20/11/2026 5:48 pm

“La inacción es inacción”: dura respuesta al Gobierno mientras Arroyo Leyes enfrenta la crecida

Mientras vecinos debieron autoevacuarse por la crecida del Paraná, el Gobierno provincial sostuvo que la defensa oeste presenta problemas técnicos y legales. Un concejal Perottista cuestionó que la gestión Pullaro haya tenido más de dos años para corregirlos sin ofrecer una solución concreta.

La crecida del río Paraná volvió a golpear a las familias de Arroyo Leyes y dejó al descubierto una obra de defensa hídrica que, pese a haber sido proyectada y licitada durante la gestión de Omar Perotti, nunca llegó a ejecutarse. Mientras el Gobierno de Maximiliano Pullaro argumenta que existen impedimentos técnicos y legales para avanzar con el proyecto original, el concejal santafesino Jorge Fernández cuestionó la falta de respuestas y recordó que la Provincia contó con tiempo, recursos y herramientas extraordinarias para corregir cualquier inconveniente. El presidente comunal Eduardo Lorinz también venía reclamando una solución. Con viviendas anegadas, familias autoevacuadas y cientos de personas desplazadas por la crecida en la provincia, la discusión dejó de ser solamente administrativa para convertirse en un problema de responsabilidad política.

La crecida del río Paraná volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de numerosas familias que viven en el corredor de la Ruta Provincial N.º 1 y, particularmente, en sectores de Arroyo Leyes, donde el avance del agua obligó a vecinos a abandonar sus viviendas y desplegar medidas de emergencia para intentar contener la inundación.

Pero mientras las familias enfrentan las consecuencias de la crecida, una discusión política comenzó a cobrar fuerza: ¿por qué la defensa oeste de Arroyo Leyes, proyectada y licitada durante la gestión anterior, nunca se convirtió en una obra concreta?

El Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, sostiene que el proyecto heredado de la administración de Omar Perotti presenta impedimentos técnicos y legales que impiden ejecutarlo en los términos originalmente previstos. La explicación fue ofrecida por la vocera gubernamental Virginia Coudannes, quien señaló que existen problemas relacionados con la altura de la defensa y restricciones normativas para intervenir en determinados sectores.

Sin embargo, la respuesta oficial generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que considera insuficiente atribuir la falta de ejecución a problemas heredados después de casi tres años de gestión.

El concejal de la ciudad de Santa Fe Jorge Fernández, dirigente peronista y exfuncionario provincial, recordó que la obra había sido proyectada, licitada y contaba con una fuente de financiamiento identificada. Además, sostuvo que el actual Gobierno recibió herramientas extraordinarias para intervenir en situaciones de emergencia hídrica y tuvo tiempo suficiente para revisar cualquier inconveniente.

La controversia aparece en un momento especialmente delicado: mientras el Ejecutivo explica por qué no pudo construir la defensa, los vecinos sufren las consecuencias de una crecida que volvió a encontrar a la localidad sin la protección reclamada durante años.

El agua avanzó sobre Arroyo Leyes y los vecinos tuvieron que autoevacuarse

Uno de los episodios más preocupantes se produjo en el loteo Lago del Leyes, ubicado entre los kilómetros 15 y 16 de la Ruta Provincial N.º 1, donde el avance del río superó las defensas que los propios vecinos habían reforzado con bolsas de arena.

El sector contaba con una infraestructura de contención privada construida durante la década de 1970, a la que los residentes habían incorporado medidas adicionales para intentar impedir el ingreso del agua. Sin embargo, durante la madrugada del sábado, la presión de la crecida terminó superando el bolseo y provocó anegamientos en distintos puntos del loteo.

Varias familias debieron autoevacuarse, mientras también se registraron campos inundados y tareas para retirar animales de las zonas afectadas. La comuna dispuso medidas de contención en desagües y mantuvo el monitoreo del comportamiento del río, aunque algunas calles internas quedaron anegadas.

La situación volvió a mostrar los límites de las defensas precarias y de las soluciones individuales frente a fenómenos hídricos de gran magnitud. Los vecinos pueden colocar bolsas de arena, reforzar terraplenes y proteger sus viviendas, pero la planificación y ejecución de infraestructura de defensa requiere decisiones, recursos y coordinación de los distintos niveles del Estado.

Una defensa proyectada en 2023 que nunca llegó a construirse

La obra cuestionada corresponde a la defensa oeste de San José del Rincón y Arroyo Leyes, concebida para proteger sectores vulnerables del corredor costero ante las crecidas del Paraná y otros fenómenos hídricos.

