18/11/2026 7:20 pm

La crecida que volvió a desnudar las obras pendientes y la falta de planificación en Santa Fe

Referentes de Política Obrera cuestionaron a los gobiernos provincial y locales por las respuestas ante las inundaciones. Señalaron que las advertencias sobre El Niño no se tradujeron en medidas preventivas suficientes y reclamaron asistencia integral.

Brian Murphy, ingeniero agrónomo e integrante de la Asamblea de Arroyo Leyes, y Agustín Fernández, referente de Política Obrera Santa Fe, denunciaron la falta de planificación de los gobiernos provincial y locales frente a la crecida de los ríos y las inundaciones que afectan a las localidades del Gran Santa Fe. Advirtieron sobre las dificultades que atraviesan cientos de familias, cuestionaron las condiciones de evacuación y reclamaron obras hídricas que llevan años pendientes. También señalaron que, pese a los anuncios de emergencia y los recursos presupuestarios, las respuestas oficiales resultan insuficientes ante un fenómeno que, según sostienen, venía siendo advertido desde hace meses.

La creciente del río Paraná y las inundaciones que afectan a distintos sectores del Gran Santa Fe volvieron a colocar en el centro de la discusión la capacidad de respuesta del Estado frente a las emergencias hídricas. Las dificultades que atraviesan familias de la costa santafesina, los reclamos por obras de infraestructura y las condiciones de asistencia a los damnificados generaron nuevos cuestionamientos hacia el Gobierno provincial y las administraciones locales.

En ese contexto, Brian Murphy, ingeniero agrónomo e integrante de la Asamblea de Arroyo Leyes, y Agustín Fernández, dirigente de Política Obrera Santa Fe, realizaron un fuerte cuestionamiento a la gestión de Maximiliano Pullaro y a los gobiernos municipales y comunales de la región.

Los referentes sostuvieron que la emergencia no puede explicarse únicamente por el comportamiento de los ríos o las condiciones climáticas, sino que debe analizarse también a partir de la falta de planificación territorial, la postergación de obras de defensa y la ausencia de políticas preventivas sostenidas.

Además, remarcaron que las advertencias sobre el fenómeno de El Niño y las posibles crecidas venían siendo planteadas desde meses atrás, por lo que consideran que existía margen para anticipar medidas destinadas a reducir el impacto sobre las poblaciones más vulnerables.

Una emergencia anunciada y cuestionamientos a la falta de prevención

Para Murphy y Fernández, las inundaciones actuales vuelven a mostrar las dificultades de los distintos niveles del Estado para anticiparse a situaciones de riesgo hídrico. Los dirigentes cuestionaron que, pese a las advertencias sobre la evolución de los ríos y las condiciones meteorológicas, las acciones preventivas no hayan sido suficientes para evitar que numerosas familias quedaran expuestas.

Desde Política Obrera sostuvieron que la emergencia hídrica no es solamente consecuencia de un fenómeno natural, sino también de decisiones políticas y obras que permanecen pendientes. En ese sentido, señalaron que la planificación debería contemplar tanto la infraestructura necesaria para proteger a las localidades costeras como los mecanismos de asistencia y evacuación ante posibles crecidas.

La crítica apunta especialmente a la administración provincial, aunque también alcanza a los gobiernos locales, a los que atribuyen responsabilidades en materia de prevención, ordenamiento territorial y atención de los vecinos afectados.

Alto Verde y Arroyo Leyes: denuncias por la asistencia a las familias

Uno de los aspectos más preocupantes señalados por los referentes es la situación de las familias que deben abandonar sus viviendas o adoptar medidas de emergencia para evitar el ingreso del agua.

Según denunciaron, en Alto Verde algunas familias están siendo alojadas en casillas precarias, mientras que en Arroyo Leyes la asistencia estatal se concentra en la entrega de postes, silobolsas y bolsas de arena para intentar contener el avance del agua.

Murphy y Fernández consideraron que estas respuestas resultan insuficientes frente a las necesidades de las poblaciones afectadas, especialmente cuando las inundaciones se prolongan y comprometen las condiciones de habitabilidad, el acceso a servicios esenciales y la continuidad de las actividades laborales.

También advirtieron que la emergencia hídrica podría derivar en problemas sanitarios y alimentarios si no se garantiza una asistencia integral que incluya atención médica, provisión de alimentos, agua segura y condiciones adecuadas para las personas evacuadas.

El planteo busca ampliar la discusión más allá de las tareas inmediatas de contención, incorporando las consecuencias sociales y económicas que enfrentan quienes deben abandonar sus hogares o permanecer en zonas anegadas.

Denuncian una represión contra vecinos que reclamaban en la Ruta 168

Los dirigentes también cuestionaron la respuesta de las fuerzas de seguridad frente a las manifestaciones de vecinos afectados por las inundaciones.

Según denunciaron, efectivos policiales reprimieron con gases y balas de goma a personas que se encontraban protestando sobre la Ruta Nacional 168, en reclamo de mejores condiciones de asistencia y soluciones frente a la emergencia.

Desde Política Obrera responsabilizaron políticamente al Gobierno de Maximiliano Pullaro por ese accionar y consideraron que las demandas de los damnificados deberían recibir respuestas institucionales antes que intervenciones represivas.

Se trata de una denuncia formulada por los referentes políticos, cuya reconstrucción completa requiere conocer las circunstancias del procedimiento y la versión de las autoridades intervinientes.

El episodio, según su interpretación, refleja la tensión existente entre los reclamos de las comunidades afectadas y las decisiones adoptadas por el Estado para administrar la emergencia.

