20/11/2026 12:17 pm

La Justicia santafesina, entre el control político y las sospechas de falta de independencia

La destitución de una fiscal reavivó las discusiones sobre la relación entre el Ejecutivo, la Legislatura y el Ministerio Público. Las reformas impulsadas desde 2023 muestran la magnitud de los cambios institucionales en la provincia.

La destitución de Shirli Tomasso, fiscal de Tostado que había denunciado a su superior y meses antes había recibido el respaldo unánime de la Legislatura para convertirse en jueza, volvió a encender las alarmas institucionales en Santa Fe. Desde diciembre de 2023, Maximiliano Pullaro impulsó modificaciones que ampliaron su discrecionalidad para seleccionar magistrados, protagonizó una renovación casi completa de la Corte Suprema y promovió una reforma constitucional que transformó la organización judicial. Mientras el Gobierno presenta estos cambios como una modernización del sistema, crecen los cuestionamientos sobre la concentración de poder y la independencia de quienes deben controlar al Ejecutivo.

La destitución de la fiscal Shirli Soledad Tomasso, resuelta este jueves por la Legislatura de Santa Fe, volvió a exponer una discusión institucional que el Gobierno de Maximiliano Pullaro parece decidido a minimizar: la creciente influencia del poder político sobre la estructura judicial santafesina. Lo ocurrido con la funcionaria de Tostado no puede analizarse únicamente como un procedimiento disciplinario por presuntas demoras en investigaciones penales. Su salida se produce después de casi tres años de decisiones gubernamentales que modificaron profundamente los mecanismos de selección de magistrados, la composición de la Corte Suprema y la relación entre la Casa Gris y los organismos encargados de investigar delitos.

Desde diciembre de 2023, Pullaro ha demostrado que la Justicia ocupa un lugar central en su proyecto de poder. Primero modificó las reglas para elegir jueces y fiscales, eliminando el orden de mérito que permitía distinguir a los postulantes mejor evaluados. Después impulsó una renovación que terminó modificando seis de los siete lugares de la Corte Suprema. Más tarde, como protagonista de la reforma constitucional de 2025, participó de la redefinición institucional del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública. El resultado es un sistema judicial profundamente transformado durante un mismo mandato, con un gobernador que ganó protagonismo en decisiones fundamentales para la integración y el funcionamiento de los organismos que deben controlar al propio Estado.

La pregunta ya no es solamente si cada modificación se ajustó a los procedimientos legales. La cuestión es qué ocurre con el equilibrio republicano cuando tantas decisiones sobre la Justicia quedan concentradas en un mismo proyecto político. Y, especialmente, qué garantías tienen los magistrados y fiscales para actuar con independencia cuando sus decisiones pueden entrar en conflicto con los intereses de quienes gobiernan.

El primer paso: eliminar el mérito y ampliar el poder de elección del gobernador

En mayo de 2024, mediante la Resolución 0659, el Gobierno provincial modificó el reglamento de selección de jueces, fiscales y defensores públicos. La decisión eliminó el orden de mérito y reemplazó las calificaciones diferenciadas por dos categorías: “Superó” y “No superó”. Desde entonces, todos los aspirantes que aprueban quedan habilitados para ser considerados por el Ejecutivo, sin una clasificación que permita identificar públicamente quién obtuvo el mejor desempeño. La Casa Gris defendió el cambio como una herramienta para agilizar los concursos y cubrir vacantes, pero la modificación tuvo una consecuencia política concreta: amplió el margen de discrecionalidad del gobernador para elegir entre los candidatos aprobados.

La diferencia no es menor. Antes, aunque el orden de mérito no resultaba vinculante, permitía advertir cuando el Ejecutivo prefería a un postulante con menor calificación. Ahora, esa comparación perdió relevancia dentro del procedimiento formal. Desde sectores judiciales se cuestionó que la reforma debilitara los criterios objetivos de selección y otorgara mayor peso a la decisión política. El problema no es que el gobernador participe de las designaciones, una atribución prevista institucionalmente, sino que haya impulsado un sistema con menos herramientas públicas para controlar por qué elige a una persona y descarta a otra. En una provincia que necesita magistrados independientes, eliminar las diferencias de mérito como referencia constituye una decisión difícil de justificar únicamente con argumentos de rapidez administrativa.

Una Corte Suprema prácticamente nueva durante un mismo mandato

El segundo movimiento fue todavía más profundo: la renovación de la Corte Suprema de Justicia. Durante la actual etapa política, el máximo tribunal provincial atravesó una transformación que dejó seis nuevos integrantes sobre un total de siete. Jorge Baclini, Rubén Weder, Margarita Zabalza, Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini pasaron a integrar la nueva conformación, mientras Daniel Erbetta permaneció como representante de la integración anterior. La reforma constitucional de 2025, en la que Pullaro participó como convencional constituyente, incorporó además disposiciones vinculadas con la edad y permanencia de los magistrados, en medio de un proceso de renovación que ya estaba en marcha.

