La redacción de una nueva Carta Orgánica para los Municipios no es un simple trámite jurídico: se trata de un momento constituyente que definirá el modelo de gobierno local para las próximas décadas. Las ciudades enfrentan desafíos crecientes que van desde la necesidad de una gestión estratégica y servicios de calidad, hasta la exigencia de una gobernanza ética y políticas públicas capaces de sostenerse en el tiempo. En ese marco, incorporar un Régimen de Alta Dirección Pública (ADP) no es un detalle técnico: es una oportunidad política de primer orden.
La idea es clara. Profesionalizar la alta gestión, reducir la discrecionalidad en los nombramientos y garantizar continuidad institucional son pasos indispensables para que las administraciones municipales dejen de depender de los vaivenes de la confianza personal y se consolide sobre bases de mérito y capacidad técnica.
La reciente reforma de la Constitución Provincial abre la puerta para dar este salto: habilita a los municipios a actualizar sus cartas orgánicas y, con ello, a introducir instrumentos de modernización que antes parecían fuera de alcance. De este modo, los municipios tienen, entonces, una ventana histórica que no deberían desaprovechar.
La experiencia demuestra que cuando la conducción política fija prioridades y la dirección profesional asegura su implementación técnica, los resultados mejoran. La separación de roles fortalece la continuidad de proyectos estratégicos más allá de los ciclos electorales y permite que la gestión por resultados deje de ser una consigna y se convierta en práctica cotidiana. Además, la profesionalización reduce riesgos organizacionales, incrementa la calidad de los servicios municipales y potencia la capacidad de articulación con otras jurisdicciones y actores del territorio.
Pero la relevancia de la Alta Dirección Pública no se agota en la eficiencia. Su impacto en la prevención de la corrupción es decisivo. Procesos de selección competitivos, perfiles claros, evaluaciones periódicas y formación obligatoria en ética y gestión de riesgos no solo limitan el acceso clientelar a puestos sensibles, sino que también generan condiciones para la rendición de cuentas y la transparencia real. La profesionalización directiva, como señalan diversos especialistas en gobernanza y transparencia, es un antídoto eficaz contra las prácticas indebidas que erosionan la confianza ciudadana.
El desafío, claro, no está exento de resistencias. Los aparatos partidarios suelen ver en estos sistemas una amenaza a su capacidad de controlar nombramientos, mientras que parte de la burocracia responde con inercia o conservadurismo. Y siempre existe el riesgo de diseñar estructuras que, en los papeles, parecen impecables pero en la práctica quedan vacías de contenido. Superar estos obstáculos requiere fases de implementación graduales, acuerdos políticos amplios, asistencia técnica externa y, sobre todo, una narrativa clara hacia la ciudadanía que muestre los beneficios concretos en eficiencia, transparencia y buen uso de los recursos públicos.
La oportunidad que se abre con la posibilidad de dictar las nuevas Cartas Orgánicas es única. Incluir la Alta Dirección Pública en el diseño institucional no es una decisión administrativa: es un gesto político que define quién gobierna y cómo se gobierna. Es apostar por la continuidad, la ética pública y la eficacia en un contexto en el que la ciudadanía exige más transparencia y mejores resultados. Si los Municipios logran dar este paso, no solo estará modernizando su propia administración: estará marcando un camino que puede convertirse en referencia para toda la provincia y el país.
