Maximiliano Pullaro volvió a cuestionar la cantidad de empleados públicos que recibió de la administración de Omar Perotti y aseguró que Santa Fe es una de las provincias con menor cantidad de agentes estatales por habitante. La respuesta llegó desde el propio peronismo: Ignacio Martínez Kerz, exfuncionario de la gestión anterior, le recordó que las estadísticas oficiales que permitirían comprobar cómo evolucionó el empleo público dejaron de publicarse regularmente después de diciembre de 2023. El problema excede esa discusión. La Provincia tampoco mantiene actualizada en su portal la información anual sobre inversión en publicidad oficial y persisten cuestionamientos por la dificultad para conocer integralmente la composición de la planta política. A eso se suma otro frente que promete generar polémica: un relevamiento todavía en elaboración sobre las respuestas del Ejecutivo a los pedidos de informes de legisladores opositores. La discusión ya no pasa solamente por qué dicen los números, sino por qué algunos de los datos necesarios para controlar al Estado dejaron de estar disponibles con la periodicidad que tenían antes.
Maximiliano Pullaro abrió nuevamente una discusión sobre el empleo público santafesino y terminó colocando en el centro de la escena un problema bastante más incómodo para su propia administración: la transparencia.
El gobernador sostuvo que Santa Fe, después de Córdoba, es la provincia con menos empleados públicos por habitante y volvió a cuestionar la estructura estatal recibida de su antecesor. “La gestión anterior me dejó 15 mil empleados públicos más”, afirmó.
La frase encontró rápidamente respuesta desde el peronismo. Ignacio Martínez Kerz, exsecretario de Comercio Interior durante la administración de Omar Perotti, cuestionó el planteo y apuntó directamente hacia un lugar donde la discusión podría resolverse sin demasiadas interpretaciones políticas: los datos oficiales.
El problema es que una parte fundamental de esos datos dejó de publicarse con la continuidad que tenía anteriormente.
La página oficial de Santa Fe mantiene disponible la sección denominada “Evolución del Personal Ocupado”, donde durante años se difundió mensualmente información sobre personal permanente y transitorio del Sector Público Ampliado. La serie permite analizar clasificación institucional, sectores, horas cátedra, servicios sociales y comparaciones con períodos anteriores. En el sitio aparecen de manera continua los años comprendidos entre 2010 y 2023; luego figura 2025, pero ya no existe una secuencia anual y mensual equivalente que permita seguir con la misma facilidad toda la gestión iniciada en diciembre de 2023. Ese vacío convierte una discusión política en una discusión institucional.
Porque si el gobernador afirma que recibió determinada cantidad de empleados y que su administración redujo o modificó la estructura estatal, la mejor manera de demostrarlo no debería ser un discurso. Debería ser publicar regularmente los números.
Pullaro cuestionó a Perotti y desde el peronismo le devolvieron la pregunta
Martínez Kerz eligió precisamente ese punto para responderle al gobernador. Según planteó en sus redes sociales, Pullaro construye un discurso negativo alrededor del empleo público sin explicar que dentro de ese universo existen docentes, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros y profesionales de la salud.
El exfuncionario sostuvo además que las estadísticas que permitirían analizar con precisión qué ocurrió con esa planta dejaron de publicarse regularmente después del cambio de gobierno. Su crítica puede tener una evidente lectura partidaria, pero el problema que señala es comprobable en el propio portal provincial: la serie pública no mantiene después de 2023 la continuidad que exhibía durante los años anteriores.
Esta maniobra discursiva ya la conocemos: construir un relato, repetirlo hasta instalarlo y ocultar los datos que lo desmienten. Esos empleados públicos a los que desprecia el gobernador son docentes, asistentes escolares, policías, penitenciarios, médicos, enfermeros y profesionales de la salud. No lo digo yo sino las ESTADÍSTICAS OFICIALES, QUE AHORA NO SE PUBLICAN.
Si no me creen, véanlo ustedes mismos en el link que les dejo abajo. Se van a encontrar con que están los datos mes por mes hasta diciembre de 2023 y después hay un apagón estadístico, solamente interrumpido por el aislado marzo de 2025.
El relato del gobernador tiene un objetivo claro: desprestigiar a los trabajadores públicos para justificar el ajuste sobre sus salarios, sus condiciones laborales y sus derechos: paritarias a la baja, reforma (ajuste) previsional, sobrecargas horarias, promesa de suba de edad jubilatoria por decreto y varios etcéteras más.
