Con la promulgación de la nueva Constitución provincial, Santa Fe atraviesa un momento bisagra. El texto reformado ya está en vigencia, pero su plena aplicación depende ahora de la sanción de una veintena de leyes que deberán ser discutidas en la Legislatura. Se trata de normas de enorme impacto institucional, político y social que marcarán la agenda parlamentaria de los próximos meses y años.
Las disposiciones transitorias de la Constitución establecen plazos concretos para que se reglamenten artículos claves y se diseñen los marcos legales que acompañen las reformas. La Casa Gris adelantó que, pasada la elección nacional de octubre, comenzará a girar proyectos para cumplir con estas obligaciones.
Entre las prioridades figura la nueva ley electoral y el régimen de partidos políticos, que deberá estar lista antes de 2027 para que los próximos comicios provinciales se desarrollen bajo las nuevas reglas. También se prevé la creación de un organismo con competencia judicial específica en materia electoral, en reemplazo del actual Tribunal Electoral, que hoy funciona con jueces de la Corte y camaristas.
Coparticipación y régimen municipal: la gran deuda
El nuevo régimen municipal consagrado en la Constitución exige una ley de coparticipación actualizada —vigente desde 1975— que garantice recursos para intendentes y presidentes comunales. El plazo máximo para su sanción es septiembre de 2027. En paralelo, deberá debatirse una nueva ley orgánica de municipios, que dejará atrás la histórica figura de las comunas y sumará la regulación de áreas metropolitanas y regiones.
La justicia, en clave de reforma
El capítulo judicial también abre una serie de desafíos legislativos:
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Ley orgánica del Poder Judicial, que redefinirá competencias.
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Leyes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, organismos que ganaron autonomía con la reforma.
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Procedimientos de selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, un punto sensible en la búsqueda de mayor transparencia.
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Ley de traspaso de las defensorías civiles y del Ministerio Pupilar al Ministerio Público, que ya genera debate sindical por el futuro de cientos de trabajadores.
Derechos y participación ciudadana
El nuevo texto también obliga a sancionar normas que reglamenten los mecanismos de democracia directa y el fortalecimiento de derechos:
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Leyes de audiencias públicas, iniciativa popular, consulta popular y revocatoria de mandato.
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Ley de amparo, hábeas data, hábeas corpus y acciones colectivas.
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Leyes marco de servicios públicos como agua, saneamiento y energía eléctrica.
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Normas de protección de consumidores y usuarios, además de leyes específicas de educación y salud, que deberán actualizarse bajo el paraguas constitucional.
Un debate político ineludible
En los próximos meses, el Poder Ejecutivo y los distintos bloques legislativos deberán definir el orden de prioridades y, sobre todo, construir consensos. La magnitud de los temas indica que el debate será prolongado y atravesará intereses sectoriales, tensiones gremiales y diferencias partidarias.
La nueva Constitución marcó el rumbo, pero su verdadera eficacia dependerá de que estas leyes se discutan y aprueben en la Legislatura. Sin ellas, el flamante texto corre el riesgo de quedar incompleto.