El oficialismo puede argumentar que se trató de una actualización institucional necesaria y que los procedimientos de designación contemplaron los mecanismos legales correspondientes. Sin embargo, resulta imposible desconocer el peso político de que un mismo gobernador haya tenido protagonismo en la transformación de casi toda la Corte Suprema durante su mandato. No se trata de afirmar que los nuevos magistrados respondan a órdenes del Ejecutivo, algo que requeriría pruebas concretas. Se trata de advertir que el máximo tribunal es, precisamente, uno de los organismos llamados a revisar la constitucionalidad de las decisiones del poder político. Cuando el gobierno que debe ser controlado participa decisivamente en la renovación de quienes tendrán la responsabilidad de controlarlo, la independencia judicial deja de ser una discusión abstracta y se convierte en una exigencia democrática fundamental.

La reforma constitucional y un Ministerio Público cuya independencia deberá demostrarse

La reforma constitucional santafesina de 2025 también modificó la organización del sistema judicial y estableció un nuevo encuadre institucional para el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. La autonomía de ambos organismos fue presentada como un avance para fortalecer su funcionamiento. Sin embargo, la independencia escrita en una Constitución no garantiza, por sí sola, independencia frente a la Casa Gris. Para que exista autonomía real, los fiscales deben poder investigar cualquier delito, incluso aquellos que puedan comprometer a funcionarios o sectores vinculados con el Gobierno, sin temor a presiones, condicionamientos o consecuencias sobre sus carreras.

La discusión adquiere mayor importancia cuando se observa la estrecha coordinación política e institucional entre el Ejecutivo y la conducción del MPA. Esa cooperación puede resultar necesaria para implementar políticas de seguridad, pero tiene un límite que no debería desdibujarse: el gobernador no conduce las investigaciones penales ni debe determinar qué fiscales merecen respaldo por su alineamiento con los objetivos oficiales. La transformación constitucional obliga, por lo tanto, a mirar más allá de las declaraciones sobre autonomía y examinar cómo funcionan efectivamente las designaciones, los controles, los presupuestos y las decisiones disciplinarias. Porque un organismo puede ser independiente en su diseño jurídico y, al mismo tiempo, estar expuesto a fuertes influencias políticas en su funcionamiento cotidiano.

Vranicich, la fiscal general que Pullaro salió a defender públicamente

El 1 de octubre de 2026, durante un encuentro de fiscales y procuradores realizado en la Estación Fluvial de Rosario, Pullaro dejó una señal política contundente sobre su relación con la conducción del Ministerio Público de la Acusación. “Nosotros vamos a defender al Ministerio Público de la Acusación. Y vamos a defender el liderazgo de la doctora María Cecilia Vranicich”, afirmó ante representantes de distintas provincias. El gobernador también denunció supuestas operaciones mediáticas y habló de “manos negras” que buscaban desprestigiar al organismo. Sus declaraciones fueron acompañadas por una defensa de los resultados de su política de seguridad y del trabajo conjunto con los fiscales.

El respaldo no fue una expresión menor ni una simple formalidad institucional. Pullaro decidió involucrar directamente su autoridad política en la defensa pública de la máxima responsable de la persecución penal santafesina, en un momento en que el MPA atravesaba cuestionamientos y controversias. Defender el funcionamiento de un organismo es una atribución legítima; convertir la defensa de su conducción en una posición política personal exige mayores cuidados. Vranicich debe responder a sus responsabilidades legales y no a la confianza del gobernador. No existen elementos suficientes para afirmar que reciba instrucciones políticas en expedientes concretos, pero la cercanía pública entre ambos obliga a preguntarse cómo se preserva la autonomía del Ministerio Público cuando su principal autoridad cuenta con un respaldo tan explícito de la Casa Gris.

El caso Tomasso: la destitución que vuelve a poner todo bajo sospecha

En este escenario se produjo la destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta de Tostado, acusada de presuntas demoras y falta de diligencias en 37 investigaciones penales, 35 vinculadas con delitos contra la integridad sexual y dos con homicidios. La acusación, elevada por el auditor general del MPA, Leandro Mai, fue examinada por la Comisión Bicameral de Acuerdos. El diputado radical Marcelo González defendió la sanción máxima y mencionó, entre otros antecedentes, una demora de aproximadamente once meses para solicitar un allanamiento en una investigación por abuso sexual de un menor. Se trata de cuestionamientos graves que deben ser investigados con rigor, porque las demoras judiciales pueden afectar los derechos de las víctimas y comprometer la persecución penal.

