En una sesión conjunta de ambas cámaras, la Legislatura de Santa Fe resolvió destituir a Shirli Soledad Tomasso por presuntas irregularidades en la tramitación de 37 investigaciones penales. La decisión abrió una fuerte controversia política y judicial: apenas unos meses antes, la misma Legislatura había aprobado por unanimidad su pliego para desempeñarse como jueza penal en Rafaela. En el medio, la funcionaria había denunciado por presunta violencia laboral a su superior, el fiscal regional Carlos María Vottero, quien posteriormente impulsó cuestionamientos sobre su desempeño. Legisladores opositores denunciaron arbitrariedad, cuestionaron la proporcionalidad de la sanción y plantearon interrogantes sobre el procedimiento. En los pasillos legislativos también circularon versiones sobre presuntos respaldos políticos a Vottero.
La Legislatura de Santa Fe protagonizó una de las sesiones conjuntas más controvertidas de los últimos tiempos al resolver la destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se desempeñaba en la ciudad de Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio.
La decisión se adoptó después de un extenso debate que expuso diferencias entre los bloques legislativos, cuestionamientos al funcionamiento de la Comisión Bicameral de Acuerdos y una discusión de fondo sobre los mecanismos que utiliza el poder político para sancionar a fiscales y defensores.
La acusación contra Tomasso estuvo relacionada con presuntas demoras y falta de diligencias en 37 investigaciones penales, principalmente vinculadas con delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, el expediente disciplinario no fue el único asunto que concentró la atención.
La principal contradicción política señalada por quienes rechazaron la destitución fue que la misma Legislatura que ahora consideró a Tomasso incapaz de continuar ejerciendo como fiscal había aprobado, pocos meses antes y por unanimidad, su pliego para convertirse en jueza penal en Rafaela.
Entre una decisión y otra apareció un antecedente que adquirió especial relevancia durante el debate: la denuncia presentada por la funcionaria contra su superior jerárquico, el fiscal regional Carlos María Vottero, por presuntos hechos de violencia laboral, hostigamiento y maltrato psicológico.
Esa secuencia de acontecimientos alimentó las sospechas de algunos legisladores sobre la motivación y la proporcionalidad de la sanción, aunque no constituye por sí misma una prueba de represalia.
De la unanimidad para ser jueza a la destitución: la contradicción que atravesó el debate
Uno de los aspectos más llamativos del caso Tomasso es el contraste entre las evaluaciones que recibió la funcionaria en un período relativamente breve. Según recordaron legisladores que cuestionaron la resolución, apenas cuatro meses antes la Legislatura había aprobado por unanimidad su pliego para desempeñarse como jueza penal en Rafaela.
Aquella decisión suponía un respaldo institucional a su postulación para ocupar un cargo de responsabilidad dentro del Poder Judicial. Sin embargo, meses después, el mismo ámbito legislativo terminó resolviendo su destitución del Ministerio Público de la Acusación. La diferencia entre ambas decisiones generó interrogantes que atravesaron el debate parlamentario.
¿Qué cambió entre la aprobación unánime del pliego judicial y la decisión de aplicar la máxima sanción disciplinaria? ¿Cuáles fueron los antecedentes considerados en cada instancia? ¿Las presuntas irregularidades ya existían cuando se evaluó su postulación?
Estas preguntas resultan relevantes porque la aprobación de un pliego y la resolución de un procedimiento disciplinario son procesos distintos, pero ambos involucran una valoración institucional sobre la trayectoria y las condiciones de una funcionaria judicial.
La acusación sostuvo que existían irregularidades suficientemente graves como para justificar la remoción. En cambio, los legisladores que rechazaron esa conclusión consideraron que el procedimiento no había despejado adecuadamente las dudas sobre el contexto en el que surgieron los cuestionamientos.
El contraste entre la unanimidad anterior y la destitución posterior se convirtió así en uno de los puntos políticos más sensibles del caso.
La denuncia contra Vottero y las sospechas de una represalia
El procedimiento disciplinario adquirió una dimensión especialmente controvertida por los antecedentes de conflicto entre Tomasso y su superior jerárquico. La funcionaria había denunciado al fiscal regional Carlos María Vottero por presuntos episodios de violencia laboral, hostigamiento y maltrato psicológico.
