El diputado provincial Carlos del Frade, referente del Frente Amplio por la Soberanía, realizó un análisis crítico del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno de Maximiliano Pullaro. El legislador puso el foco en la distribución de los recursos públicos, el endeudamiento, la pauta oficial y las partidas destinadas a niñez, salud mental, discapacidad y prevención de la violencia de género. Según sus cálculos, distintas partidas de comunicación suman más de $65.129 millones, mientras que programas sociales específicos reciben porcentajes considerablemente menores. Los cuestionamientos se producen en una Legislatura donde sectores de la oposición vienen reclamando mayor participación en el debate y la elaboración de las principales leyes provinciales.
El proyecto de Presupuesto 2027 de Santa Fe comenzó a generar cuestionamientos entre los sectores de la oposición legislativa, especialmente por la distribución de los recursos y las prioridades que establece el Gobierno provincial para el próximo año. Uno de los análisis más críticos fue elaborado por el diputado Carlos del Frade, referente del Frente Amplio por la Soberanía, quien examinó las cifras del mensaje enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro y advirtió sobre lo que considera una marcada diferencia entre los anuncios oficiales y las asignaciones destinadas a atender las necesidades sociales.
El legislador analizó el proyecto ingresado a la Cámara de Senadores el 30 de octubre, que contiene 70 artículos y contempla recursos por $18.877.775.741.000. A partir de esa cifra, Del Frade examinó las partidas correspondientes a diferentes organismos y programas provinciales, con especial atención a las áreas de desarrollo humano, niñez, salud mental, discapacidad, género y comunicación institucional.
Sus observaciones se producen en un contexto político particular. Durante los últimos tres años, legisladores de distintos bloques opositores han manifestado reiteradamente su disconformidad con los mecanismos de discusión parlamentaria. Una de las principales críticas apunta a que la amplia mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe permite resolver los acuerdos dentro del oficialismo y sus aliados antes de que los proyectos lleguen al recinto, dejando un margen limitado para incorporar modificaciones propuestas por otros espacios.
En ese escenario, las declaraciones públicas, las entrevistas y los análisis difundidos a través de los medios de comunicación se han convertido en canales utilizados por legisladores opositores para exponer sus posiciones sobre iniciativas de alto impacto provincial. Esto no significa que no existan instancias formales de tratamiento parlamentario, sino que los cuestionamientos se concentran en la capacidad real de la oposición para participar en las decisiones y modificar los textos.
Un presupuesto de casi 19 billones y las prioridades
El proyecto elaborado por el Ejecutivo presenta a Santa Fe como una economía grande, diversificada, abierta y con bajos niveles de endeudamiento público. En sus fundamentos, destaca que la provincia representa aproximadamente el 9% de la economía nacional, que genera una cuarta parte de las divisas que ingresan al país y que su complejo portuario concentra más de un tercio de las exportaciones argentinas.
También remarca la estabilidad presupuestaria, la infraestructura provincial y una carga tributaria relativamente baja sobre el sector privado. Según el mensaje oficial, las prioridades para 2027 incluyen seguridad, educación, salud, vivienda, infraestructura y políticas productivas. Entre las cifras mencionadas aparecen un incremento del 41,35% en seguridad, un crecimiento del 72% en vivienda y urbanismo, $90.158 millones para el Boleto Educativo Gratuito, $107.924 millones para servicios alimentarios y más de $1,8 billones para salud.
Del Frade cuestionó especialmente la orientación económica que, a su entender, expresa el documento. Consideró que existe una aproximación política entre la administración de Pullaro y el Gobierno nacional de Javier Milei, principalmente por la ausencia de cuestionamientos explícitos a la política económica nacional y por el énfasis provincial en el equilibrio financiero, la baja presión tributaria y el financiamiento.
El diputado también señaló que el proyecto reconoce dificultades en actividades intensivas en empleo, como la industria, la construcción y el comercio minorista, además de una caída de recursos provenientes de la Nación. En su análisis mencionó una disminución del 1,50% en la coparticipación federal durante los primeros nueve meses de 2026 y del 12,40% en otros rubros.
Desde su perspectiva, la discusión presupuestaria debería contemplar no solamente los ingresos disponibles en el Tesoro provincial, sino también la capacidad productiva de Santa Fe y la posibilidad de orientar una mayor proporción de esa riqueza hacia políticas públicas.
Las cifras de los ministerios y el peso de las áreas sociales
Uno de los principales argumentos de Del Frade consiste en observar cuánto representa cada organismo dentro del total de recursos provinciales. Según la distribución que presentó, Educación concentra el 18,87%; la Caja de Jubilaciones, el 15,48%; la Empresa Provincial de la Energía, el 12,71%; Seguridad, el 8,83%; Salud, el 7,75%; e IAPOS, el 5,73%.