A pesar de semejante agresión al bolsillo de los trabajadores, y tras haber apelado al endeudamiento en dólares más grande la historia, Santa Fe es hoy la segunda provincia con mayor déficit fiscal del país. Exactamente al revés del gobierno de @omarperotti, al que Pullaro gusta tanto criticar.
Gobernador, los eslóganes no reemplazan los datos, ni la propaganda convierte una afirmación en verdad.
https://t.co/Sukz6oGZUy— Nacho Martínez Kerz (@martinezkerz) October 25, 2026
La discusión tiene además un antecedente que vuelve todavía más relevante la ausencia de información.
Un informe elaborado por CEPA en diciembre de 2025, a partir de información oficial disponible, calculó que la planta política pasó de 662 cargos en 2023 a 2.115 en 2025. El estudio contabilizó 562 autoridades superiores y 100 asistentes técnicos de niveles 1 a 4 en 2023. Para 2025 registró 749 autoridades superiores, 365 asistentes técnicos de niveles 1 a 4 y otros 1.001 cargos correspondientes a nuevos niveles de asistentes técnicos.
El mismo relevamiento estimó que, paralelamente, la planta estatal no política se redujo aproximadamente en 6.000 puestos. Es decir que mientras disminuía una parte del empleo público, crecía considerablemente la estructura de cargos políticos y técnicos de designación directa.
Es importante hacer una distinción: esas cifras corresponden a un relevamiento de CEPA y no a una serie oficial actualizada y publicada regularmente por el Gobierno provincial. Precisamente allí aparece el problema. Sin estadísticas oficiales continuas, resulta mucho más difícil contrastar los informes externos y determinar cómo evolucionaron posteriormente esas variables.
CEPA ya había advertido sobre el problema de la información
La discusión no comenzó con la publicación de Martínez Kerz.
En agosto de este año, CEPA publicó un nuevo trabajo sobre empleo público santafesino y dedicó un apartado específico a la transparencia y al acceso a la información. Allí señaló que para realizar su investigación encontró obstáculos recurrentes: ejecución presupuestaria publicada con rezago y desagregación insuficiente, acuerdos salariales dispersos en decretos, dificultades para reconstruir la composición de la dotación estatal y ausencia de una fuente pública consolidada. El señalamiento adquiere relevancia porque no se trata solamente de saber cuántos trabajadores tiene el Estado.
Para evaluar una política pública es necesario conocer cuántos agentes existen, dónde trabajan, cómo se distribuyen entre ministerios y organismos, cuántos pertenecen a planta permanente o transitoria, cuánto creció o disminuyó cada área y qué proporción corresponde a funcionarios y personal político.
Sin esa información actualizada, la discusión queda atrapada entre las afirmaciones del Gobierno y los cálculos realizados por organizaciones externas. Y eso representa exactamente lo contrario de la transparencia activa: el ciudadano debería poder acceder a los datos sin necesidad de reconstruirlos a partir de decretos, boletines oficiales o investigaciones privadas.
La pauta oficial también quedó sin actualización pública anual
El problema se extiende a otro terreno particularmente sensible para cualquier gobierno: la publicidad oficial.
Santa Fe posee una sección específica denominada “Inversión en Publicidad”, presentada por la propia Provincia como parte de su política de transparencia activa. Allí se explica que los ciudadanos pueden consultar los resúmenes anuales de la inversión publicitaria realizada en los diferentes medios de comunicación, discriminada por tipo de medio y organismo.
Pero la información anual disponible en esa página llega actualmente hasta 2023. No aparecen en el listado 2024, 2025 ni 2026.
La ausencia adquiere especial relevancia porque la pauta oficial no constituye solamente un gasto administrativo. Se trata de dinero público distribuido entre medios, productoras y empresas de comunicación, un terreno donde la transparencia debería permitir conocer cuánto se invierte, quién recibe esos recursos y cómo se distribuyen.
La Provincia mantiene además un Registro de Medios de Comunicación, Agencias de Publicidad y Productoras de Contenidos, creado para reunir información necesaria para la planificación de la comunicación oficial. El propio sitio sostiene que esa herramienta resulta importante para la eficacia y transparencia de las decisiones vinculadas con la publicidad estatal.
Por eso aparece una contradicción difícil de explicar: existe el registro, existe una página creada específicamente para transparentar la inversión y existe una tradición de publicación anual, pero los últimos ejercicios no aparecen incorporados allí.
La discusión sobre la pauta debería ser sencilla. Quién recibe, cuánto recibe, bajo qué mecanismo y cómo se distribuye el dinero público destinado a comunicación. No debería depender de filtraciones, versiones ni pedidos particulares.
