La discusión sobre cómo se reparten los recursos derivados de las multas de tránsito y seguridad vial llegó al recinto legislativo de la mano de un proyecto de la diputada provincial Beatriz Brouwer (UNITE). La iniciativa, presentada en la Legislatura de Santa Fe, propone modificar el actual esquema de distribución, considerado inequitativo, para establecer un modelo más justo que reconozca el rol central de municipios y comunas en el control del tránsito y la seguridad vial.
El planteo adquiere relevancia en un contexto donde los gobiernos locales, con recursos limitados, son quienes deben afrontar los costos inmediatos de señalización, prevención de accidentes, patrullaje urbano y mejoras en la infraestructura. Hoy, el esquema vigente concentra la mayor parte de la recaudación en la Provincia, lo que genera tensiones sobre la capacidad de los gobiernos locales para sostener políticas de prevención efectivas. Brouwer interpreta que este sistema ha quedado desfasado y que es necesario “equilibrar la balanza” para dotar a las comunas y municipios de herramientas financieras concretas.
El proyecto: reparto en partes iguales
La iniciativa de Brouwer plantea que, en la mayoría de los casos, la distribución de los ingresos por multas se realice en un 50% para la Provincia y 50% para la Municipalidad o Comuna donde ocurrió la infracción. El objetivo es asegurar que los gobiernos locales reciban fondos que puedan destinar directamente a mejorar la seguridad vial, reforzar el control y encarar obras de infraestructura necesarias.
Los recursos que perciba la Provincia tendrán como destino exclusivo el Fondo de Seguridad Vial, destinado a la compra de equipamiento, coordinación con municipios y comunas, sistemas de control y seguimiento, y proyectos de infraestructura relacionados con la prevención de accidentes.
Fundamentos de la propuesta
Al presentar la iniciativa, Brouwer advirtió:
“El sistema actual beneficia casi exclusivamente a la Provincia, dejando a municipios y comunas en desventaja. Con esta reforma equilibramos la balanza y garantizamos un reparto justo, que permita a cada localidad contar con fondos suficientes para cuidar a sus vecinos”.
La diputada hizo hincapié en que los municipios y comunas son la “primera trinchera” frente a los problemas cotidianos de tránsito: desde semáforos que no funcionan hasta la falta de personal para controles viales. Para la legisladora, dotar de recursos a los gobiernos locales es el paso necesario para transformar la seguridad vial en una política pública real y efectiva.
Plazos y aplicación
El proyecto incluye una cláusula específica que obliga al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley en un plazo máximo de 180 días desde su sanción, con el objetivo de garantizar que su implementación sea inmediata y no quede supeditada a futuras demoras administrativas.
Un debate con impacto territorial
La propuesta de Brouwer se inscribe en un debate más amplio sobre la autonomía financiera de municipios y comunas y el reparto de recursos entre Provincia y gobiernos locales. Si logra avanzar en la Legislatura, podría significar un cambio de fondo en la forma de concebir la política de seguridad vial en Santa Fe, ya que trasladaría capacidad real de decisión y financiamiento a cada localidad, reconociendo su papel fundamental en el cuidado de la vida en rutas y ciudades.