En contraste, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano representa el 1,69%; el Ministerio de Trabajo, el 0,87%; Cultura, el 0,27%; y Ambiente y Cambio Climático, el 0,13%. Estas cuatro áreas suman el 2,96% del total, un dato que el legislador utilizó para cuestionar el lugar asignado a determinadas problemáticas sociales y ambientales.
La comparación requiere una distinción importante: los presupuestos de esas cuatro carteras no representan la totalidad de las políticas sociales de la provincia. El propio proyecto incluye programas de asistencia, educación, salud y seguridad social distribuidos entre diferentes organismos. Sin embargo, Del Frade considera que las partidas de los ministerios directamente vinculados con esas problemáticas permiten identificar la capacidad de intervención específica que tendrán durante el próximo ejercicio.
El diputado también puso el foco en la dimensión del presupuesto general para explicar el peso relativo de las asignaciones. Sobre un total cercano a los $18,9 billones, el 1% equivale aproximadamente a $188.778 millones, mientras que el 0,01% representa alrededor de $1.888 millones. Con ese razonamiento, sostuvo que incluso porcentajes aparentemente pequeños pueden traducirse en recursos significativos para programas concretos.
La pauta oficial: Del Frade calculó más de $178 millones diarios
Uno de los puntos más llamativos del análisis corresponde a los recursos previstos para comunicación, publicidad y actividades vinculadas con la difusión institucional. A partir del Anexo Analítico III del proyecto, que contiene 1.432 páginas, Del Frade reunió partidas del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la Lotería de Santa Fe.
En el área de Gobernación identificó $13.908 millones para comunicación, $1.649 millones para contenidos, $636 millones para imagen, $11.936 millones para publicidad, $796 millones para relaciones públicas y $805 millones para ceremonial y protocolo. A esos importes agregó partidas del Ministerio de Gobierno destinadas a imprenta oficial, comunicaciones y tendido de fibra óptica, además de $9.800 millones de publicidad y propaganda y $22.342 millones de información y sistemas comunicacionales correspondientes a Lotería.
La suma de todos esos conceptos alcanza, según el cálculo del legislador, $65.129.652.000 para el ejercicio 2027, equivalentes a aproximadamente $178,4 millones diarios. Del Frade comparó esa cifra con los $122 millones diarios que había estimado para 2026 mediante una metodología similar y sostuvo que el volumen de recursos merece una discusión pública sobre su distribución.
Sin embargo, es necesario distinguir que el monto de $65.129 millones no corresponde exclusivamente a contratación de publicidad en medios. El cálculo agrupa conceptos diferentes, entre ellos ceremonial, relaciones públicas, imprenta oficial, comunicaciones e infraestructura tecnológica. Por lo tanto, se trata de una estimación amplia de partidas vinculadas con comunicación y actividades institucionales, no de una cifra comprobada de publicidad efectivamente contratada.
Aun con esa salvedad, el diputado planteó la necesidad de conocer cómo se distribuyen los fondos destinados a los medios de comunicación, cuáles son los criterios utilizados para asignarlos y qué empresas resultan beneficiarias. También comparó el total reunido con los presupuestos de organismos como Cultura, Ambiente y Cambio Climático y el Laboratorio Industrial Farmacéutico.
Niñez: el contraste entre el 23% anunciado y las partidas específicas
Otro de los cuestionamientos de Del Frade está relacionado con los recursos destinados a la niñez. El Gobierno provincial incorporó un anexo que identifica 474 categorías programáticas dirigidas a personas de entre 0 y 17 años. Según esa clasificación, el gasto destinado a la niñez alcanza los $4.340.557,9 millones, equivalentes al 23% del presupuesto total de gastos de la administración provincial.
El documento oficial explica que esa cifra incluye programas específicos y no específicos, distribuidos entre distintas áreas del Estado. La mayor proporción corresponde a servicios sociales, particularmente educación y cultura, que representan el 71,6% del gasto identificado para niñez. Le siguen salud, con el 9%; promoción y asistencia social, con el 5,9%; y seguridad social, con el 5,7%.
Del Frade cuestionó que esa presentación global pueda utilizarse para reflejar el volumen de recursos disponibles para la atención directa de situaciones de vulnerabilidad. Al revisar las partidas específicas para niñez dentro del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, identificó $19.196.456.000, aproximadamente el 0,10% del presupuesto provincial.
