18/11/2026 8:11 pm

Tres puntos bajo la lupa: las dudas que dejó Olivares en el Senado sobre el Presupuesto 2027

Los senadores analizaron con los ministros de Economía y Gobierno aspectos sensibles del proyecto que podrían modificarse antes de la votación. El destino del inmobiliario rural, los eventos público-privados y la deuda de empresas estatales concentraron las consultas.

Los ministros Pablo Olivares y Fabián Bastía se reunieron con senadores oficialistas y opositores para explicar el proyecto de Presupuesto 2027, que podría obtener media sanción este jueves 19 de noviembre. Sin embargo, el encuentro dejó interrogantes sobre tres cuestiones sensibles: el manejo de los fondos del impuesto inmobiliario rural, la creación de un mecanismo de financiamiento para eventos públicos y privados mediante el artículo 69 y el endeudamiento previsto para las empresas estatales. Aunque el Gobierno defendió sus proyecciones, persisten inquietudes sobre el alcance de las autorizaciones y el escaso tiempo disponible para analizar una ley que definirá el destino de casi 19 billones de pesos.

La discusión del Presupuesto 2027 de Santa Fe ingresó en una instancia decisiva y, pese a las explicaciones brindadas por el equipo económico del gobernador Maximiliano Pullaro, todavía existen aspectos que generan interrogantes entre los legisladores.

Este miércoles 18 de noviembre, el ministro de Economía, Pablo Olivares, y su par de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, participaron de una reunión con integrantes de la Cámara de Senadores para responder consultas sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

El encuentro, desarrollado a puertas cerradas en el recinto de la Cámara alta, se extendió durante aproximadamente una hora y media y contó con la participación de legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe y del Partido Justicialista.

La reunión se produjo apenas 24 horas antes de la sesión en la que el oficialismo pretende avanzar con la media sanción, luego de un tratamiento legislativo que habrá ocupado solamente dos semanas desde el ingreso del mensaje presupuestario.

Si bien desde el Gobierno provincial destacaron el intercambio institucional y la predisposición para responder las consultas, tres cuestiones quedaron especialmente expuestas a posibles modificaciones: la administración del futuro Fondo de Infraestructura Agropecuaria, el alcance del artículo 69 y las autorizaciones de endeudamiento para empresas públicas.

Se trata de disposiciones que no solamente comprometen recursos económicos, sino que también pueden modificar mecanismos de administración, financiamiento y control sobre fondos provinciales.

Primer interrogante: quién manejará los recursos del inmobiliario rural

Uno de los temas que concentró las consultas fue la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria, una herramienta mediante la cual el Gobierno propone destinar a obras para el sector la totalidad de los recursos del impuesto inmobiliario rural que corresponden a la Provincia.

La iniciativa busca establecer una relación directa entre la recaudación del tributo y las inversiones en infraestructura vinculadas con la producción agropecuaria.

Sin embargo, durante el encuentro surgieron inquietudes sobre la composición del organismo o mecanismo encargado de administrar esos fondos y el grado de participación que tendrá la Legislatura en las decisiones.

Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de ampliar la representación legislativa en la gestión del fondo, una modificación que permitiría fortalecer los mecanismos de seguimiento y control sobre los recursos.

Pero existe otra cuestión que todavía necesita una explicación más precisa: qué sucederá con las erogaciones que anteriormente se financiaban con parte de la recaudación del inmobiliario rural.

Si la totalidad de esos ingresos provinciales pasa a tener una asignación específica para infraestructura agropecuaria, será necesario determinar cómo se compensarán los destinos presupuestarios que hasta ahora utilizaban esos recursos.

El interrogante es relevante porque la creación de un fondo con afectación específica no necesariamente implica la incorporación de dinero adicional al presupuesto. También puede representar una redistribución de ingresos que anteriormente financiaban otras obligaciones del Estado.

Por lo tanto, la discusión no se limita a cuánto dinero recibirá el sector agropecuario, sino también a quién decidirá su utilización, cómo se controlará su ejecución y qué partidas deberán ser compensadas.

Estas inquietudes podrían derivar en cambios sobre la redacción original antes de que el proyecto llegue al recinto.

Segundo interrogante: el artículo 69 y el financiamiento de eventos públicos y privados

El segundo punto que despertó especial atención fue el artículo 69 del proyecto de Presupuesto 2027, una disposición vinculada con la posibilidad de financiar y organizar iniciativas que involucren la participación conjunta del Estado y actores privados.

Según las explicaciones brindadas durante el tratamiento legislativo, la propuesta toma como antecedente la experiencia de organización de los Juegos Suramericanos 2026, desarrollados en distintas ciudades de Santa Fe.

A partir de ese modelo, el Gobierno pretende contar con una herramienta que facilite la asignación de recursos y la articulación institucional para futuros acontecimientos de gran convocatoria.

Sin embargo, el planteo generó dudas sobre los límites de esa intervención estatal, las condiciones para financiar actividades con participación privada y los mecanismos de supervisión de los recursos involucrados.