Posteriormente, Vottero formuló cuestionamientos sobre su desempeño funcional, mientras que el procedimiento disciplinario que terminó en la Legislatura fue impulsado mediante una acusación elevada por el auditor general del MPA, Leandro Mai.
Durante la sesión, representantes de la oposición señalaron que esa secuencia debía ser considerada al evaluar las acusaciones. El diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, planteó que la destitución podía estar relacionada con la denuncia previa contra Vottero.
Desde ese sector sostuvieron que Tomasso había recibido evaluaciones favorables antes del conflicto con su superior y que posteriormente comenzaron a acumularse cuestionamientos sobre su actuación.
La hipótesis de una represalia fue expresada por legisladores opositores, pero no quedó acreditada como un hecho probado en la información disponible sobre la sesión.
La distinción es fundamental: la existencia de una denuncia previa y de un posterior procedimiento disciplinario constituye un antecedente relevante que merece ser examinado, pero no demuestra automáticamente que las actuaciones contra la fiscal hayan tenido una motivación persecutoria.
Precisamente por eso, uno de los interrogantes es si durante el procedimiento se evaluaron suficientemente los antecedentes del conflicto laboral y las garantías de independencia e imparcialidad.
Los respaldos políticos a Vottero, otra versión que circuló en la Legislatura
La controversia también estuvo atravesada por comentarios y versiones políticas que circularon en el ámbito legislativo. Entre esas versiones se mencionaron presuntos respaldos al fiscal regional Carlos María Vottero por parte de la fiscal general del MPA, Cecilia Vranicich, y del senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo.
Esos señalamientos forman parte de las interpretaciones políticas que rodearon el caso, pero no se cuenta con documentación ni testimonios identificados que permitan afirmar que Vranicich o Gramajo intervinieron para favorecer a Vottero o influir en la destitución de Tomasso.
No obstante, la circulación de esas versiones muestra el nivel de desconfianza que despertó el procedimiento en determinados sectores políticos. La cuestión de fondo es si el conflicto entre una fiscal y su superior fue examinado con garantías suficientes y si la decisión disciplinaria respondió exclusivamente a las irregularidades funcionales atribuidas a Tomasso.
Una resolución de esta gravedad exige no solamente fundamentos jurídicos y administrativos, sino también transparencia sobre los antecedentes y las circunstancias en las que se desarrolló el proceso.
Las 37 investigaciones que fundamentaron la acusación
El procedimiento contra Tomasso estuvo centrado en 37 investigaciones penales tramitadas en la Unidad Fiscal de Tostado, perteneciente a la Fiscalía Regional 5.
Según la acusación, 35 de esos expedientes correspondían a investigaciones por abuso sexual y dos a homicidios.
Los cuestionamientos apuntaron a presuntas demoras en la tramitación de las causas y a la falta de diligencias necesarias para avanzar en determinadas investigaciones.
El diputado radical Marcelo González actuó como acusador en el procedimiento desarrollado ante la Comisión Bicameral de Acuerdos y defendió en el recinto la aplicación de la máxima sanción.
Durante su exposición, presentó argumentos relacionados con los tiempos de tramitación de los expedientes y las consecuencias que, según la acusación, habían tenido las omisiones atribuidas a la fiscal.
Uno de los casos mencionados estuvo vinculado con una investigación por abuso sexual de un menor, en la que se cuestionó una demora de aproximadamente 11 meses para solicitar un allanamiento.
González también sostuvo que en otras causas las actuaciones atribuidas a Tomasso habían perjudicado el funcionamiento del servicio de justicia y comprometido las posibilidades de avanzar en la persecución penal.
La gravedad de los delitos investigados y la necesidad de garantizar respuestas judiciales oportunas fueron argumentos centrales de quienes respaldaron la destitución.
Las demoras injustificadas en investigaciones penales pueden afectar los derechos de las víctimas, dificultar la obtención de pruebas y comprometer la eficacia del sistema judicial.
Sin embargo, el debate legislativo también giró alrededor de una cuestión diferente: si todas las demoras podían atribuirse individualmente a la funcionaria y si las irregularidades justificaban su expulsión definitiva del organismo.