La diferencia entre ambas cifras no implica necesariamente una contradicción contable, ya que responden a metodologías distintas. Mientras el 23% incluye gastos de múltiples organismos que benefician a niños y adolescentes, el monto señalado por Del Frade corresponde a partidas específicas de una cartera determinada. La discusión política planteada por el legislador apunta a determinar cuánto de ese presupuesto general se traduce en dispositivos de atención directa, acompañamiento territorial y respuestas concretas para las familias.
Salud mental, discapacidad y comedores: los números bajo la lupa
El análisis también examinó programas específicos relacionados con distintas problemáticas sociales. Entre ellos, Del Frade identificó una asignación de $2.851.784.000 para salud mental, equivalente aproximadamente al 0,015% del total presupuestario. Para la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) señaló $19.742.870.000, alrededor del 0,10%.
En otras áreas, detalló $4.120.498.000 para equipos de inclusión socioeducativa, equivalentes al 0,021%; $32.505.767.000 para comedores comunitarios, cerca del 0,17%; y $10.984.237.000 para atención a la discapacidad, aproximadamente el 0,06% del presupuesto.
Una de las asignaciones más reducidas mencionadas por el diputado corresponde a programas para adultos mayores, específicamente casas y formación de asistentes geriátricos, con $950.842.000, equivalentes aproximadamente al 0,005% del total provincial.
Para Del Frade, estos números reflejan una distancia entre la dimensión de las necesidades sociales y los recursos asignados a determinados programas. Su cuestionamiento apunta a que, en un contexto de dificultades económicas, pérdida de empleos y aumento de demandas de asistencia, las partidas específicas deberían ocupar un lugar más relevante dentro de la planificación provincial.
No obstante, las cifras mencionadas corresponden a programas identificados en el análisis y no necesariamente al gasto total que Santa Fe destinará a cada problemática. En salud mental, discapacidad, alimentación y atención a adultos mayores pueden existir recursos distribuidos en otras áreas presupuestarias. La evaluación completa requiere considerar esas asignaciones y, especialmente, comparar los montos con la ejecución real y la evolución de la demanda.
Violencia de género: la diferencia entre el gasto transversal y la atención específica
La prevención y atención de la violencia de género constituye otro de los ejes centrales del cuestionamiento. El proyecto de Presupuesto 2027 incluye un anexo dedicado al gasto público con perspectiva de género, donde se identifican 262 actividades y obras clasificadas como específicas o no específicas.
Según el documento oficial, el gasto público sensible al género previsto para 2027 asciende a $667.555 millones, equivalente al 3,5% del presupuesto total. Para construir esa cifra, el Ejecutivo utiliza una metodología que contempla la totalidad de los recursos en programas específicos y una ponderación del 40% para determinados gastos no específicos, en concordancia con criterios de clasificación citados en el propio anexo.
Del Frade cuestionó esa presentación y examinó las partidas directamente identificadas con la atención de la problemática. Según su relevamiento, el programa de Género cuenta con $3.450.546.000; la partida denominada prevención y atención de situaciones de violencia, con $8 millones; y la red de casas de protección, con $1.871.020.000.
La suma alcanza $5.329.566.000, aproximadamente el 0,028% del presupuesto provincial. El legislador consideró particularmente reducida la asignación de $8 millones para prevención y atención de situaciones de violencia, en un contexto de preocupación por los femicidios y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.
Nuevamente, se trata de dos formas distintas de clasificar el gasto. Los $667.555 millones corresponden a una medición transversal que incluye programas de múltiples áreas, mientras que los $5.329 millones reúnen determinadas partidas específicas identificadas por el diputado. La diferencia no permite concluir por sí sola que el gasto general anunciado sea inexistente, pero sí abre una discusión sobre cuánto dinero estará disponible para dispositivos concretos de prevención, asistencia y protección.
Para Del Frade, la magnitud de las asignaciones específicas anticipa dificultades para responder a las necesidades que se presentan en los territorios, especialmente en materia de violencia de género y acompañamiento de las víctimas.
El cuestionamiento al modelo económico y al endeudamiento
Más allá de las partidas individuales, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía realizó una crítica general a la orientación económica del Gobierno provincial. En su análisis sostuvo que el Presupuesto 2027 expresa un alineamiento con las políticas nacionales de Javier Milei, particularmente en relación con la apertura económica, la situación de la industria y la utilización del financiamiento.
Del Frade señaló que Santa Fe posee una capacidad productiva considerable, con exportaciones que, según los datos que citó, alcanzaron aproximadamente los 16.000 millones de dólares durante 2025 y un producto bruto geográfico superior a los 50.000 millones de dólares. Desde esa perspectiva, cuestionó que el presupuesto provincial sea presentado principalmente en función de los recursos disponibles para el Estado, sin discutir de manera más profunda cómo se distribuye la riqueza generada en el territorio.
