El Concejo Municipal discute la nueva regulación para habilitar las aplicaciones de transporte en Rosario, pero el proyecto enviado por Pablo Javkin quedó frenado por falta de acuerdos. La Libertad Avanza cuestiona la tarifa mínima, las exigencias para los conductores, el tratamiento de los datos y la exclusión de Uber Moto, mientras el oficialismo defiende la necesidad de establecer reglas. La discusión ocurre en medio de una crisis del transporte urbano, después de fuertes aumentos del boleto y cuando la administración municipal comienza a transitar el tramo final de un ciclo político que tendrá una dura disputa por su sucesión.
Rosario parece haber llegado finalmente a una discusión que durante años intentó postergar. Uber, DiDi y las diferentes aplicaciones de movilidad funcionan diariamente, tienen miles de usuarios y conductores y se convirtieron en una alternativa incorporada de hecho al sistema de transporte de la ciudad. Sin embargo, su reconocimiento definitivo dentro de una normativa municipal continúa pendiente y el nuevo intento impulsado por Pablo Javkin acaba de encontrarse con un obstáculo que excede largamente la discusión sobre taxis, remises o plataformas: el oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar.
El Ejecutivo envió al Concejo Municipal un proyecto para establecer un nuevo régimen para las aplicaciones, pero la iniciativa quedó trabada después de una extensa reunión conjunta de las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos. La falta de acuerdo obligó a pasar a un cuarto intermedio y postergó el tratamiento que el oficialismo pretendía llevar al recinto. El dato político no es menor. Después de años en los que el sector gobernante contó con una capacidad considerable para ordenar las discusiones legislativas, esta vez encontró límites para imponer su propuesta y deberá negociar modificaciones si pretende convertirla en ordenanza.
La discusión tiene además un contexto imposible de separar. Rosario atraviesa desde hace años dificultades estructurales en su sistema de transporte urbano de pasajeros, con problemas de financiamiento, cambios en frecuencias y sucesivos incrementos tarifarios que golpearon directamente el bolsillo de quienes utilizan el colectivo. En ese escenario, las aplicaciones crecieron y ocuparon un espacio que la propia dinámica de movilidad fue dejando disponible. Por eso, lo que hoy discute el Concejo ya no es si Uber y DiDi existen o deberían comenzar a funcionar. Funcionan. La discusión es bajo qué condiciones el Estado municipal reconocerá una realidad que se consolidó antes que su regulación.
Javkin quiere regular, los libertarios dicen que hay demasiadas restricciones
La principal resistencia al proyecto proviene de La Libertad Avanza. El bloque encabezado por Juan Pedro Aleart sostiene que las aplicaciones deben ser habilitadas, pero rechaza que sean incorporadas mediante un esquema que consideran excesivamente regulado. La diferencia entre ambas posiciones es conceptual: mientras el Ejecutivo pretende establecer requisitos, controles y obligaciones específicas, los libertarios entienden que se trata fundamentalmente de acuerdos entre privados y que el Municipio debería limitarse a garantizar condiciones básicas de seguridad y legalidad.
Entre los puntos cuestionados aparece la tarifa mínima. La propuesta establece un piso para los viajes contratados mediante las plataformas, una condición rechazada por LLA porque considera que limita la libertad de precios y podría impedir promociones o descuentos utilizados actualmente por las empresas. Para los libertarios, una de las características centrales de las aplicaciones es precisamente que el pasajero conoce anticipadamente cuánto pagará y puede decidir si acepta ese precio o busca otra alternativa.
También existen diferencias respecto de las obligaciones económicas que podrían recaer sobre la actividad. El proyecto contempla que las plataformas cumplan con las tasas municipales que resulten aplicables, mientras LLA advierte que esa redacción podría abrir en el futuro la puerta a nuevas cargas. El cuestionamiento libertario se apoya además en los años durante los cuales conductores de aplicaciones fueron multados y sus vehículos remitidos al corralón: consideran contradictorio que después de perseguir la actividad el Municipio intente ahora habilitarla bajo un esquema cargado de obligaciones.