El proyecto contemplaba intervenciones a lo largo de un tramo que se extiende desde Villa Añatí, aproximadamente en el kilómetro 8,2 de la Ruta Provincial N.º 1, hasta el kilómetro 16,7, e incluía un terraplén de contención, estaciones de bombeo y obras complementarias.

Durante la administración de Omar Perotti, la iniciativa avanzó en su desarrollo técnico y fue licitada inicialmente en abril de 2023, con actuaciones posteriores durante el período de transición gubernamental. Su objetivo era fortalecer la protección de las comunidades costeras ante escenarios de crecida, en momentos en que también existía preocupación por las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.

Sin embargo, la licitación no se tradujo en una obra ejecutada. Según los antecedentes aportados, el proyecto no había sido adjudicado cuando se produjo el cambio de gobierno, una circunstancia relevante para establecer las responsabilidades administrativas de cada gestión.

Desde entonces, vecinos y autoridades locales continuaron reclamando avances, sin que se concretara la defensa originalmente anunciada ni se informara públicamente, en las fuentes consultadas, un proyecto alternativo con plazos definidos.

La discusión no consiste únicamente en determinar quién elaboró el proyecto inicial, sino en explicar por qué, después de más de dos años de la actual administración, la zona continúa sin una solución estructural.

La explicación del Gobierno: problemas técnicos y restricciones legales

Frente a los cuestionamientos por la falta de ejecución, la vocera provincial Virginia Coudannes sostuvo que la defensa oeste, tal como fue licitada durante la gestión anterior, presenta obstáculos que impiden avanzar con su construcción. “Tiene una imposibilidad de inviabilidad en lo técnico por la altura de la defensa y también en cuestiones que tienen que ver con la legalidad”, expresó la funcionaria al referirse al proyecto heredado.

También señaló que existen restricciones normativas sobre determinados sectores donde se había previsto intervenir. “Justamente allí es un lugar donde por ley el Estado no puede hacer intervenciones”, afirmó.

La explicación oficial introduce dos cuestiones que requieren precisiones: cuáles son las observaciones técnicas que afectan la altura proyectada y qué disposiciones legales impedirían construir en los sectores mencionados.

Se trata de argumentos que pueden resultar determinantes para la viabilidad de una obra hídrica. Una defensa mal diseñada podría generar nuevos riesgos o trasladar problemas hacia otras áreas, mientras que las restricciones legales deben ser respetadas o abordadas mediante los mecanismos correspondientes.

Pero el Gobierno no anunció, según las declaraciones difundidas, una fecha para presentar un proyecto corregido, una nueva licitación ni un cronograma de ejecución alternativo.

Coudannes indicó que la Secretaría de Recursos Hídricos desarrolla distintos análisis sobre la situación. Sin embargo, la ausencia de precisiones sobre los próximos pasos dejó abierta una pregunta central: si la obra original no puede realizarse, ¿cuál es la solución que propone la gestión Pullaro para proteger a los vecinos?

Jorge Fernández apuntó contra Pullaro: “La inacción es inacción”

La respuesta política más contundente llegó desde la oposición, a través del concejal santafesino Jorge Fernández, quien reconstruyó los antecedentes de la obra y cuestionó directamente los argumentos utilizados por la administración provincial.

Fernández recordó que la defensa fue pensada, proyectada y licitada durante la gestión de Perotti, precisamente para anticiparse a las consecuencias de posibles crecidas extraordinarias.

Según explicó, el proyecto no estaba destinado exclusivamente a un sector de Arroyo Leyes, sino que formaba parte de una estrategia más amplia de protección hídrica del territorio costero.

“Como se trata de una obra fundamental para la protección hídrica de todo el territorio costero, no solamente de la zona de Arroyo Leyes, durante nuestra gestión se avanzó en su proyección técnica y licitación y se identificó una fuente de financiamiento”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó que el actual Gobierno invoque problemas técnicos y legales sin explicar qué acciones concretas desarrolló durante su mandato para resolverlos.

“De existir algún error en el proyecto o alguna situación legal que debía corregirse, como denuncia muy ligeramente Virginia Coudannes, la actual gestión tuvo las herramientas y más de dos años para hacerlo. Sin embargo se sentaron a esperar”, afirmó.

Su planteo apuntó directamente a la responsabilidad de la administración provincial por la falta de avances. “¿Cómo pueden justificar tan livianamente que una obra que había sido proyectada, licitada y que contaba con una fuente de financiamiento identificada no haya avanzado nada durante todo este tiempo?”, preguntó.

Y cerró con una definición que resume su crítica: “La inacción es inacción, aunque quieran tirar la pelota afuera de la cancha”.

Los “papeles mojados” que Pullaro cuestionaba y el financiamiento de la defensa

Otro de los puntos centrales del cuestionamiento de Fernández estuvo relacionado con los recursos previstos para financiar la obra.