Pero el caso presenta una contradicción institucional que la Legislatura no logró despejar satisfactoriamente durante el debate político: apenas unos meses antes, la misma institución había aprobado por unanimidad el pliego de Tomasso para desempeñarse como jueza penal en Rafaela. ¿Cómo se explica que una profesional considerada apta para ocupar un cargo judicial recibiera poco después la máxima sanción por su desempeño como fiscal? ¿Qué antecedentes conocían los legisladores cuando aprobaron su pliego? ¿Qué cambió entre ambas decisiones? La aprobación anterior no impide que puedan descubrirse irregularidades posteriores, pero la magnitud del giro institucional exige explicaciones precisas. Más todavía cuando, entre ambos acontecimientos, aparece una denuncia presentada por la funcionaria contra su superior jerárquico.

Denunció a Vottero y terminó destituida: una secuencia que exige explicaciones

Tomasso había denunciado al fiscal regional Carlos María Vottero por presuntos hechos de violencia laboral, hostigamiento y maltrato psicológico. Posteriormente surgieron cuestionamientos sobre su desempeño que desembocaron en el procedimiento disciplinario. Durante la sesión, el diputado Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía, planteó la posibilidad de que existiera una represalia y cuestionó la proporcionalidad de la sanción. También recordó las dificultades materiales y operativas de las fiscalías del norte provincial. Desde Somos Vida, Emiliano Peralta consideró excesiva la destitución y sostuvo que una suspensión de 180 días podía constituir una alternativa.

La sucesión de acontecimientos no prueba automáticamente una persecución, pero tampoco puede despacharse como una simple coincidencia administrativa. Una fiscal denuncia a su superior, recibe posteriormente cuestionamientos disciplinarios y termina removida pese a haber obtenido meses antes el respaldo legislativo para convertirse en jueza. En los ámbitos políticos también circularon versiones sobre presuntos respaldos a Vottero por parte de Cecilia Vranicich y del senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, aliado político del oficialismo. Esos señalamientos no cuentan, en la documentación analizada, con pruebas suficientes para afirmar una intervención irregular de ambas autoridades. Tampoco está acreditado que Tomasso haya sido destituida por negarse a cumplir pedidos del senador. Precisamente por la gravedad de esas sospechas, el Gobierno, el MPA y la Legislatura deberían ofrecer la máxima transparencia sobre las actuaciones y los antecedentes del procedimiento, en lugar de permitir que las dudas continúen erosionando la confianza institucional.

El antecedente de Aguirre Guarrochena y el riesgo de disciplinar a quienes discrepan

Las controversias sobre la relación entre la política y la Justicia también remiten al caso de María Dolores Aguirre Guarrochena, jueza de menores de Rosario, mencionado en el debate público por sus diferencias con determinadas actuaciones vinculadas con la política de seguridad. El episodio vuelve a plantear una cuestión sensible: qué ocurre cuando un magistrado adopta una decisión que no coincide con las expectativas del Ejecutivo o de los organismos encargados de investigar delitos.

Sin embargo, el principio institucional que atraviesa estos conflictos es indiscutible. Un juez no está para convalidar automáticamente los procedimientos policiales y un fiscal no está obligado a satisfacer las expectativas políticas de un gobierno. Su responsabilidad es actuar conforme a la Constitución, las leyes y las pruebas de cada expediente. Si una decisión judicial es incorrecta, existen mecanismos legales para revisarla. Si un funcionario comete una falta grave, corresponde investigarla y sancionarla. Lo que nunca debería admitirse es que las diferencias de criterio se conviertan en un motivo de presión o disciplinamiento. Ese es el límite que una administración comprometida con la independencia judicial debe garantizar, incluso cuando las resoluciones resulten incómodas para su política de seguridad.

Una Justicia con escándalos propios que tampoco puede quedar sin controles

La necesidad de preservar la independencia judicial no significa desconocer los graves problemas que atraviesan las estructuras judiciales santafesinas. Los antecedentes de fiscales y magistrados investigados, sancionados o condenados por corrupción muestran que el sistema necesita controles rigurosos. El exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal fue condenado por su participación en una trama de protección al juego clandestino. También se registraron investigaciones contra otros funcionarios por presuntas irregularidades patrimoniales, encubrimientos y actuaciones incompatibles con sus responsabilidades. Entre los episodios recientes aparecen las investigaciones contra el exfiscal Mariano Ríos Artacho y los procedimientos vinculados con el exjuez federal Marcelo Bailaque, además de auditorías sobre miles de expedientes paralizados en el fuero federal.

