La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), uno de los gremios más fuertes y estratégicos del país, anunció el inicio de una Huelga Nacional con paro activo y movilización a partir de las 0 horas del jueves 18 de diciembre, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional.
La decisión no es aislada ni meramente sectorial. Se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el movimiento obrero organizado y el Poder Ejecutivo, que en los últimos meses avanzó con iniciativas orientadas a redefinir de manera estructural la relación entre capital y trabajo en la Argentina.
Desde la conducción del gremio advirtieron que la reforma presentada por el Gobierno constituye un ataque directo y sistemático contra los derechos laborales individuales y colectivos, y que su aprobación implicaría un cambio de paradigma en el modelo de relaciones laborales vigente desde hace décadas.
Una reforma que apunta al corazón del sindicalismo
En el comunicado oficial, la Federación Aceitera sostiene que el proyecto gubernamental despliega tres niveles de ofensiva contra los trabajadores. El primero, y quizás el más sensible desde el punto de vista político, es el intento de desarticular la negociación colectiva por actividad, uno de los pilares históricos del sindicalismo argentino.
Según el gremio, el Gobierno busca reemplazar los convenios colectivos de rama por convenios por empresa, promoviendo sindicatos atomizados y debilitando la capacidad de organización colectiva. En ese mismo sentido, se cuestiona la eliminación de la ultraactividad de los convenios, un mecanismo clave que garantiza la vigencia de los derechos laborales aun cuando los acuerdos estén vencidos.
Para la Federación, esta orientación no es casual: responde a una estrategia explícita de fragmentación del movimiento obrero, que reduce la capacidad de negociación frente a las patronales y consolida relaciones laborales más desiguales.
El derecho de huelga, en el centro del conflicto
El segundo eje de preocupación es el avance sobre el derecho constitucional de huelga. El proyecto oficial amplía de manera extraordinaria las categorías de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, incluyendo actividades como la aceitera y la desmotadora de algodón.
En la práctica, esto obliga a garantizar niveles de prestación de entre el 50% y el 75%, lo que para el gremio implica una prohibición de facto del derecho a huelga, vaciándolo de contenido y transformándolo en una herramienta meramente formal.
Desde la FTCIODyARA advierten que este punto retoma y profundiza aspectos ya incluidos en el DNU 70/23, varios de los cuales fueron cuestionados judicialmente, y que representan un retroceso significativo en materia de derechos sindicales.
Transferencia de recursos y precarización laboral
El tercer nivel de ataque señalado por la Federación apunta a las modificaciones económicas y contractuales incluidas en la reforma. Entre ellas, se destaca la creación de un Fondo de “Asistencia Laboral”, financiado con recursos que dejarían de ingresar al sistema de seguridad social, y la reducción de las contribuciones patronales.
Según el gremio, estas medidas implican una transferencia multimillonaria de recursos desde el trabajo hacia el capital privado, desfinancian al sistema previsional y profundizan la crisis de ingresos de los jubilados. Además, facilitan los despidos y reducen el costo indemnizatorio para las empresas.
A esto se suman cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, como la creación del denominado “banco de horas”, que permitiría extender la jornada laboral hasta doce horas diarias sin el pago correspondiente de horas extras, afectando no solo los ingresos sino también la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores.
Una respuesta sindical de alcance nacional
Frente a este escenario, la Federación Aceitera resolvió avanzar con una medida de fuerza de alcance nacional, con paro activo y movilización, y convocó a las trabajadoras y trabajadores del sector a sumarse a las acciones impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT), tanto en Plaza de Mayo como en distintos puntos del país.
Desde la conducción gremial señalaron que cada uno de los 191 artículos del proyecto está orientado a restringir derechos, limitar la organización sindical y disciplinar a los trabajadores, y que la huelga es una respuesta necesaria frente a lo que califican como un ataque brutal contra conquistas históricas.
La decisión de la FTCIODyARA vuelve a colocar al movimiento obrero en el centro de la escena política y anticipa un fin de año marcado por el conflicto social, en un contexto donde el Gobierno avanza con reformas estructurales y los gremios comienzan a articular respuestas coordinadas para frenar su implementación.
