En el marco de la audiencia pública para revisar los aumentos en las tarifas de electricidad, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pidió este viernes una actualización del 34,8% en las boletas vigentes para marzo.
La jornada comenzó con la exposición del presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, y del gerente ejecutivo, Jorge Tarchini. Explicaron las acciones vinculadas con calidad de servicio, el plan de obras electroenergéticas, la situación macroeconómica y los distintos proyectos que se están ejecutando.
Las autoridades consideraron que ese 34,8% es el ajuste necesario para afrontar parcialmente el incremento de los costos operativos de la distribuidora eléctrica. A su turno, Caussi consideró: “Vamos a cerrar la gestión de Omar Perotti como gobernador con una tarifa eléctrica que aumentó por debajo de los salarios”.
Por otra parte, agregó: “Estamos convencidos de que la decisión tarifaria tiene que ser una decisión política que lea, que interprete el momento económico, el momento social. Tenemos que buscar un equilibrio: una tarifa que cuide el poder adquisitivo de la familia y que no sea funcional al proceso inflacionario, sino que contribuya a moderarlo, que le de competitividad al sector productivo, pero que también permita sostener el nivel de inversión de EPE”.
De acuerdo a lo establecido en la Resolución 78/23 de la Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, el subsecretario Legal del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Daniel Aimaretti y la subsecretaria de Gestión Territorial, Alejandra Varinia, presidieron este viernes la audiencia pública para el sector eléctrico provincial. De un total de 45 participantes, hicieron uso de la palabra 20 oradores.
Posteriormente se escucharon a las y los siguientes oradores: Claudio Bulacio, Cristian Galindo, de la Defensoría del Pueblo, Verónica Geese, María Eugenia Martínez Fernández, Clara García, Antonio Salinas, Norma López, Ramón Pedro Soques, Ricardo Palleiro, Nicolás Campostrini, Leonardo Viotti, Rodrigo Müller, Valeria Vaccaro, Pablo Tosetto, Carlos Fabián Fiori, Agustina Donnet, Vicente Losada, Cristian Galindo, Oscar Martínez y Leandro Mangioli.
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat recopilará y analizará toda la información aportada en esta Audiencia Pública para realizar un informe final y emitir la resolución correspondiente.
Mirada del Defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino participó este viernes de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat para tratar el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía. Durante su alocución, el defensor consideró que no hay “previsibilidad ni gradualidad en los incrementos solicitados” y reiteró su planteo de crear un ente de control para el servicio eléctrico en territorio santafesino.
Savino comenzó su intervención en la audiencia, de la que participó a través de videoconferencia, destacando la importancia de este espacio “como mecanismo de participación de los usuarios antes de la aplicación de cualquier aumento de tarifas de servicios públicos, más allá que sea una metodología no vinculante para dar legitimidad a las decisiones ya tomadas por la empresa”.
“Hemos escuchado atentamente las alocuciones vertidas y también leído atentamente la documentación elevada en el informe técnico. Allí no vemos previsibilidad ni gradualidad en los incrementos”, señaló el defensor. En ese sentido, agregó: “Sabemos que los ciudadanos y ciudadanas van a volcarse a instituciones como la nuestra, cuando lleguen las facturas y se hagan manifiestos los reclamos”. Y criticó que la Defensoría del Pueblo tampoco encuentra en la EPE “respuestas no solo a nivel personal, sino institucional, vulnerando no solo los derechos de los usuarios, sino infringiendo los alcances de la ley 10.396, lo que derivaría en mal desempeño de funcionarios públicos”.
El funcionario provincial reseñó que la Defensoría del Pueblo tiene “más de 40 oficinas de atención en el interior provincial y con realidades disimiles”. “Pero hay algunos temas comunes en los que debemos ser muy críticos, como los constantes cortes, falta de infraestructura, quemas de artefactos (se tiene que agilizar los resarcimientos) y en lo que se refiere al Área de Distribución o tendidos subterráneos donde no dan respuestas. Esto no es calidad de servicio”.