Estos casos muestran que la Justicia santafesina arrastra problemas estructurales que no comenzaron con Pullaro y que no pueden atribuirse exclusivamente a su administración. Pero tampoco justifican cualquier intervención política sobre el sistema. La corrupción judicial exige investigaciones, sanciones y mecanismos de selección más transparentes, no necesariamente una mayor concentración de poder en el Ejecutivo. La verdadera reforma no consiste en reemplazar una estructura cuestionada por otra políticamente más cercana, sino en construir instituciones capaces de investigar tanto a los ciudadanos como a los funcionarios y dirigentes que ocupan los lugares más altos del poder. Una Justicia independiente debe estar sometida a controles legales, pero nunca a obediencias partidarias.

La Legislatura sigue destituyendo fiscales con un sistema que la Constitución ordenó cambiar

La destitución de Tomasso también dejó expuesta otra contradicción institucional. La Constitución reformada en 2025 estableció nuevas reglas para el enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, contempladas en los artículos 142 y 143. Sin embargo, la legislación necesaria para poner en funcionamiento el nuevo mecanismo todavía no fue sancionada. La diputada socialista Lionella Cattalini presentó un proyecto para reglamentar un Jurado de Enjuiciamiento con participación de representantes judiciales, legislativos y profesionales. Mientras tanto, la Legislatura continúa interviniendo en procedimientos disciplinarios mediante el esquema vigente.

Durante la sesión, Palo Oliver llegó a calificar a la Comisión Bicameral de Acuerdos como una “Comisión Inquisidora”, mientras el socialista Joaquín Blanco reconoció la incomodidad que genera mantener el mecanismo actual. La provincia reformó su Constitución, pero todavía no puso en funcionamiento las nuevas garantías previstas para el juzgamiento de funcionarios judiciales. La demora legislativa no convierte automáticamente en inválida la destitución de Tomasso, pero evidencia una falta de adecuación institucional que adquiere especial gravedad cuando se aplican sanciones irreversibles. Y también deja una responsabilidad política concreta: el oficialismo, que tuvo capacidad para impulsar transformaciones profundas del sistema judicial, todavía no consiguió completar una reforma fundamental para garantizar procedimientos disciplinarios con nuevas reglas.

Tres años de poder y una pregunta que Pullaro no puede seguir esquivando

La discusión sobre la Justicia santafesina no puede quedar reducida a una sucesión de episodios desconectados. En casi tres años de gestión, Pullaro modificó las reglas para seleccionar magistrados, tuvo protagonismo en la renovación de seis de los siete integrantes de la Corte Suprema, participó de una reforma constitucional que transformó la organización judicial y defendió públicamente a la conducción del Ministerio Público de la Acusación. Ahora, la destitución de una fiscal que había denunciado a su superior y que meses antes había recibido un respaldo legislativo unánime vuelve a encender las sospechas sobre los límites de la influencia política.

El Gobierno tiene derecho a impulsar reformas, proponer magistrados y exigir un sistema judicial eficiente. Lo que no puede pretender es que cada modificación sea interpretada automáticamente como un avance institucional sin someterla a un examen crítico. La legalidad formal de una decisión no agota la discusión sobre sus consecuencias para el equilibrio de poderes. Tampoco alcanza con exhibir resultados en materia de seguridad para dar por cerradas las preguntas sobre la independencia de fiscales y jueces. La eficacia de una política pública no otorga un cheque en blanco para reorganizar instituciones sin controles suficientes.

La concentración de decisiones sobre la Justicia durante un mismo mandato constituye un motivo legítimo de preocupación democrática, incluso cuando no existan pruebas de órdenes directas o interferencias en expedientes concretos. El gobernador debe explicar por qué considera que eliminar el orden de mérito fortalece la selección de magistrados, cómo se garantiza la independencia de una Corte profundamente renovada y qué mecanismos impiden que la cercanía entre el Ejecutivo y el MPA se transforme en condicionamiento político.

El caso Tomasso agrega preguntas todavía más incómodas. ¿Por qué una funcionaria recibió el respaldo unánime para ser jueza y terminó destituida pocos meses después?, ¿Qué garantías se ofrecieron para evaluar su denuncia contra Vottero?, ¿Se investigaron las condiciones de trabajo en Tostado?, ¿La sanción fue proporcional a las irregularidades atribuidas? Y, fundamentalmente, ¿qué mecanismos existen para garantizar que ningún fiscal pueda ser sancionado por conflictos con superiores o dirigentes políticos?

Santa Fe necesita una Justicia capaz de investigar al poder, no una estructura que deba preocuparse por conservar su aprobación. Las reformas impulsadas por Pullaro serán juzgadas, en definitiva, no solamente por los nombres que llegaron a los tribunales o por las leyes sancionadas, sino por la capacidad de las instituciones para actuar con independencia cuando sus decisiones resulten incómodas para el gobernador.

Porque el verdadero límite del poder no se demuestra cuando la Justicia acompaña al Gobierno, sino cuando puede contradecirlo sin sufrir consecuencias por hacerlo.

Juan Francisco 1
Juan Francisco

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