La Convención Reformadora de 2025 aprobó un nuevo texto constitucional para la provincia de Santa Fe que reemplaza al esquema vigente desde 1962. La Carta Magna reformada entro en vigencia y fue publicada en el boletín oficial este jueves 11, y fue jurada por las autoridades y los 69 convencionales reformadores este viernes 12 por la tarde.
El nuevo articulado introduce reformas de peso en áreas sensibles: justicia, seguridad, autonomía municipal, mandatos políticos y funcionamiento del Estado. El impacto político y jurídico de estas transformaciones recién comienza a desplegarse, pero ya genera debates sobre sus virtudes, riesgos y la necesidad de una rápida reglamentación legislativa.
Lo nuevo y más relevante
Entre las principales innovaciones, se destaca la declaración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como extrapoder, con presupuesto propio, autonomía administrativa y reglas de traspaso del personal. El texto obliga a sancionar una ley que regule su funcionamiento y asegura que los recursos se asignen con criterios de transparencia.
Otro eje central es la reforma de los mecanismos de selección y control judicial, que incorpora un Consejo Asesor encargado de concursos y ternas anticipadas para cubrir vacantes. También se modifica la composición del jury de enjuiciamiento, ampliando la participación plural en la evaluación y remoción de jueces y fiscales.
Por primera vez en la historia constitucional santafesina, se reconoce a la seguridad pública como derecho fundamental. El Ejecutivo asume la responsabilidad de diseñar y ejecutar la política de seguridad, mientras que policía y servicio penitenciario quedan constitucionalmente jerarquizados como fuerzas del Estado, obligadas a capacitarse y rendir cuentas.
En el plano institucional, la reforma consagra la autonomía municipal: los municipios de más de 10.000 habitantes podrán dictar su propia carta orgánica, se habilita la conformación de áreas metropolitanas y asociaciones regionales, y se establecen reglas para unificar elecciones provinciales y locales hacia 2035.
Finalmente, se fijan límites uniformes a los mandatos: cuatro años con una reelección consecutiva, tanto para cargos provinciales como municipales. Las disposiciones transitorias aclaran cómo se computan los mandatos en curso, tema que ya genera tensiones políticas.
Comparación con la Constitución de 1962
El texto de 1962 preveía un Poder Judicial organizado de forma clásica, dependiente de la Corte y con designaciones centralizadas. La nueva Constitución de 2025 descentraliza procesos, prevé concursos anticipados y otorga autonomía al MPA y al Servicio de Defensa Pública.
En el Ejecutivo, se mantienen los cuatro años de mandato y la reelección inmediata, pero con mayores exigencias de transparencia y límites a las inmunidades.
En el Régimen Municipal, la diferencia es radical: se pasa de municipios subordinados a la ley provincial a un esquema de autonomía plena, con capacidad de redactar cartas orgánicas y gestionar sus propios recursos.
En cuanto al funcionamiento general del Estado, el texto de 2025 agrega cláusulas de ética pública, declaraciones patrimoniales obligatorias, y mecanismos de participación ciudadana como iniciativa popular, referéndum y revocatoria del mandato.
Virtudes y riesgos
Los avances son claros: modernización temática con derechos actualizados, fortalecimiento institucional del MPA, autonomía municipal con herramientas de gestión y un marco de transparencia más exigente.
Pero también aparecen interrogantes: ¿Cómo se reglamentarán las nuevas instituciones? ¿Qué equilibrio habrá entre independencia judicial y control político? ¿Cómo impactará la cláusula transitoria que habilita la reelección del gobernador en 2027? ¿Qué tensiones generará la distribución de recursos entre provincia y municipios bajo un esquema más autónomo?
La reforma constitucional de 2025 marca un antes y un después para Santa Fe. Amplía derechos, moderniza instituciones y responde a reclamos históricos como la autonomía municipal o el fortalecimiento de la justicia. Sin embargo, gran parte de su éxito dependerá de la calidad técnica de las leyes reglamentarias que la Legislatura deberá aprobar en los próximos meses.
El nuevo texto sienta las bases de un rediseño político e institucional profundo. La tarea que viene será garantizar que esas normas se apliquen con coherencia y transparencia, y que no queden atrapadas en disputas de poder que limiten su alcance.