Los pedidos de informes: otro frente que puede convertirse en problema
Existe además otro indicador que promete incorporarse próximamente a la discusión.
Legisladores opositores vienen cuestionando desde hace tiempo la demora o ausencia de respuestas del Poder Ejecutivo frente a pedidos de informes aprobados o presentados en la Legislatura. Según datos preliminares de un relevamiento que todavía se encuentra en elaboración, el porcentaje de pedidos opositores sin respuesta superaría el 90%.
La cifra necesita una aclaración indispensable: el informe todavía no fue publicado y, por lo tanto, ese porcentaje no puede considerarse aún un dato definitivo. Habrá que conocer la metodología, qué período analiza, qué iniciativas contabiliza, cuáles fueron efectivamente aprobadas y qué criterio utiliza para considerar una respuesta completa, parcial o inexistente.
Pero si el relevamiento finalmente confirma semejante nivel de falta de respuestas, el problema sería institucionalmente significativo.
El pedido de informes es una de las herramientas mediante las cuales el Poder Legislativo controla al Ejecutivo. Responder no constituye una concesión política hacia la oposición. Forma parte del funcionamiento republicano y del equilibrio entre poderes.
Un gobierno con amplias mayorías legislativas tiene todavía mayor responsabilidad en ese terreno. La fortaleza parlamentaria no debería convertirse en una razón para reducir los mecanismos de rendición de cuentas.
El problema no es solamente cuántos empleados hay, sino poder comprobarlo
La discusión abierta por Pullaro tiene una paradoja. El gobernador quiere discutir públicamente la cantidad de trabajadores que recibió de Perotti, pero la serie estadística que permitiría seguir mes a mes qué ocurrió con el empleo estatal durante su propia administración perdió la regularidad que tenía hasta 2023.
Su Gobierno sostiene un discurso de austeridad y eficiencia, pero un informe construido sobre información oficial estimó que la planta política pasó de 662 cargos en 2023 a 2.115 en 2025.
La Casa Gris puede cuestionar la metodología de ese estudio, explicar que existen nuevas categorías administrativas o argumentar que las comparaciones requieren contemplar cambios en la estructura estatal. Todo eso forma parte de una discusión legítima.
Pero existe una manera mucho más sencilla de terminar con cualquier especulación: publicar todos los datos actualizados.
Cuántos empleados públicos había en diciembre de 2023. Cuántos hay hoy. Cuántos corresponden a educación, salud, seguridad y administración. Cuántos funcionarios políticos existen. Cuántos asistentes técnicos fueron designados. Cuánto cuesta esa estructura. Y cómo evolucionó mes a mes.
Con la información completa, las afirmaciones del gobernador, las críticas de Martínez Kerz y los informes de CEPA podrían contrastarse utilizando una misma fuente. Sin ella, cada sector termina construyendo su propia fotografía.
Transparencia no es publicar solamente aquello que favorece
Pullaro hizo de la eficiencia estatal una de las banderas de su administración desde los primeros meses. En marzo de 2024, la propia comunicación oficial presentó decisiones de reducción de gastos bajo la consigna de construir un Estado “eficiente y austero”.
Dos años y medio después, aquella promesa también debería medirse en términos de información pública.
Porque transparencia no significa únicamente publicar decretos en el Boletín Oficial. Tampoco consiste en informar aquello que el Gobierno considera políticamente conveniente.
Significa permitir que cualquier ciudadano, periodista, legislador, investigador u organización pueda reconstruir qué hace el Estado con sus recursos y cómo evoluciona su estructura. Hoy existen vacíos difíciles de ignorar.
La serie sobre empleo público perdió la continuidad que tenía hasta 2023. La página oficial de inversión publicitaria anual también se detiene en 2023. CEPA documentó dificultades para acceder y reconstruir información estatal. Y próximamente podría sumarse un informe sobre el nivel de respuestas a pedidos legislativos que, si confirma los datos preliminares, abrirá otro capítulo de la misma discusión.
La respuesta a todo eso no necesita demasiados discursos. Necesita datos.
Pullaro puede cuestionar la cantidad de empleados que dejó Perotti. El peronismo puede discutirle esa interpretación. CEPA puede elaborar sus propios relevamientos y la oposición puede presentar pedidos de informes.
Pero el Gobierno provincial tiene algo que ninguno de ellos posee: la información completa y actualizada del Estado santafesino. Por eso, antes de discutir quién tiene razón sobre los números, aparece una pregunta mucho más elemental: ¿por qué los santafesinos no pueden consultar todos esos números con la misma regularidad con la que podían hacerlo hasta 2023?.
