El 5 de septiembre de 2024, la Legislatura de Santa Fe aprobó, en medio de un clima de tensión y protestas gremiales, la reforma previsional más polémica de las últimas décadas. La norma modificó el régimen jubilatorio, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y todo el esquema de seguridad social de los trabajadores estatales.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial, fue tratado en sesiones extraordinarias bajo un fuerte operativo de seguridad y con manifestaciones en las calles. La votación, atravesada por discusiones de alta intensidad política, cerró con una sanción exprés y la inmediata promulgación de la ley.
A un año de aquella jornada, el debate sigue abierto. Estos son los puntos centrales que explican su alcance y las razones por las que continúa generando rechazo en amplios sectores sindicales y de la sociedad.
Emergencia previsional por dos años
La ley declaró la emergencia del régimen previsional por un plazo de dos años, con la posibilidad de prorrogarla otros dos. El argumento oficial fue la necesidad de reducir el déficit de la Caja, estimado en más de 430 mil millones de pesos.
Desde la oposición y los gremios estatales se cuestionó la falta de consensos y el carácter “excepcional” de una medida que, según advierten, abre la puerta a reformas permanentes sin debate legislativo profundo.
Aporte solidario para activos y jubilados
Uno de los cambios más discutidos fue la creación de un aporte solidario que afecta tanto a trabajadores en actividad como a jubilados.
- Para pasivos, el descuento va del 2% al 6% según el nivel de haberes.
- Para altos cargos del Estado, se suma una contribución adicional del 2,77% durante tres años.
El gobierno defendió la medida como un mecanismo para sostener la caja y garantizar su equilibrio. Los sindicatos la calificaron como un “impuesto encubierto” que reduce ingresos en un contexto de pérdida salarial.
Movilidad jubilatoria más lenta
La norma cambió la periodicidad de la actualización de haberes, que pasó a realizarse cada 60 días. En un escenario inflacionario, esta decisión implica —según especialistas— una reducción efectiva del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.
El oficialismo justificó la medida como parte de una estrategia de sostenibilidad financiera. Para los gremios, es un recorte que vulnera derechos adquiridos.
Un año después, el conflicto sigue abierto
La reforma se aprobó en medio de incidentes dentro y fuera de la Legislatura, con un fuerte operativo policial y acusaciones cruzadas. Desde entonces, las demandas judiciales impulsadas por gremios como Amsafé o UPCN no lograron frenar la aplicación de la ley.
El gobierno provincial sostiene que los cambios eran inevitables para evitar un colapso del sistema previsional. Los opositores, en cambio, insisten en que se trató de un ajuste que trasladó el costo a los sectores más vulnerables del Estado.
Un año después, la reforma previsional de Santa Fe sigue siendo más que una norma: es un símbolo de la tensión entre la necesidad de equilibrar cuentas públicas y la obligación de proteger derechos laborales y previsionales. El debate sobre si fue una decisión necesaria o un retroceso social todavía no tiene un cierre.