La discusión adquiere importancia porque una autorización presupuestaria de estas características puede tener efectos que excedan la realización de un evento determinado.

Entre los aspectos que requieren mayor claridad aparecen los criterios para seleccionar proyectos, las condiciones de participación del sector privado, las obligaciones económicas que podría asumir la Provincia y la intervención de los organismos de control.

Durante la reunión trascendió que se analiza una redacción alternativa del artículo 69, que podría resultar más aceptable para los senadores del justicialismo y permitiría precisar el funcionamiento de la articulación público-privada.

La posibilidad de introducir cambios demuestra que la formulación original todavía presenta aspectos discutibles, aun cuando el Ejecutivo considera necesaria la herramienta.

El punto central es determinar si la disposición establece controles y responsabilidades suficientemente precisos o si deja un margen demasiado amplio para decisiones posteriores del Poder Ejecutivo.

Hasta conocer la redacción definitiva, no corresponde afirmar que el artículo habilite la creación de un organismo autónomo o gastos sin control. Lo que sí surge de la discusión es que los legisladores consideran necesario delimitar mejor sus alcances.

Tercer interrogante: las empresas públicas y las autorizaciones para tomar deuda

El tercer eje de preocupación estuvo relacionado con los montos previstos para que las empresas públicas provinciales puedan acceder a financiamiento destinado a inversiones de capital.

La discusión involucra especialmente a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas SA (ASSA), dos prestadoras fundamentales para el funcionamiento de los servicios públicos.

Durante la reunión, Olivares y su equipo defendieron la capacidad financiera de las empresas y explicaron que ambas generan, en conjunto, un flujo de ingresos por el cobro de servicios estimado en aproximadamente 1.600 millones de dólares.

Según el argumento oficial, ese volumen de recursos permitiría afrontar créditos por montos inferiores a 100 millones de dólares sin comprometer significativamente su capacidad económica.

Sin embargo, la relación entre facturación y endeudamiento no alcanza, por sí sola, para determinar la capacidad real de repago de una empresa.

Para evaluar la sostenibilidad de cualquier operación crediticia también resulta necesario conocer los costos operativos, las inversiones comprometidas, las obligaciones existentes, la disponibilidad efectiva de fondos y las condiciones financieras de los préstamos.

En el caso de las empresas públicas, además, debe considerarse cómo podrían impactar esas obligaciones sobre las tarifas, las necesidades de asistencia estatal y los futuros presupuestos provinciales.

Por eso, las autorizaciones de endeudamiento merecen un análisis que vaya más allá de la comparación entre ingresos anuales y montos de crédito.

La pregunta pendiente es qué garantías, plazos, tasas y condiciones acompañarán las operaciones, y qué responsabilidades asumirá la Provincia ante eventuales dificultades financieras.

Las explicaciones del equipo económico buscaron transmitir tranquilidad sobre la magnitud de las autorizaciones, pero el debate legislativo deberá determinar si los mecanismos previstos ofrecen suficiente previsibilidad y control.

Un Presupuesto de casi $19 billones que se debate en apenas dos semanas

Más allá de los tres temas específicos, otro de los aspectos que atraviesa la discusión es la velocidad con la que el oficialismo busca avanzar en la aprobación del Presupuesto 2027.

El proyecto ingresó al Senado el pasado 5 de noviembre y, en esa misma jornada, se acordó otorgarle tratamiento preferencial para la sesión del jueves 19.

Esto significa que la Cámara alta podría conceder media sanción a una de las leyes más importantes del año después de aproximadamente dos semanas de análisis parlamentario.

La reunión con los ministros se realizó apenas un día antes de esa sesión, cuando todavía existían consultas pendientes y posibilidades de modificar artículos relevantes.

La situación plantea una discusión institucional que excede las diferencias partidarias: si el tiempo destinado al tratamiento permite examinar con suficiente profundidad las autorizaciones financieras, las nuevas herramientas de administración y las prioridades de gasto.

El Presupuesto no es solamente una proyección contable. También define el destino de los recursos públicos, establece facultades para el Poder Ejecutivo y condiciona las políticas que se ejecutarán durante todo el ejercicio siguiente.

En ese contexto, la celeridad parlamentaria puede facilitar la planificación del Gobierno, pero también reduce el margen disponible para estudiar modificaciones y evaluar sus consecuencias.

Olivares defendió el intercambio y aseguró que tomaron nota de las inquietudes

Al finalizar la reunión, Pablo Olivares fue el principal vocero del encuentro y destacó la disposición de los senadores para plantear consultas y propuestas.

El ministro calificó la jornada como “grata y productiva” y sostuvo que el tratamiento legislativo constituye una instancia necesaria para ampliar la información disponible.