Obras hídricas postergadas: los reclamos sobre la Ruta Provincial 1

La infraestructura de protección contra inundaciones constituye uno de los principales ejes del cuestionamiento.

Murphy y Fernández señalaron que la obra de defensa del sector oeste de la Ruta Provincial N.º 1 fue licitada en dos oportunidades, pero nunca llegó a ejecutarse, pese a que la consideran fundamental para reducir la vulnerabilidad de distintas localidades de la costa santafesina.

La situación representa, según los dirigentes, un ejemplo de la falta de continuidad de las políticas públicas destinadas a prevenir emergencias hídricas.

También mencionaron los reclamos históricos de los habitantes de La Vuelta del Paraguayo, donde los vecinos solicitan desde hace más de 15 años el alteo del camino principal y otras intervenciones básicas para mejorar la accesibilidad y disminuir los efectos de las crecidas.

Desde esa perspectiva, las inundaciones actuales vuelven a poner en discusión no solamente la respuesta inmediata del Gobierno, sino también la responsabilidad acumulada de sucesivas administraciones que no concretaron las obras reclamadas.

La falta de infraestructura adecuada obliga a numerosas familias a enfrentar periódicamente situaciones de riesgo que podrían reducirse mediante inversiones preventivas, sostienen los referentes.

Los $10.000 millones para la emergencia y las críticas al Presupuesto 2027

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la asignación de recursos públicos y a las prioridades presupuestarias de la Provincia.

Los dirigentes señalaron que el Gobierno santafesino aprobó una emergencia hídrica por 10.000 millones de pesos, pero cuestionaron que esos recursos no se reflejen, según su evaluación, en respuestas suficientes para las familias afectadas.

La crítica no implica por sí misma que los fondos hayan sido utilizados irregularmente, sino que plantea la necesidad de conocer su ejecución, distribución territorial y resultados concretos.

Además, advirtieron que el proyecto de Presupuesto provincial 2027 no contempla, según su planteo, las obras de defensa que vienen reclamando los vecinos de la costa.

Esta situación, consideraron, profundiza la incertidumbre sobre la posibilidad de resolver los problemas estructurales que se repiten ante cada nueva creciente.

Para Murphy y Fernández, la emergencia requiere tanto partidas para atender las necesidades inmediatas como decisiones presupuestarias que permitan avanzar con obras de protección y planificación a largo plazo.

Asambleas vecinales: organización y reclamos ante las inundaciones

Frente a las dificultades denunciadas, los dirigentes destacaron el papel de las asambleas autoconvocadas que funcionan en Colastiné Norte, San José del Rincón y Arroyo Leyes.

Estos espacios reúnen a vecinos que buscan coordinar reclamos, visibilizar las situaciones de riesgo y exigir respuestas de las autoridades provinciales y locales.

Entre las principales demandas mencionadas se encuentran la ejecución inmediata de obras de defensa, asistencia alimentaria y sanitaria, condiciones dignas de evacuación, subsidios para las familias damnificadas y garantías laborales y salariales para quienes resultaron afectados.

Desde Política Obrera consideraron que la organización comunitaria resulta fundamental para sostener estos reclamos y promover una mayor coordinación entre las distintas localidades de la costa.

También plantearon la necesidad de ampliar los espacios de participación vecinal y establecer una agenda común que permita reclamar soluciones tanto durante la emergencia como en las etapas posteriores.

El fenómeno de El Niño y la responsabilidad de anticiparse a las crecidas

Uno de los puntos centrales del planteo de Murphy y Fernández es que las condiciones de riesgo asociadas al fenómeno de El Niño y a las crecidas de los ríos venían siendo advertidas con anticipación, por lo que cuestionaron que las autoridades no hubieran desarrollado una estrategia preventiva suficiente.

Aunque la magnitud de una inundación depende de múltiples factores hidrológicos y meteorológicos, los dirigentes consideran que la existencia de advertencias previas debería haber impulsado una revisión de las condiciones de protección de los barrios más expuestos.

En ese marco, reclamaron que la planificación hídrica deje de depender exclusivamente de las emergencias y pase a constituir una política pública permanente, con obras, mantenimiento, monitoreo y mecanismos de asistencia preparados antes de que se produzcan los desbordes.

El planteo también apunta a que los gobiernos provincial y locales establezcan prioridades de inversión en función de la vulnerabilidad de cada territorio y de los antecedentes de inundaciones.

Una discusión que excede la emergencia y vuelve a interpelar al Gobierno provincial

Las críticas de Brian Murphy y Agustín Fernández colocan nuevamente bajo discusión las políticas de prevención de inundaciones en Santa Fe y la capacidad de respuesta estatal frente a fenómenos hídricos recurrentes.

Los referentes de Política Obrera sostienen que la falta de obras, la asistencia que consideran insuficiente y la ausencia de planificación profundizan las consecuencias sociales de las crecidas, especialmente entre las familias que viven en sectores históricamente expuestos.

Sus cuestionamientos alcanzan al Gobierno de Maximiliano Pullaro y a las administraciones locales, pero también ponen de relieve una problemática que atraviesa distintas gestiones: la dificultad para transformar los reclamos históricos de las comunidades costeras en obras de infraestructura y políticas preventivas sostenidas.

Mientras continúa la emergencia, las asambleas vecinales reclaman respuestas inmediatas y compromisos concretos para evitar que las mismas situaciones se repitan ante futuras crecidas.

La discusión de fondo es si Santa Fe continuará respondiendo a las inundaciones principalmente cuando el agua llega a los barrios o si avanzará hacia una planificación capaz de reducir los riesgos antes de que las familias deban abandonar sus viviendas.

Facundo Acosta
Facundo Acosta

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