También expresó preocupación por la situación del empleo industrial, el cierre de empresas y el impacto de las importaciones. En su interpretación, el Gobierno santafesino mantiene una posición insuficientemente crítica frente a las consecuencias de la política económica nacional sobre la producción y el trabajo.
En materia de endeudamiento, el legislador advirtió sobre el crecimiento de las obligaciones financieras y cuestionó que el discurso oficial destaque reiteradamente los bajos niveles de deuda. Sin embargo, para determinar si existe un incremento efectivo de la dependencia financiera será necesario contrastar el stock de deuda, los nuevos créditos autorizados, los vencimientos y la capacidad de pago de la provincia. El documento analizado expresa la preocupación política del diputado, pero no desarrolla por sí solo una comparación completa de esos indicadores.
La oposición y una discusión parlamentaria que reclama mayor apertura
Los cuestionamientos de Del Frade también permiten observar un problema político que viene atravesando el funcionamiento de la Legislatura santafesina durante la actual gestión. La amplia mayoría que posee Unidos para Cambiar Santa Fe en la Cámara de Diputados le permite impulsar iniciativas con un respaldo parlamentario que, en numerosas oportunidades, reduce la necesidad de alcanzar acuerdos con los bloques opositores.
Durante distintas sesiones, legisladores de la oposición han cuestionado la velocidad del tratamiento de proyectos, la disponibilidad de los textos definitivos y las dificultades para incorporar propuestas antes de las votaciones. Estas observaciones se hicieron especialmente visibles en debates relacionados con seguridad, reformas institucionales y otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
En ese contexto, el tratamiento del Presupuesto 2027 representa una oportunidad para discutir no solamente las cifras, sino también las prioridades que orientarán la administración provincial durante el próximo ejercicio. La discusión incluye cuestiones centrales como el financiamiento de las políticas sociales, el sostenimiento de los servicios públicos, la inversión en infraestructura, el empleo y los mecanismos de distribución de recursos.
La posición del oficialismo se apoya en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y sostener inversiones en áreas consideradas prioritarias. Del Frade, en cambio, plantea que la dimensión económica de Santa Fe debería permitir una intervención estatal más amplia frente a las desigualdades y las urgencias sociales.
El debate entre ambas perspectivas no puede resolverse únicamente mediante la comparación de porcentajes. También requiere evaluar resultados, ejecución presupuestaria, distribución territorial de los fondos y evolución de las necesidades de la población.
Los números del Presupuesto 2027 y las preguntas que deberá responder el Gobierno
El análisis de Carlos del Frade instala una discusión sobre el destino de los recursos públicos en una provincia que combina una importante capacidad productiva con demandas sociales persistentes. Sus cuestionamientos abarcan desde la distribución entre ministerios hasta el volumen de partidas vinculadas con comunicación institucional, niñez, salud mental, discapacidad y prevención de la violencia de género.
La comparación de las asignaciones específicas con el presupuesto general permite identificar prioridades y formular preguntas sobre la suficiencia de determinados programas. Al mismo tiempo, resulta necesario distinguir entre los recursos de una cartera, las partidas de un programa y el gasto transversal de toda la administración para evitar conclusiones que no contemplen la totalidad del financiamiento disponible.
En materia de publicidad oficial, el interrogante pasa por conocer qué proporción de los recursos identificados se destinará efectivamente a contratación de medios y cómo se distribuirá. En niñez y género, la discusión se concentra en la relación entre los grandes montos presentados en los anexos y los fondos asignados a dispositivos específicos de atención. En salud mental, discapacidad y asistencia alimentaria, el debate deberá considerar si las partidas resultan suficientes frente a la demanda existente.
Pero el proyecto también presenta un desafío político para la Legislatura: determinar si el tratamiento del Presupuesto 2027 permitirá una discusión abierta sobre esas prioridades o si volverá a prevalecer una dinámica en la que las principales definiciones se resuelven dentro de la mayoría oficialista antes de llegar al recinto.
El planteo de Del Frade pone sobre la mesa una pregunta que excede las diferencias partidarias: cómo se distribuyen los casi 19 billones de pesos previstos para 2027 y qué capacidad tendrán esos recursos para mejorar las condiciones de vida de los santafesinos.
La respuesta dependerá tanto del contenido definitivo de la ley como de su posterior ejecución. Porque, más allá de los anuncios y las cifras globales, el presupuesto será evaluado por los servicios, las obras y las respuestas concretas que el Estado provincial logre brindar durante el próximo año.