El concejal recordó que durante la gestión de Perotti se había identificado como fuente de financiamiento parte de los bonos vinculados con la deuda que la Nación mantenía con la Provincia de Santa Fe.

Según su reconstrucción, esos recursos formaban parte de las herramientas económicas disponibles para avanzar con la defensa hídrica del corredor costero.

Fernández también recuperó una expresión utilizada por Pullaro cuando era diputado provincial y cuestionaba el valor de esos instrumentos financieros.

“Se acuerdan?? El entonces diputado y hoy gobernador los llamaba ‘papeles mojados’”, recordó.

El concejal fue más allá y sostuvo que esos mismos recursos estarían siendo utilizados actualmente para atender necesidades financieras provinciales y completar otras obras.

“Resulta que esos ‘papeles mojados’, que nuestra gestión preveía destinar a la defensa costera, hoy están cubriendo el rojo de la provincia para terminar otras obras quizás bastante menos urgentes”, cuestionó.

La afirmación constituye una denuncia política de Fernández. Para establecer el destino efectivo de esos recursos sería necesario examinar la documentación presupuestaria, financiera y de ejecución correspondiente.

No obstante, el planteo incorpora una discusión relevante: si existía una fuente de financiamiento identificada para la defensa, el Gobierno debería explicar qué ocurrió con esa previsión y si los fondos fueron reasignados, sustituidos o dejaron de estar disponibles.

La emergencia hídrica y las herramientas que recibió el Gobierno

Fernández también recordó que, después del cambio de administración, sectores de la oposición acompañaron legislativamente las herramientas extraordinarias solicitadas por Pullaro.

Entre ellas mencionó la emergencia hídrica, que otorgaba al Estado provincial facultades especiales para intervenir frente a situaciones de riesgo y avanzar con respuestas vinculadas con la infraestructura.

Desde esa perspectiva, el concejal sostuvo que el Ejecutivo contó con instrumentos para revisar los inconvenientes administrativos o técnicos que pudieran afectar al proyecto.

“Si la obra ya había sido licitada y todavía no estaba adjudicada, el Gobierno provincial contaba con las herramientas legales, los recursos financieros y el tiempo necesario para resolver cualquier eventual inconveniente técnico o administrativo”, argumentó.

La existencia de una emergencia no elimina automáticamente las restricciones ambientales, técnicas o legales que puedan afectar una intervención. Tampoco garantiza que un proyecto pueda ejecutarse sin modificaciones.

Pero sí abre un interrogante sobre las medidas adoptadas por la Provincia desde que asumió la actual administración.

Si el Gobierno detectó que la defensa original era inviable, corresponde conocer cuándo llegó a esa conclusión, qué alternativas evaluó, qué gestiones realizó para resolver los obstáculos y por qué todavía no existe una solución anunciada con plazos concretos.

Ese es uno de los puntos más sensibles del reclamo opositor: la falta de ejecución no puede explicarse solamente por las condiciones del proyecto heredado sin informar qué se hizo después para reemplazarlo.

Los reclamos de Eduardo Lorinz y una localidad que sigue esperando respuestas

La falta de avances también fue motivo de reclamos por parte de las autoridades locales.

El presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz, venía planteando la necesidad de concretar la defensa y de contar con medidas estructurales para proteger a las familias de la localidad.

Los reclamos de la comuna se sumaron a los de vecinos y organizaciones que desde hace años advierten sobre la vulnerabilidad de los sectores más bajos del corredor costero.

En ese contexto, la pertenencia política de Lorinz al peronismo introduce una pregunta sobre la relación entre el Gobierno provincial y las administraciones locales de distinto signo político.

¿Recibieron los reclamos de Arroyo Leyes la misma atención que otras demandas de infraestructura impulsadas por gobiernos locales alineados con el oficialismo?

No existen elementos suficientes en las fuentes aportadas para afirmar que la obra haya sido postergada por la identidad partidaria del presidente comunal. Sin embargo, la falta de una respuesta estructural mantiene abierto el debate sobre los criterios utilizados para establecer prioridades.

La protección frente a inundaciones debería responder a evaluaciones de riesgo, necesidades territoriales y criterios técnicos, independientemente de la pertenencia política de las autoridades locales.

Cuando están en juego viviendas, actividades productivas y la seguridad de las familias, las diferencias partidarias no deberían tener ningún peso en la asignación de recursos y en la planificación de las obras.

Más de 460 evacuados y una Provincia que sigue bajo alerta

Mientras se profundiza la discusión por la defensa oeste, la situación hídrica continúa afectando a distintos puntos de Santa Fe.

De acuerdo con el último relevamiento provincial citado por la vocera gubernamental, 462 personas permanecían evacuadas como consecuencia de la crecida.