Las condiciones de trabajo en Tostado y el debate sobre la responsabilidad individual
Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Tomasso estuvo relacionado con las dificultades materiales y operativas que enfrentan las fiscalías del norte santafesino. Durante la sesión, Palo Oliver cuestionó que la evaluación del desempeño de una funcionaria pudiera realizarse sin considerar las condiciones en las que desarrolla sus tareas.
Entre los aspectos mencionados aparecieron la disponibilidad de personal, la cantidad de colaboradores, las distancias territoriales y las dificultades operativas propias de una jurisdicción extensa.
El departamento 9 de Julio presenta características geográficas que pueden condicionar el funcionamiento cotidiano de los organismos judiciales, especialmente cuando deben intervenir en investigaciones que requieren desplazamientos, coordinación con fuerzas de seguridad y diligencias en diferentes localidades.
Desde esa perspectiva, la oposición planteó que el análisis debía distinguir entre las responsabilidades individuales de la fiscal y las limitaciones estructurales del servicio de justicia. La pregunta que quedó planteada es hasta qué punto las demoras investigadas respondieron a decisiones u omisiones personales y cuánto pudieron influir las condiciones de funcionamiento de la Fiscalía de Tostado.
Para los legisladores que defendieron la destitución, las irregularidades atribuidas a Tomasso tenían suficiente entidad para justificar la sanción. Para quienes votaron en contra, en cambio, no se había demostrado que la expulsión fuera una respuesta proporcionada frente al conjunto de circunstancias examinadas.
Una votación dividida, ausencias llamativas y un Senado sin oposición presente
La sesión conjunta dejó una fotografía política que también merece atención.
El recuento de votos fue, 14 senadores votaron a favor de la destitución, mientras que en Diputados se registraron 30 votos afirmativos, 10 negativos y tres abstenciones. Ese detalle arroja un total de 44 votos favorables, 10 contrarios y tres abstenciones. La destitución obtuvo un amplio respaldo legislativo, aunque no alcanzó unanimidad en la Cámara de Diputados.
Pero ese resultado estuvo acompañado por un dato político importante: ninguno de los cinco senadores justicialistas participó de la sesión. Los ausentes fueron Rubén Pirola, Alcides Calvo, Hugo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi. Por lo tanto, la unanimidad registrada en la Cámara alta correspondió a los senadores presentes y no a la totalidad de sus integrantes.
En Diputados también se registraron ausencias significativas, entre ellas la presidenta de la Cámara, Clara García, y las legisladoras socialistas Lionella Cattalini, María del Rosario Mancini y Gisel Mahmud. Las ausencias adquirieron relevancia porque la resolución involucraba la destitución de una funcionaria judicial y porque el procedimiento ya había generado diferencias entre los espacios políticos.
Palo Oliver y Peralta cuestionaron la sanción máxima
Entre los legisladores que rechazaron la destitución se destacaron Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, y Emiliano Peralta, de Somos Vida. Aunque pertenecen a espacios políticos con diferencias ideológicas, ambos coincidieron en cuestionar la proporcionalidad de la medida.
Palo Oliver sostuvo que la decisión era excesiva y planteó reparos sobre el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Acuerdos. También vinculó el procedimiento con la denuncia previa presentada por Tomasso contra Vottero y consideró que ese antecedente debía ser examinado.
Por su parte, Peralta cuestionó que se aplicara directamente la máxima sanción y sostuvo que una suspensión de 180 días podría haber constituido una respuesta disciplinaria alternativa.
Los planteos opositores no implicaron necesariamente desconocer la gravedad de las irregularidades atribuidas a la funcionaria, sino discutir si esas conductas habían sido evaluadas con las garantías correspondientes y si justificaban su destitución.
La diferencia central fue entre quienes consideraron acreditado un mal desempeño suficientemente grave para removerla y quienes entendieron que existían circunstancias que hacían desproporcionada esa decisión.
El dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos tampoco había sido unánime, otro elemento que anticipaba las diferencias que posteriormente se manifestaron en el recinto.
Una Comisión Bicameral cuestionada y una Constitución que prevé otro mecanismo
El debate también dejó al descubierto una discusión institucional que excede el caso Tomasso. Durante su intervención, Palo Oliver calificó a la Comisión Bicameral de Acuerdos como una “Comisión Inquisidora”, al cuestionar el sistema mediante el cual la Legislatura interviene en procedimientos disciplinarios contra fiscales y defensores.
