veces más seguros?. Su respuesta fue negativa.
La especialista reconoció expresamente que Rosario registró una baja objetiva de homicidios. No desconoció ese dato ni intentó relativizarlo. Lo que planteó fue que esa reducción no debería utilizarse como única variable para evaluar integralmente la seguridad.
En su análisis siguen existiendo delitos predatorios, dificultades en distintos territorios de la provincia y problemas estructurales dentro de las fuerzas encargadas de prevenir y castigar el delito.
También introdujo el lavado de dinero como una cuestión que, según su perspectiva, continúa sin recibir una respuesta proporcional a la magnitud del fenómeno criminal.
Su argumento es que incrementar la cantidad de personas encarceladas puede formar parte de una política criminal, pero no constituye por sí mismo una política de seguridad completa.
Policías y penitenciarios: salarios, capacitación y salud mental
Balangione evitó cargar individualmente contra policías o agentes penitenciarios. Por el contrario, puso el foco sobre las condiciones en las que desarrollan sus tareas.
Habló de bajos salarios, falta de capacitación, agentes jóvenes que ingresan a las fuerzas como salida laboral y reciben rápidamente enormes responsabilidades, además de problemas de salud mental y consumos problemáticos dentro de estructuras sometidas a situaciones permanentes de tensión.
Su diagnóstico apunta a una contradicción. Mientras el Estado busca aumentar las herramientas disponibles para combatir el delito, debería preguntarse al mismo tiempo si quienes recibirán esas atribuciones cuentan con preparación, salarios, entrenamiento y acompañamiento suficientes para utilizarlas correctamente.
El debate sobre seguridad, desde esta perspectiva, no puede reducirse a endurecer leyes, aumentar detenciones o ampliar facultades. También requiere fortalecer institucionalmente a quienes deberán aplicar esas políticas.
El caso Guarrochena y el temor dentro de la Justicia
Otro de los episodios analizados fue el conflicto alrededor de la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena.
Balangione respaldó la posición adoptada por la magistrada y consideró que la Cámara debería haber acompañado su decisión. Su argumento fue que cuando se discuten cuestiones relacionadas con el derecho de defensa o garantías estructurales del proceso penal, el análisis debe superar las particularidades de un expediente y contemplar los efectos institucionales más amplios.
A partir de ese caso formuló otra observación especialmente fuerte. Dijo percibir temor dentro de determinados sectores judiciales para expresar posiciones que puedan confrontar con el clima político predominante.
Incluso cuestionó a profesionales que sostienen determinadas posiciones doctrinarias en libros o universidades pero, según su interpretación, adoptan otras cuando deben decidir desde un cargo institucional.
Su reclamo fue dirigido especialmente hacia los jueces: no deberían tener miedo de aplicar el derecho cuando consideran que una medida afecta garantías constitucionales.
El verdadero límite de cualquier política de seguridad
La extensa conversación terminó regresando al punto desde el que había comenzado.
Santa Fe atraviesa una transformación profunda de su sistema institucional. Cambió su Constitución, modificó estructuras judiciales, renovó la Corte, reformó normas penales y procesales y continúa discutiendo nuevas herramientas para fiscales y fuerzas de seguridad.
Balangione no negó la necesidad de realizar reformas. Tampoco sostuvo que todo lo ocurrido durante los últimos años haya sido negativo. Incluso reconoció avances incorporados por la nueva Constitución y la mejora objetiva registrada en determinados indicadores de seguridad. Su advertencia está en los límites.
Un Estado puede perseguir con firmeza al narcotráfico. Puede encarcelar a quienes cometen delitos. Puede reformar su Justicia, modificar procedimientos y fortalecer a sus fuerzas de seguridad.
Lo que no debería hacer, según su mirada, es convertir esa búsqueda de eficacia en una razón para debilitar los controles sobre sí mismo. Porque las garantías constitucionales no fueron diseñadas para proteger al delito. Fueron construidas para proteger a los ciudadanos frente al poder. Y es precisamente por eso que, cuando se le preguntó si considera que la independencia judicial está en riesgo, Balangione dejó abierta una advertencia que excede ampliamente la polémica inicial con los abogados y contadores.
No afirmó que la independencia haya desaparecido. Sostuvo que dependerá de la respuesta y de la “entereza” de los propios jueces. Pero sobre la dirección que observa actualmente fue mucho más contundente: “Esperemos que no haya riesgo en la independencia judicial, pero me parece que se apunta a eso. Es claro que se apunta a eso”.