Recordó entonces Savino que la EPE se encuentra dentro de la esfera de control de la Defensoría del Pueblo y tiene obligación legal de responder a los pedidos de informes cursados. “El artículo 50 de la ley 10.396 expresa que la negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables podrá ser considerada por el defensor del Pueblo como entorpecedora de sus funciones”, citó.
En este contexto, el defensor del Pueblo culminó su presentación reiterando la propuesta de crear un ente de control y marco regulatorio para el servicio público de distribución de energía en todo el territorio. “Recomendamos por resolución al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat su creación y trabajamos en una propuesta de Iniciativa legislativa de la Defensoría del Pueblo para la creación del ente de control que se presentará ante la legislatura en este periodo ordinario”, indicó.
Una fuerte voz parlamentaria
La diputada provincial Clara García advirtió que en el caso del sector residencial “viene aumentando claramente por arriba de la inflación” y puso en duda que se vaya a cumplir con la inversión proyectada para 2023 cuando subejecutó la anunciada para 2022.
“El aumento propuesto para el sector residencial es de aproximadamente el 50% respecto de las tarifas de enero de 2023, a la vez que significan un aumento de casi el 150% en relación a las que estaban vigentes un año atrás”, aseguró la legisladora. A eso se suma el reajuste adicional solicitado: “Se pide autorización para incrementar la tarifa hasta un 20% más a partir de septiembre de 2023, sin necesidad de volver a someter esa decisión a discusión en una nueva audiencia pública”, apuntó la dirigente socialista.
García señaló que comparando las estimaciones de costos para 2023 respecto a las oportunamente realizadas para el ejercicio 2022 en la audiencia pública de enero del pasado año, el aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) que justifica el incremento solicitado en las tarifas “es del 140%, muy por encima de la inflación registrada en 2022”, que terminó en 95%. También explicó que, desde que asumió Perotti la gobernación, la inflación determinada por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), “acumuló 320% mientras que las tarifas de EPE con el nuevo aumento anunciado, totalizará un 400% para el nivel 1 residencial en ese mismo período”
Además, sostuvo que el año pasado “la tarifa aumentó para hacer inversiones que no se hicieron y la recaudación se destinó a otros gastos. Es la marca de (el gobernador Omar) Perotti en todas las áreas de gestión y la EPE no escapa a eso. De cada $100 que prometieron invertir en 2022, sólo ejecutaron $60 pero a los usuarios les cobraron por $100”.
En este sentido la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados opinó: “Se supone que los aumentos se destinan a la realización de obras para que no haya cortes de energía, para no haya baja tensión y se quemen los electrodomésticos, para que más industrias puedan aumentar su potencial productivo. Pero resulta muy poco creíble que vayan a cuatriplicar la inversión ejecutada con respecto a 2022. Esta sobrestimación de la inversión es el mismo mecanismo que se usó en la audiencia de 2022 y terminó sucediendo lo que habíamos anticipado”.
En su alocución, García también reclamó información actualizada sobre los balances de la empresa y recordó los pedidos de informe presentados desde la Cámara de Diputadas y Diputados en ese sentido que nunca fueron respondidos. “La página de Transparencia de la EPE tiene información que solo llega a septiembre de 2022”, añadió.
La diputada provincial precisó que, hasta el mes de septiembre, “de cuando son los últimos datos disponibles”, se habían invertido $3.100 millones. “Hoy aquí se informó que se ejecutaron $5.000 en total. De todas maneras, habían anunciado $7.900 millones, es decir, que invirtieron apenas un 60% de lo comprometido. ¿Cómo podemos esperar que vayan a invertir los $21.000 millones proyectados para 2023?”, inquirió.
Clara García también se refirió en tono crítico a la deuda que la EPE generó con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) durante el primer semestre de 2020. “Al dejar de pagar la energía mayorista que compraba -explicó-, el gobierno provincial generó una deuda para todos los santafesinos y santafesinas que luego acordó pagar en 60 cuotas mensuales, con interés sobre saldo. Ahora bien, en el informe que la EPE presentó para esta audiencia pública, se anuncia que el plan de pagos pasó a 96 cuotas. Es decir que los usuarios de la EPE seguirán pagando una mayor tarifa hasta 2029 para cubrir la deuda generada por la actual gestión de gobierno”.
