En una jornada atravesada por fuertes debates, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó un cambio sustancial en las atribuciones del Poder Ejecutivo: a partir de ahora, el gobernador tendrá la posibilidad de indultar o conmutar penas a funcionarios y empleados públicos condenados en ejercicio de sus funciones, con excepción de los delitos vinculados a la administración pública, como hechos de corrupción.
El artículo 72 inciso 18, reformado en esta sesión, establece que el mandatario provincial «puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto delitos contra la administración pública». Esta redacción elimina una limitación vigente desde 1962 que impedía cualquier indulto a agentes estatales.
Una herramienta polémica
Para especialistas y referentes opositores, la reforma abre la puerta a un terreno riesgoso: el indulto en casos de violencia institucional. La preocupación radica en que el gobernador podría disponer de esta herramienta para beneficiar a policías u otros agentes estatales condenados por abusos en el ejercicio de sus funciones, incluidos delitos graves como homicidios.
“La Constitución vigente tenía una limitación muy sabia. ¿Por qué se saca?”, planteó públicamente el constitucionalista Oscar Blando, al advertir sobre los riesgos de otorgar al Ejecutivo una facultad tan amplia. En el mismo sentido, un juez provincial consultado de manera reservada sostuvo: “Un funcionario que roba un busto o recibe una coima no puede ser indultado, pero alguien que mata a una persona con uniforme puesto, sí. Es una contradicción peligrosa”.
El trasfondo político
La aprobación de esta cláusula fue impulsada por la bancada de Unidos, coalición que integra el radicalismo del gobernador Maximiliano Pullaro, junto al Frente de la Esperanza y Somos Vida, de Amalia Granata. El socialismo, que inicialmente proponía eliminar directamente la facultad de indulto, terminó cediendo en la negociación interna.
Críticos dentro y fuera de la Convención remarcan que esta modificación está hecha “a la medida de Pullaro”. En su discurso de asunción, el actual gobernador ya había defendido la idea de respaldar a policías condenados en el marco de operativos, poniendo como ejemplo el caso de Luciano Nocelli, un agente del Comando Radioeléctrico de Rosario condenado a 25 años por un doble homicidio.
Con la Constitución anterior, Pullaro no podía indultar a Nocelli ni a ningún otro funcionario público. Con la nueva redacción, la restricción se levanta y el camino queda allanado para que, en el futuro, el gobernador disponga de esa facultad.
Riesgos a futuro
Más allá de la coyuntura actual, la reforma generó preocupación en sectores judiciales y académicos porque este poder no quedará limitado al actual gobernador, sino que será una herramienta disponible para todos los mandatarios provinciales en adelante.
“Es una gracia medieval, de príncipe, que no tiene nada que ver con una República”, sostuvo un juez crítico, mientras que el constitucionalista Diego Giuliano, convencional del peronismo, advirtió en el recinto que estas atribuciones deberían estar armonizadas con cláusulas que resguarden los derechos humanos, la memoria y el orden constitucional.
La pregunta de fondo quedó planteada en el debate: ¿por qué quitar una limitación que garantizaba que ningún funcionario público pudiera ser indultado? La respuesta oficialista apunta a dar al Ejecutivo mayor margen en casos donde considere injusta una condena. Para los críticos, en cambio, se trata de un cambio que debilita la independencia judicial y amplía peligrosamente la discrecionalidad política.
Lo cierto es que, en un proceso constituyente que acumula tensiones y contradicciones, Santa Fe acaba de habilitar un resorte legal que puede modificar el equilibrio de poderes y cuya verdadera dimensión recién se verá con el paso del tiempo.
