Un recorrido realizado por el periodista de Villa Ocampo Raúl Dubuloy volvió a poner bajo discusión el estado de la Ruta Provincial 32 entre esa ciudad y Villa Ana. En apenas 6,5 kilómetros contabilizó más de 70 pozos, según registró en un video difundido en redes sociales. El contraste resulta todavía mayor porque la Provincia había presentado la repavimentación como una obra inaugurada y posteriormente volvió a intervenir el corredor.
Hay ocasiones en las que para controlar una obra pública no hacen falta auditorías complejas, expedientes interminables ni discusiones técnicas. Alcanza con subirse a un auto y recorrerla. Eso fue lo que hizo el periodista Raúl Dubuloy en la Ruta Provincial 32, en el norte santafesino. El comunicador de Villa Ocampo tomó una cámara, comenzó a transitar el camino que comunica esa ciudad con Villa Ana y documentó el estado del pavimento.
El resultado expuso una realidad difícil de compatibilizar con los anuncios oficiales: según el relevamiento que realizó durante el recorrido, en solamente 6,5 kilómetros encontró más de 70 pozos de importantes dimensiones.
El video comenzó a circular en la región y posteriormente generó nuevos testimonios. Un medio de Villa Ocampo publicó el caso de un docente que aseguró haber roto dos llantas de su vehículo después de caer en uno de los baches cuando regresaba desde Villa Ocampo hacia Villa Ana durante la noche. La misma publicación describe la existencia de “centenares de baches” y menciona cartelería que presenta la ruta como repavimentada.
La discusión, entonces, dejó de ser solamente cuánto se hizo. La pregunta es cómo se hizo, cuánto duró y qué controles realizó el Estado sobre los trabajos ejecutados con recursos públicos.
Una ruta que el Gobierno ya había presentado como una obra realizada
La historia de la Ruta 32 tiene un antecedente difícil de pasar por alto. En octubre de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió el departamento General Obligado junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y funcionarios provinciales. Dentro de aquella agenda estuvo precisamente la Ruta Provincial 32.
El Gobierno provincial informó entonces una obra de 22 kilómetros sobre la traza, desde la intersección con la Ruta Provincial 31, en el paraje Tres Bocas, hasta Villa Ana, que incluyó pavimentación, nuevas alcantarillas, señalización y elementos de seguridad. La inversión informada fue de casi $26.000 millones.
En aquella misma recorrida estuvieron el senador departamental Orfilio Marcón, autoridades locales, legisladores y funcionarios de Vialidad Provincial. Medios regionales presentaron aquella jornada directamente como la inauguración de la repavimentación de la Ruta 32 que conecta Villa Ocampo y Villa Ana. Sin embargo, durante 2026 el deterioro volvió a convertirse en noticia.
Del cartel a la ruta
Una obra pública no termina cuando se coloca un cartel, se realiza una recorrida oficial o se publica un video en las redes sociales. Termina cuando aquello que se anunció funciona y conserva condiciones razonables de utilización. Por eso adquiere relevancia el contraste que planteó el periodista de Villa Ocampo.
De un lado aparecen los anuncios, las recorridas de funcionarios y la comunicación política alrededor de las obras realizadas. Del otro, un automovilista puede recorrer actualmente apenas 6,5 kilómetros y, según el registro de Dubuloy, contabilizar más de 70 pozos.
La Provincia, incluso, incluyó oficialmente en mayo a la Ruta 32 entre las rutas sobre las cuales había realizado intervenciones en la zona norte.
La discusión no debería reducirse entonces a determinar si el Gobierno hizo o no hizo algo sobre esa traza. Está documentado que hubo diferentes intervenciones.
La discusión es otra: ¿por qué una ruta intervenida con recursos públicos vuelve a presentar semejante deterioro?, ¿qué trabajos se realizaron exactamente?, ¿qué empresa los ejecutó?, ¿cuáles fueron los controles de Vialidad?, ¿existieron garantías sobre esas tareas y quién responde cuando una reparación dura tan poco?
Cuando la comunicación política choca contra un pozo
La gestión de Maximiliano Pullaro convirtió la obra pública en uno de los principales ejes de su comunicación política. El propio gobernador sostuvo durante una visita al norte provincial que su administración estaba realizando la mayor inversión en infraestructura de las últimas dos décadas y destacó el volumen de recursos destinados a rutas, viviendas, salud y otras intervenciones.
El problema aparece cuando la comunicación se adelanta a la realidad que encuentra el vecino. Porque para quien utiliza diariamente la Ruta 32 importa poco si una intervención fue denominada repavimentación, reparación, mantenimiento o bacheo. Lo que necesita es poder circular sin destruir una cubierta, romper una llanta o realizar maniobras peligrosas para esquivar pozos. Y eso es precisamente lo que mostró el recorrido periodístico.
La situación adquiere además una dimensión política por la participación de dirigentes del departamento en la difusión de las obras y mejoras realizadas. Según el material difundido en la región, días antes del recorrido de Dubuloy el senador por General Obligado, Orfilio Marcón, había mostrado las intervenciones sobre la ruta y destacado el cumplimiento de los compromisos gubernamentales. Ese contraste merece una explicación pública.
No porque un legislador sea necesariamente responsable técnico de cómo se ejecuta una obra vial, sino porque cuando un dirigente utiliza políticamente una obra para exhibir resultados de una gestión también queda expuesto a las preguntas que aparecen si esa misma infraestructura presenta problemas.
“Compromiso cumplido”, pero ¿obra cumplida?
La frase “compromiso cumplido” tiene un enorme valor dentro de cualquier estrategia de comunicación gubernamental. Busca transmitir que aquello que alguna vez fue prometido finalmente se concretó. Pero para colocarle un punto final a una obra no alcanza con terminar administrativamente un contrato.
Una ruta reparada debe poder utilizarse. Una repavimentación debe tener una vida útil razonable. Un trabajo financiado con recursos públicos debe tener controles y responsables. Y si algo falla poco tiempo después, el Estado tiene la obligación de explicar qué ocurrió. El caso de la Ruta 32 plantea justamente esa contradicción.
No se trata de negar que la Provincia haya invertido ni que haya realizado intervenciones. Los propios registros oficiales demuestran que lo hizo. El interrogante es más incómodo: ¿de qué sirve anunciar una obra como realizada si el vecino que transita por allí continúa encontrándose con una ruta deteriorada?
El video de Raúl Dubuloy terminó haciendo algo elemental: correr por unos minutos el cartel, el discurso y la publicación institucional para colocar la cámara sobre el pavimento. Y debajo de la comunicación oficial aparecieron nuevamente los pozos.
