La escena política santafesina volvió a tensionarse con un tema tan sensible como estratégico: la Emergencia en Seguridad. El gobierno de Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura un pedido de prórroga parcial para sostener el régimen excepcional de reincorporación de personal policial y penitenciario, pero lo hizo sin cumplir con los resortes de control previstos en la Ley original. La decisión encendió alarmas, primero en los pasillos del Palacio Legislativo y luego en el recinto: ¿se puede votar otra extensión sin antes conocer qué se hizo con la anterior?
El dato fue planteado con crudeza por la diputada peronista Celia Arena, una de las legisladoras que puso nombres y responsabilidades sobre la mesa. Arena no cuestionó únicamente la prórroga, sino la forma en que el Ejecutivo decidió avanzar, omitiendo la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, una instancia obligatoria que nunca se conformó. Esa comisión debía recibir informes periódicos sobre gastos, contrataciones, reincorporaciones y decisiones tomadas bajo el paraguas de la Emergencia.
La legisladora fue al hueso: “La ausencia de ese órgano constituye un vacío deliberado de control democrático”, aseguró.
Un reclamo que crece puertas adentro
En la Cámara no son pocos los que señalan con ironía una paradoja evidente: los mismos sectores que, durante el gobierno anterior, exigían informes, auditorías, datos y transparencia, hoy no entregan ninguno de esos elementos cuando les toca responder.
Un legislador aliado al oficialismo —aunque no tanto como para callarse— se sinceró en diálogo off con politicadesantafe.com:
“Estos quieren manejar el Estado sin controles, con la caja abierta y la Justicia de su lado. Por eso también quieren una Corte a su favor”.
La frase, repetida más de una vez esta semana, no es un chiste privado. Es síntesis política: el modelo de control que se intenta instalar se parece poco a un esquema republicano y mucho a una discrecionalidad sin freno.
¿Qué pide el gobierno y qué cuestiona la oposición?
El mensaje oficial firmado por el ministro Pablo Cococcioni plantea algo concreto: prorrogar sólo la parte de la Emergencia vinculada a recursos humanos, en particular, la reincorporación de efectivos retirados o separados de la fuerza. Según datos oficiales, 88 policías volvieron a la actividad en los últimos dos años.
El Ejecutivo argumenta que ya no necesita mantener los mecanismos extraordinarios de compras, contrataciones o procedimientos acelerados:
“Tenemos armas, uniformes, municiones, armamento no letal. No sería justo seguir usando mecanismos excepcionales”, dijo Cococcioni.
Es un dato político importante: reconoce públicamente que la fase inicial de la Emergencia quedó cumplida. Sin embargo, la prórroga llega sin informes previos, sin auditorías y sin el mecanismo institucional que debía controlar el proceso.
Arena subrayó ese punto con precisión técnica: la comisión bicameral debía recibir informes cada 60 días sobre adquisiciones, obras, contrataciones y ejecución presupuestaria. Nunca ocurrió.
La discusión que nadie quiere dar
La preocupación no es únicamente contable. Lo que se discute es la calidad del control democrático en una de las áreas más sensibles del Estado.
En el oficialismo destacan los resultados operativos y sostienen que la reincorporación de retirados “dio aire” a estructuras críticas: bases del 911, custodias en hospitales, patrullajes y jefaturas intermedias con experiencia territorial.
En la oposición, la pregunta es otra: ¿Quién controla a quién reingresa?, ¿Con qué criterios se armó esa lista?, ¿Qué mecanismos se usaron para comprar equipamiento y contratar servicios bajo Emergencia?, ¿Qué montos presupuestarios se ejecutaron?. Y, sobre todo: ¿Por qué el Ejecutivo decidió avanzar sin cumplir con los controles que él mismo pidió cuando era oposición?
El dato que no se dice (pero todos comentan)
Uno de los dirigentes consultados dejó una frase que podría quedar grabada en la historia parlamentaria santafesina:
“Para algunos, la Emergencia en Seguridad terminó siendo la mejor excusa para gobernar sin rendir cuentas.”
La sensación que queda es esa: se votará la prórroga porque los números dan, pero el impacto institucional —esa idea de “gestión sin contrapesos”— quedará flotando.
Ni el propio oficialismo niega que las urgencias existen. Pero cada vez más voces legislativas exigen lo mismo: informes, datos y transparencia real.
El riesgo político
La discusión por la Emergencia en Seguridad no es técnica: es política. Y también es simbólica.
Santa Fe fue pionera en instalar la agenda de seguridad en el centro de la gestión, pero hoy, el tema no pasa por “dejar trabajar” al ministro, sino por cómo se controla lo que se hace bajo el paraguas de lo excepcional.
Si no hay comisión bicameral, no hay informes, no hay auditorías y no hay supervisión…
¿Quién toma nota de lo que se decide?, ¿Quién sostiene la legalidad de lo actuado?, ¿Y quién garantiza que no haya discrecionalidad?.
La advertencia quedó instalada. Y, como dijo una diputada en pasillos:
“La Emergencia se vota. La democracia también hay que votarla, pero —sobre todo— hay que ejercerla”.