“En el proceso deliberativo amerita tener toda la información, evacuar las consultas que cada legislador, en este caso cada senador, desee. Inclusive, como Poder Ejecutivo, recibir aportes e inquietudes desde una mirada distinta de lo que es ocupar el Poder Ejecutivo, que a veces son inquietudes constructivas”, expresó.

El funcionario indicó que el equipo económico tomó nota de los planteos realizados y que se procuró brindar las explicaciones necesarias para que cada legislador pudiera evaluar el proyecto.

Sin embargo, el reconocimiento de consultas que todavía requieren respuestas y la posibilidad de introducir modificaciones a pocas horas de la votación muestran que algunos aspectos de la iniciativa continúan en discusión.

La reunión contó también con la participación de la secretaria de Hacienda, Belén Echeverría; el subsecretario de Hacienda, Pablo Gorbán; y el secretario Legal y Técnico de Economía, Pablo Rangel.

Michlig ratificó la intención de avanzar rápidamente con la media sanción

El encuentro fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, quien destacó la importancia del diálogo entre los representantes legislativos y el Poder Ejecutivo.

“Siempre es bueno el intercambio y la posibilidad de seguir gestionando juntos las políticas públicas, e intentar dar respuestas en conjunto a los santafesinos en momentos de dificultades, teniendo en cuenta la importancia del presupuesto”, afirmó.

Michlig también ratificó la disposición de la Cámara a otorgar al proyecto un tratamiento con la mayor celeridad posible, con el objetivo de que continúe posteriormente su recorrido en la Cámara de Diputados.

La definición confirma que, pese a los interrogantes planteados, el oficialismo mantiene su intención de avanzar con la media sanción durante la sesión prevista para este jueves.

En la reunión participaron senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, entre ellos Rodrigo Borla, Esteban Motta, Paco Garibaldi, Ciro Seisas, Leticia Di Gregorio, Orfilio Marcón, Leonardo Diana y Germán Giacomino.

Por el justicialismo estuvieron presentes Alcides Calvo, Armando Traferri, Osvaldo Sosa y Eduardo Rosconi.

La presencia de ambas bancadas permitió trasladar consultas al equipo económico, aunque no implica que exista un acuerdo definitivo sobre todos los artículos ni sobre las eventuales modificaciones.

Los principales números del Presupuesto 2027

El proyecto presentado por el Gobierno de Maximiliano Pullaro contempla recursos totales por $18,88 billones y gastos estimados en $18,87 billones, con un resultado financiero positivo proyectado de $919 millones.

Entre las principales asignaciones se encuentran:

  • Educación, Cultura y Deporte: $4 billones.
  • Seguridad: $2,3 billones.
  • Salud: $1,8 billones.
  • Infraestructura Productiva: $1,92 billones.
  • Obras Públicas y Vivienda: $2,13 billones.
  • Municipios y comunas: $1,9 billones, considerando coparticipación y otros fondos específicos.

La propuesta oficial sostiene el objetivo de equilibrio financiero y contempla inversiones en infraestructura, equipamiento y servicios esenciales.

Sin embargo, la existencia de un resultado financiero positivo proyectado no resuelve por sí sola las preguntas sobre cómo se administrarán determinados recursos, qué obligaciones futuras se asumirán y cuáles serán los controles sobre nuevas autorizaciones de gasto y financiamiento.

Precisamente, esos aspectos se encuentran entre las cuestiones que motivaron consultas durante la reunión con el equipo económico.

Tres temas sensibles y una decisión legislativa

El Presupuesto 2027 se encamina hacia su primera votación legislativa con una particularidad: a menos de 24 horas de la sesión, todavía se analizan posibles cambios sobre disposiciones relevantes del proyecto.

El Fondo de Infraestructura Agropecuaria abre preguntas sobre la administración de recursos y la compensación de partidas. El artículo 69 requiere mayor precisión sobre el financiamiento y la participación público-privada en eventos. Y las autorizaciones de deuda para empresas estatales obligan a evaluar condiciones financieras y responsabilidades futuras.

Las explicaciones de Pablo Olivares permitieron exponer los argumentos del Gobierno, pero no eliminaron todas las cuestiones que motivaron el intercambio con los senadores.

La discusión también deja planteado un interrogante sobre el procedimiento parlamentario: si una ley que define el uso de casi 19 billones de pesos y habilita decisiones financieras de largo alcance puede ser examinada suficientemente cuando los legisladores reciben aclaraciones y consideran modificaciones apenas un día antes de votarla.

El Gobierno provincial busca contar cuanto antes con la principal herramienta de planificación económica para 2027. La Legislatura, mientras tanto, tiene la responsabilidad de determinar si las explicaciones recibidas son suficientes y si los artículos en discusión ofrecen garantías adecuadas de transparencia, control y previsibilidad.

Porque el verdadero debate no se agota en aprobar un Presupuesto equilibrado, sino también en establecer con claridad quién administrará los fondos, bajo qué condiciones se utilizarán y qué controles existirán sobre las decisiones que comprometan recursos públicos.

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Juan Francisco

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