Uber Moto y las licencias, otros puntos que dividen
La exclusión de Uber Moto y otras modalidades de traslado mediante motocicletas es otro de los puntos que trabaron el consenso. El proyecto municipal establece condiciones para los vehículos que, en los hechos, dejan afuera esta alternativa. LLA pretende que las motos sean incorporadas expresamente y sostiene que impedir su funcionamiento perjudicaría tanto a quienes utilizan esa modalidad por resultar más económica como a quienes encontraron allí una fuente de ingresos.
Algo similar ocurre con la licencia profesional D1 exigida para los conductores. Los libertarios consideran que el requisito puede transformarse en una barrera de entrada para determinados trabajadores, particularmente los jóvenes, y proponen concentrar las exigencias en documentación, seguros, condiciones del vehículo y seguridad vial. El Ejecutivo, en cambio, pretende insertar la actividad dentro de un marco de regulación municipal con mayores requisitos.
El acceso a información también genera controversia. La iniciativa contempla que las plataformas suministren datos vinculados con viajes, kilómetros recorridos, horas trabajadas, conductores, vehículos, recorridos, calificaciones y reclamos. Para los libertarios, ese nivel de información coloca a las aplicaciones bajo una lógica similar a la de un servicio público, mientras que su postura es que deben ser consideradas una actividad privada sometida únicamente a los controles indispensables.
Detrás de cada diferencia aparece, entonces, la misma discusión: cuánto debe intervenir el Estado municipal sobre las plataformas. Para el oficialismo, legalizar implica establecer reglas capaces de ordenar la actividad y generar condiciones de convivencia con el resto del sistema. Para LLA, la regulación propuesta corre el riesgo de trasladar a las aplicaciones buena parte de las restricciones que caracterizaron históricamente al esquema tradicional.
El oficialismo no consiguió los votos
La discusión sobre el contenido terminó transformándose también en una pelea política e institucional. El oficialismo consiguió respaldo en Servicios Públicos, pero no logró reunir los apoyos necesarios en la comisión de Gobierno para obtener despacho y llevar el expediente al recinto. La expectativa estaba puesta, entre otros sectores, en conseguir acompañamiento libertario, pero LLA se negó a votar el proyecto en las condiciones planteadas.
María Eugenia Schmuck responsabilizó al bloque libertario por la frustración del acuerdo y sostuvo que sus integrantes no habían presentado propuestas concretas de modificación. Incluso cuestionó el nivel de elaboración de la iniciativa alternativa presentada por ese espacio. Desde LLA rechazaron esa versión. Aleart aseguró que nunca abandonaron la comisión y argumentó que no estaban dispuestos a acompañar una discusión acelerada pocas horas antes de una sesión y sin posibilidad real de modificar aspectos sustanciales.
La tensión aumentó posteriormente cuando los libertarios denunciaron que, ante la imposibilidad de conseguir los votos, el oficialismo intentó modificar el recorrido legislativo del expediente para destrabar su llegada al recinto. Aleart llegó a sintetizar su acusación con una frase de alto voltaje político: “Esto no es el Principado de Javkin”. Desde su espacio sostuvieron que las reglas internas del Concejo no pueden alterarse simplemente porque una iniciativa del Ejecutivo no logra construir la mayoría necesaria.
Más allá del enfrentamiento discursivo, existe un dato objetivo que explica todo lo ocurrido: el proyecto enviado por Javkin no reunió hasta ahora los votos suficientes para avanzar como pretendía el oficialismo. La discusión continuará y el texto puede modificarse, pero el intendente deberá negociar con una composición legislativa que ya no le permite dar por sentado el acompañamiento a sus iniciativas.
Las aplicaciones crecieron mientras el colectivo entraba en crisis
El debate tampoco puede analizarse por fuera de lo ocurrido durante estos años con el transporte público. Mientras Rosario discutía cómo impedir, sancionar o eventualmente regular las plataformas, el sistema de colectivos atravesó una crisis prolongada, profundizada por los problemas de financiamiento y la eliminación de subsidios nacionales al transporte del interior. La respuesta municipal incluyó fuertes aumentos de la tarifa, con un boleto que fue acumulando incrementos y trasladando una parte cada vez mayor del costo directamente a los pasajeros.
En paralelo, Uber, DiDi y otras aplicaciones siguieron creciendo. Lo hicieron incluso cuando no existía una habilitación municipal y mientras sus conductores enfrentaban controles y multas. La demanda de los usuarios terminó imponiendo una realidad que la normativa no consiguió detener y obligó finalmente al Ejecutivo a revisar una posición sostenida durante años.