Coudannes informó que el Paraná había registrado descensos de cuatro centímetros en Reconquista y San Javier y de un centímetro en la ciudad de Santa Fe, indicadores de una incipiente estabilización.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el monitoreo continúa, especialmente en los sectores ribereños y en las localidades ubicadas sobre el corredor de la Ruta Provincial N.º 1.

La Provincia mantiene operativos de asistencia coordinados entre Protección Civil, Salud y los gobiernos locales. En Arroyo Leyes se distribuyeron bolsas de arena, bateas, silobolsas y agua, además de desplegarse equipos sanitarios para acompañar a las familias afectadas.

En la ciudad de Santa Fe también se habilitó un centro de asistencia integral en La Vuelta del Paraguayo, con participación de distintos organismos provinciales y prestadores de servicios.

Estas acciones resultan necesarias para atender la emergencia y reducir sus consecuencias inmediatas.

Pero la asistencia durante una inundación no reemplaza la infraestructura preventiva que debería disminuir la exposición de las comunidades ante futuras crecidas.

El desafío es evitar que las respuestas estatales vuelvan a concentrarse exclusivamente en la emergencia, mientras las obras estructurales continúan postergadas.

La discusión de fondo: por qué la prevención sigue llegando después del agua

El caso de Arroyo Leyes vuelve a mostrar una dificultad recurrente en la gestión de los riesgos hídricos: la distancia entre los anuncios de infraestructura y las obras efectivamente ejecutadas.

La defensa oeste fue concebida para responder a un problema conocido, en una región donde las crecidas del Paraná forman parte de las amenazas que deben contemplarse en la planificación territorial. Su desarrollo administrativo comenzó durante la gestión de Perotti, pero no llegó a traducirse en una construcción terminada.

El Gobierno de Pullaro, por su parte, sostiene que el proyecto heredado presenta impedimentos que impiden ejecutarlo tal como fue concebido.

Ambas circunstancias deben ser consideradas para establecer responsabilidades: la gestión anterior no dejó la obra construida ni adjudicada, mientras que la actual tampoco concretó la defensa ni presentó públicamente una alternativa con plazos definidos.

Sin embargo, después de más de dos años al frente de la Provincia, la administración Pullaro ya no puede limitar su explicación a las decisiones del Gobierno anterior.

La responsabilidad de gobernar también implica corregir proyectos deficientes, resolver obstáculos administrativos, definir prioridades presupuestarias y ofrecer alternativas cuando una obra resulta inviable.

El problema no es solamente que la defensa oeste no se haya construido, sino que los vecinos siguen sin conocer cuándo y de qué manera se resolverá su situación de vulnerabilidad.

Pullaro, una obra pendiente y una responsabilidad política que ya no puede trasladarse

La crecida del Paraná convirtió nuevamente en una urgencia aquello que durante años fue presentado como una necesidad de planificación.

Mientras las familias de Arroyo Leyes colocaban bolsas de arena, protegían sus pertenencias y abandonaban viviendas amenazadas por el agua, el Gobierno provincial explicaba que la defensa proyectada durante la administración anterior no podía ejecutarse por razones técnicas y legales.

Esos argumentos merecen ser examinados. Si existen restricciones normativas o problemas de diseño, la Provincia debe explicarlos y garantizar que cualquier intervención sea segura y legalmente viable.

Pero lo que no resulta suficiente es utilizar la inviabilidad del proyecto original como respuesta definitiva frente a una comunidad que continúa expuesta a las inundaciones.

La administración Pullaro tuvo tiempo para evaluar la obra, revisar su documentación, analizar alternativas y comunicar un plan de acción. Si realizó esas tareas, corresponde que presente sus resultados. Si todavía no existe una solución, debe explicar por qué.

Las críticas de Jorge Fernández incorporan, además, preguntas sobre el financiamiento originalmente previsto, el uso de las herramientas de emergencia y las prioridades de inversión pública.

La Provincia necesita responder qué ocurrió con la defensa oeste, cuáles son los obstáculos concretos para construirla, qué alternativas están en estudio y cuándo podrían comenzar las intervenciones necesarias.

Porque la discusión sobre Arroyo Leyes no puede quedar atrapada en un intercambio de responsabilidades entre el Gobierno actual y el anterior.

Mientras la política discute quién tuvo la culpa, los vecinos siguen poniendo el cuerpo, sus viviendas y sus recursos para enfrentar una crecida que no espera explicaciones administrativas.

Y después de casi tres años de gestión, la falta de una solución estructural ya forma parte de las responsabilidades que el Gobierno de Maximiliano Pullaro debe asumir y explicar.

Facundo Acosta
Facundo Acosta

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