La ciudad de Ceres atraviesa por estas horas uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años, luego de que concejales locales detectaran una diferencia millonaria sin justificación en la ejecución del presupuesto 2025.
El dato no es menor: se trata de $1.673.289.269,74 que, según denunciaron desde el Concejo, ya fueron gastados pero no cuentan con respaldo legal ni administrativo dentro del esquema presupuestario aprobado.
La situación generó un fuerte impacto político y encendió alarmas sobre el manejo de los fondos públicos en la gestión encabezada por la intendenta radical Alejandra Dupouy.
Una ampliación millonaria que genera dudas
El punto de partida del conflicto fue un proyecto de ordenanza enviado por la Secretaría de Hacienda municipal, en el que se plantea ampliar el presupuesto 2025 —ya ejecutado— en más de $1.600 millones.
Según explicaron los concejales, el problema no es solo el monto, sino el mecanismo: esos fondos ya fueron utilizados sin haber sido previamente autorizados por el Concejo, lo que representa una irregularidad administrativa de gravedad.
El concejal Juan Manuel Mansilla, uno de los principales impulsores del reclamo, fue quien expuso públicamente la situación y detalló que, tras consultar con especialistas, no encontraron fundamentos técnicos que expliquen semejante diferencia.
“Estamos frente a gastos que no tienen explicación clara ni autorización previa”, sostuvo, al tiempo que advirtió que el intento de incluirlos ahora como gastos corrientes no resuelve el problema de fondo.
Respuestas que no convencen
Ante el planteo, el actual secretario de Hacienda, Juan Pablo Jullier, intentó dar explicaciones a través de redes sociales.
Entre los argumentos, mencionó que el municipio habría tenido mayores ingresos por efecto de la inflación y una moratoria. Sin embargo, desde el Concejo remarcaron que el presupuesto ya contemplaba esas variables, por lo que la justificación no cierra desde el punto de vista técnico.
Lejos de llevar tranquilidad, las explicaciones oficiales generaron más dudas que certezas entre los vecinos y sectores políticos de la ciudad.
Un contexto que agrava el conflicto
La situación se vuelve aún más sensible al considerar antecedentes recientes de la gestión municipal.
En agosto de 2025, el propio Ejecutivo había dispuesto medidas de ajuste por falta de recursos: revisión de contratos con proveedores, recorte de beneficios a trabajadores y suspensión del pago de horas extras.
Ese escenario contrasta fuertemente con la aparición actual de más de $1.600 millones que se pretenden incorporar como gastos ya realizados.
Además, parte de la ejecución presupuestaria estuvo bajo la órbita de un funcionario que dejó su cargo sin explicaciones, lo que suma otro elemento de incertidumbre al caso.
Silencio del Ejecutivo
En medio del escándalo, este medio intentó comunicarse con la intendenta Alejandra Dupouy para conocer su posición, pero no fue posible obtener una respuesta.
Desde su entorno indicaron que, por el momento, la jefa del Ejecutivo no hará declaraciones públicas sobre el tema.
El silencio oficial contrasta con la magnitud del caso y con la creciente preocupación en la comunidad.
El Concejo, en alerta
Frente a este escenario, el tratamiento de la ordenanza fue pasado a cuarto intermedio por decisión de los bloques, que coincidieron en la necesidad de profundizar el análisis antes de avanzar.
Desde el Concejo anticiparon que continuarán investigando y exigirán explicaciones formales al Ejecutivo.
“Estamos hablando de fondos públicos. Nuestro rol es controlar y garantizar transparencia”, remarcaron.
Un caso que abre interrogantes
Más allá de las responsabilidades administrativas, el caso ya tiene impacto político.
Una gestión que venía señalando dificultades para acceder a recursos provinciales ahora enfrenta cuestionamientos internos por el manejo de su propio presupuesto.
Y en ese cruce, lo que queda en el centro es una pregunta que aún no tiene respuesta clara:
¿cómo se gastaron más de $1.600 millones sin que estuvieran debidamente autorizados?
