La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, una iniciativa impulsada por Celia Arena que amplía las consecuencias para quienes incumplen con las cuotas. Habrá categorías según el nivel de morosidad, restricciones para cargos públicos y candidaturas, controles sobre beneficios tributarios y prohibiciones para ingresar a casinos y plataformas de apuestas. También avanza la creación de un Índice de Crianza santafesino.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción a una reforma integral del régimen provincial de deudores alimentarios que busca fortalecer las herramientas del Estado y de la Justicia frente al incumplimiento de las cuotas destinadas a niñas, niños y adolescentes.
El proyecto, impulsado por la diputada provincial y presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, crea el nuevo Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias y actualiza el sistema vigente a partir de la Ley 11.945.
La propuesta introduce nuevas categorías de incumplimiento, amplía las restricciones para las personas morosas y establece mecanismos de intercambio de información entre diferentes organismos.
“Cuando la cuota no se paga, alguien igual tiene que resolver la comida, la ropa, los útiles y los remedios. Y, en la enorme mayoría de los casos, esa responsabilidad recae sobre las mujeres”, planteó Arena durante el tratamiento de la iniciativa.
De la inscripción a la morosidad agravada
Uno de los principales cambios es que la inscripción en el Registro se producirá desde el momento en que exista una cuota alimentaria fijada judicialmente.
A partir de allí, el proyecto diferencia distintos niveles de incumplimiento. La categoría de persona morosa se configura cuando se adeudan dos cuotas dentro de un período de un año, mientras que la condición de morosidad agravada se alcanza con seis cuotas adeudadas.
En este último supuesto, la iniciativa prevé que el juez disponga de oficio la inhibición general de bienes.
El nuevo esquema busca de esta manera establecer consecuencias progresivas de acuerdo con el nivel de incumplimiento.
Otro cambio institucional es que el Registro pasará a funcionar en la órbita del Poder Ejecutivo y dejará de depender del Poder Judicial. Esto permitirá, entre otras cuestiones, elaborar y publicar informes estadísticos periódicos sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Cargos públicos, candidaturas, beneficios y apuestas
La reforma amplía además las consecuencias para quienes mantengan deudas alimentarias.
El nuevo régimen contempla restricciones para acceder a determinados cargos públicos, presentarse como candidatos y obtener ciertos beneficios tributarios.
También establece prohibiciones para ingresar a casinos, bingos y salas de juego, además de alcanzar a las plataformas de apuestas online e impedir el cobro de premios.
La iniciativa incorpora, a su vez, mecanismos de control e intercambio de información entre organismos estatales, privados, la Justicia y empleadores, con el objetivo de mejorar la detección y seguimiento de los incumplimientos.
“Esta ley les da a la Justicia y al Estado herramientas para que quienes incumplen sus obligaciones enfrenten consecuencias reales”, sostuvo Arena.
Un proyecto construido entre diferentes sectores
El texto que obtuvo media sanción es producto de la unificación y discusión de diferentes iniciativas.
Además de las propuestas presentadas por Arena, se incorporaron proyectos y aportes de legisladores como Lionella Cattalini, Lucila De Ponti, Amalia Granata, Walter Armas Belavi y Juan Argañaraz, junto con una iniciativa del Poder Ejecutivo y el trabajo desarrollado en una mesa convocada por la Universidad Nacional de Rosario.
Arena había impulsado particularmente dos medidas: avanzar sobre el CUIT de quienes mantienen deudas alimentarias y prohibir su ingreso a casinos y salas de juego.
“El trabajo colectivo y el diálogo entre distintas fuerzas políticas hacen posible avanzar en respuestas concretas. Santa Fe vuelve a ser pionera en legislación de vanguardia, con una prioridad clara: garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, destacó la diputada.
Un Índice de Crianza propio para Santa Fe
En paralelo a la reforma del Registro, Arena también impulsa junto a otras legisladoras la creación de un Índice de Crianza de Santa Fe, que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).
La propuesta busca establecer un indicador que permita conocer cuánto cuesta criar a niñas, niños y adolescentes en la provincia.
La medición no contemplaría solamente gastos directos como alimentación, vestimenta, educación y otras necesidades, sino también el valor económico del tiempo dedicado a las tareas cotidianas de cuidado.
Ese último aspecto constituye uno de los puntos que Arena busca instalar en la discusión sobre las responsabilidades familiares.
“Cuando hablamos de cuánto cuesta criar a un hijo, solemos pensar en la comida, la ropa o la escuela. Pero hay un costo que no figura en ningún ticket: el tiempo”, explicó.
La diputada mencionó las horas destinadas a cuidar, trasladar a los hijos, acompañarlos durante una enfermedad o ayudarlos con las tareas y sostuvo que ese trabajo recae mayoritariamente sobre las mujeres, con consecuencias sobre sus posibilidades laborales, ingresos y tiempo de descanso.
El planteo toma como referencia el reconocimiento que ya realiza el Código Civil y Comercial sobre el valor económico de las tareas cotidianas de cuidado como aporte a la manutención.
“Eso propone el Índice de Crianza: que Santa Fe mida todos los meses cuánto cuesta criar, incluido el tiempo de cuidado, para que ese trabajo deje de ser invisible y nadie pueda decir en un juzgado que quien cuida no aporta”, sostuvo Arena.
Con ambas iniciativas, la legisladora busca abordar dos dimensiones de una misma problemática: reforzar las consecuencias frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias y, al mismo tiempo, generar información que permita dimensionar económicamente tanto los gastos como las tareas que implica la crianza.