Esa contradicción es utilizada ahora por La Libertad Avanza para cuestionar el apuro oficialista. Los libertarios recuerdan que el sector político de Javkin tuvo durante años una representación mucho más numerosa en el Concejo y preguntan por qué la decisión de resolver definitivamente el problema aparece recién ahora. Desde esa perspectiva, sostienen que no existe justificación para intentar aprobar rápidamente una normativa cuando hubo tiempo suficiente para discutirla con anterioridad.
Mientras tanto, taxistas, remiseros y otros sectores vinculados con la movilidad también hicieron escuchar su posición. Reclaman igualdad de condiciones para competir, controles sobre las plataformas y que las empresas cuenten con representación legal y CUIT para transparentar su funcionamiento antes de obtener la habilitación. El desafío legislativo consiste precisamente en construir una norma capaz de incorporar una modalidad que ya existe sin desconocer las obligaciones que durante años debieron cumplir quienes trabajaron dentro del sistema formal.
Una discusión que también empieza a hablar del final del ciclo Javkin
La falta de votos para aprobar el proyecto no determina por sí misma el futuro político de Pablo Javkin ni significa que su administración haya perdido definitivamente la capacidad de construir acuerdos. El expediente seguirá discutiéndose y todavía puede aparecer una redacción que permita alcanzar una mayoría. Pero el episodio sí ofrece una fotografía diferente del poder municipal en el tramo final de una gestión que comenzó en diciembre de 2019.
Javkin tendrá una dura competencia para ser reelecto como intendente en 2027, si decide ir por la reelección, sino su sucesión promete convertirse en una de las principales disputas políticas de la provincia. Juan Monteverde, esta consolidado con su candidatura como aliado del Peronismo, y La Libertad Avanza busca crecer en Rosario.
Por eso, para algunos sectores, el freno al proyecto de las aplicaciones adquiere una dimensión mayor. No porque una derrota legislativa aislada pueda interpretarse automáticamente como el principio del fin de una gestión, sino porque muestra un cambio en la relación de fuerzas: el Ejecutivo necesita negociar más, la oposición tiene capacidad concreta para condicionar la agenda y las diferencias empiezan a leerse inevitablemente en clave de 2027.
Hasta la propia aceleración del debate quedó atravesada por esa disputa. Desde LLA deslizaron interrogantes sobre si el impulso que tomó la regulación puede estar relacionado con las aspiraciones futuras de María Eugenia Schmuck, aunque se trata de una interpretación política del bloque libertario y no de un hecho comprobado. La presidenta del Concejo, por su parte, responsabilizó a los libertarios por impedir que la ciudad avance finalmente con la legalización.
El cambio de época también llegó al Concejo
Rosario terminó discutiendo en 2026 una realidad que los usuarios habían resuelto bastante antes. Las aplicaciones están incorporadas a la movilidad cotidiana y el interrogante ya no parece ser si pueden eliminarse del sistema, sino cómo deben convivir con taxis, remises y colectivos y cuáles son las obligaciones razonables que el Municipio debe exigirles.
Pero el debate dejó además otra evidencia. El escenario político cambió. El oficialismo presentó una iniciativa importante y no consiguió los votos para aprobarla en los tiempos que pretendía. La Libertad Avanza encontró en el expediente una oportunidad para marcar diferencias ideológicas con Javkin y, al mismo tiempo, mostrar capacidad para condicionar al Ejecutivo. Los sectores tradicionales del transporte reclaman no quedar en inferioridad de condiciones y los usuarios esperan una solución para una actividad que utilizan todos los días.
El proyecto volverá a discutirse y seguramente sufrirá modificaciones antes de llegar al recinto. El resultado todavía está abierto. Lo que ya quedó expuesto es que el debate sobre Uber y DiDi dejó de ser solamente una discusión sobre transporte.
También empezó a mostrar cómo será la política rosarina que viene: un oficialismo obligado a negociar, una oposición que encontró capacidad para frenarlo y una sucesión municipal que, mucho antes de las elecciones, ya comenzó a atravesar cada discusión importante del Palacio Vasallo.