La discusión adquirió especial relevancia porque la Constitución de Santa Fe reformada en 2025 prevé un nuevo esquema institucional para el tratamiento de este tipo de situaciones.
Ese modelo contempla la intervención de un Consejo de la Magistratura con participación de distintos sectores vinculados con el sistema judicial, en reemplazo del mecanismo legislativo vigente para determinadas decisiones disciplinarias. Sin embargo, su implementación requiere una ley que todavía no fue sancionada.
El presidente del bloque socialista, Joaquín Blanco, reconoció durante la sesión la incomodidad que genera continuar utilizando el procedimiento actual. El legislador señaló que habían transcurrido 14 meses sin que se avanzara con la legislación necesaria para adecuar el sistema al nuevo marco constitucional.
La cláusula transitoria correspondiente contempla un plazo que llega hasta septiembre de 2027 para la sanción de la nueva normativa.
La destitución de Tomasso se resolvió, por lo tanto, mediante un procedimiento cuya modificación ya fue prevista por la Constitución provincial, pero que continúa vigente mientras no se sancione la legislación correspondiente.
Esta circunstancia no invalida automáticamente la decisión adoptada, aunque sí refuerza la importancia del debate sobre las garantías, la independencia judicial y la intervención del poder político en los procedimientos disciplinarios.
La destitución y la restricción de diez años
Con la resolución de la Legislatura, Shirli Soledad Tomasso quedó removida de su cargo como fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación.
Según una de las crónicas difundidas, la decisión también incluyó una restricción de diez años vinculada con el desempeño o acceso a dependencias del MPA.
El alcance jurídico exacto de esa restricción debe corroborarse con la resolución legislativa, ya que la información periodística disponible no permite precisar si se trata de una inhabilitación para ejercer funciones dentro del organismo u otra medida específica.
La destitución representa la sanción institucional más severa dentro del procedimiento examinado y pone fin a la continuidad de Tomasso en el cargo que desempeñaba.
Sin embargo, la decisión no elimina los cuestionamientos que surgieron durante el debate.
La denuncia previa contra su superior, la aprobación unánime de su pliego judicial, las condiciones de trabajo en Tostado y las diferencias sobre la proporcionalidad de la sanción siguen formando parte de una controversia que excede el resultado de la votación.
Una destitución que deja más preguntas que respuestas
El caso Tomasso reúne elementos que merecen un análisis institucional profundo.
Por un lado, la acusación describió presuntas irregularidades en investigaciones de delitos especialmente graves, que requieren respuestas oportunas del sistema judicial y cuya demora puede afectar seriamente a las víctimas.
Por otro, la defensa y distintos legisladores opositores señalaron circunstancias que, a su entender, no fueron suficientemente consideradas antes de aplicar la sanción máxima.
Entre ellas se encuentra una contradicción política difícil de ignorar: la misma Legislatura que meses antes había aprobado por unanimidad el pliego de Tomasso para convertirse en jueza penal terminó resolviendo su destitución como fiscal.
A ello se suma la denuncia que la funcionaria había presentado contra su superior jerárquico y las sospechas expresadas por sectores opositores sobre una posible represalia.
También aparecieron versiones sobre presuntos respaldos políticos al fiscal regional Vottero, aunque esas afirmaciones requieren pruebas y no pueden considerarse hechos establecidos.
La resolución deja interrogantes que merecen respuestas concretas: ¿qué antecedentes conocían los legisladores cuando aprobaron el pliego de Tomasso? ¿Qué hechos nuevos o evaluaciones posteriores justificaron un cambio tan drástico? ¿Se investigó adecuadamente el conflicto previo con Vottero? ¿Se consideraron las limitaciones operativas de la Fiscalía de Tostado?
Finalmente, la sesión volvió a poner sobre la mesa una deuda institucional: la necesidad de reglamentar el nuevo mecanismo previsto por la Constitución santafesina para que este tipo de procedimientos cuente con reglas claras y garantías suficientes.
La Legislatura resolvió destituir a Shirli Tomasso. Pero el debate dejó abierta una discusión mucho más profunda: cómo garantizar que las sanciones a funcionarios judiciales respondan exclusivamente a conductas acreditadas y no puedan quedar atravesadas por conflictos jerárquicos, disputas políticas o sospechas de arbitrariedad.




