El transporte público volvió a convertirse en uno de los principales focos de discusión política en la ciudad de Santa Fe. Mientras concejales del peronismo impulsan iniciativas para limitar los aumentos del boleto y recuperar facultades de control sobre la tarifa, el intendente Juan Pablo Poletti defiende las actualizaciones aplicadas y advierte que sin esos ajustes el sistema corre riesgo de colapsar.
Detrás de la discusión aparece una realidad que atraviesa no sólo a la capital provincial, sino a gran parte de las ciudades del interior del país: el transporte urbano atraviesa una crisis estructural desde que el Gobierno nacional eliminó los subsidios que históricamente sostenían gran parte de los costos operativos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La consecuencia es visible. Municipios, empresas, trabajadores y usuarios quedaron atrapados en una ecuación cada vez más difícil de resolver.
El reclamo del peronismo: poner límites a los aumentos
La concejala justicialista Jorgelina Mudallel volvió a reclamar en el Concejo Municipal el tratamiento de un proyecto presentado junto a Jorge Fernández para establecer un mecanismo que limite las futuras subas del boleto.
La iniciativa propone que los aumentos queden vinculados a variables objetivas como la inflación y las actualizaciones salariales, con el objetivo de evitar incrementos que superen la capacidad de pago de los usuarios.
“Presentamos un proyecto razonable, estudiado y paulatino. No plantea congelamientos intempestivos ni decisiones irresponsables. Busca establecer herramientas objetivas para que el boleto no aumente por encima de la capacidad real de pago de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo la edil.
Mudallel también cuestionó la falta de una discusión más amplia sobre el sistema de movilidad urbana y consideró que durante años la respuesta frente a los problemas financieros del transporte terminó siendo trasladar el costo directamente a los pasajeros.
Según la concejala, el usuario se encuentra hoy frente a un servicio que sigue mostrando dificultades en frecuencias y cobertura, mientras los aumentos continúan acumulándose sobre el valor de la tarifa.
Incluso anticipó que si no prospera el tratamiento del proyecto impulsará nuevas iniciativas para retrotraer el valor del boleto y congelarlo hasta fin de año.
La defensa de Poletti: “Sin subsidios nacionales, el sistema está sostenido por un hilo”
Desde el Ejecutivo municipal la mirada es diferente.
El intendente Juan Pablo Poletti defendió las facultades delegadas que hoy permiten actualizar la tarifa y sostuvo que el principal problema no es político sino económico.
“Sin subsidios nacionales y con el aumento constante del combustible y las paritarias, el sistema está sostenido por un hilo”, afirmó.
Para el mandatario, obligar a que cada modificación tarifaria pase por extensos debates legislativos podría generar demoras incompatibles con la dinámica de costos que enfrenta el transporte.
“Si cada aumento del boleto debe pasar por una discusión larga en el Concejo, nos quedamos sin servicio en Santa Fe”, advirtió.
Poletti recordó además que el municipio recibió un sistema que durante décadas funcionó con asistencia nacional y que esa ayuda desapareció abruptamente con la llegada del gobierno de Javier Milei.
La eliminación del Fondo Compensador del Transporte modificó por completo la estructura financiera del sistema y trasladó gran parte de la presión económica a municipios y usuarios.
La motosierra también llegó al transporte
Más allá de las diferencias políticas, existe un diagnóstico compartido por la mayoría de los actores: el transporte público atraviesa una situación crítica en casi todas las ciudades del interior del país.
La quita de subsidios nacionales dejó expuestos sistemas que históricamente dependían de esos aportes para equilibrar sus cuentas.
Mientras tanto, el AMBA continúa recibiendo asistencia estatal, una situación que intendentes de distintas provincias vienen cuestionando desde hace meses por considerar que profundiza las desigualdades entre el interior y Buenos Aires.
En Santa Fe, como en Rosario, Córdoba, Paraná o Mendoza, los gobiernos locales quedaron obligados a administrar una tensión permanente entre dos objetivos difíciles de compatibilizar.
Por un lado, sostener un sistema que enfrenta aumentos constantes de combustible, salarios, mantenimiento y renovación de unidades.
Por otro, evitar que el costo del boleto termine expulsando pasajeros o se vuelva inaccesible para miles de usuarios.
Una discusión que excede a Santa Fe
El debate abierto entre el oficialismo municipal y los concejales peronistas refleja una discusión mucho más amplia que atraviesa a buena parte del país.
Poletti plantea que sin actualizaciones tarifarias el sistema puede volverse inviable.
Mudallel sostiene que no se puede seguir descargando el peso de la crisis sobre quienes utilizan diariamente el colectivo para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales.
Ambas posiciones encuentran fundamentos en una realidad compleja.
Porque mientras los municipios intentan sostener servicios cada vez más costosos, los usuarios enfrentan ingresos deteriorados y mayores dificultades para llegar a fin de mes.
En definitiva, la discusión sobre el boleto ya no es solamente una discusión tarifaria.
Es una de las consecuencias más visibles del retiro del Estado nacional de áreas estratégicas y del impacto que la política de ajuste comenzó a generar sobre servicios esenciales para millones de argentinos.
Y en ese escenario, la tensión entre sostenibilidad económica y accesibilidad social promete seguir ocupando el centro del debate político durante los próximos meses.
