La Capital Nacional del Cooperativismo enfrenta una crisis que excede ampliamente la caída de su principal empresa. Con seis plantas industriales de Sancor a la venta, unos 900 trabajadores afectados por el colapso de la histórica cooperativa láctea y un escenario económico cada vez más complejo, ahora se suma un fuerte debate político por una reforma tributaria que el Ejecutivo municipal considera indispensable para sostener los servicios. Mientras el gobierno de Pablo Pinotti asegura que las cuentas no cierran y que el sistema impositivo quedó obsoleto, desde la oposición denuncian un crecimiento del gasto político, cuestionan las prioridades presupuestarias y advierten que los vecinos podrían afrontar uno de los mayores incrementos de tasas de la historia reciente de la ciudad.
Sunchales atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. Durante décadas fue reconocida como la Capital Nacional del Cooperativismo y como el corazón productivo de una de las industrias lácteas más importantes del país. Hoy, ese símbolo aparece profundamente golpeado.
La quiebra de Sancor dejó una herida que todavía permanece abierta. Seis plantas industriales se encuentran en venta, cerca de 900 trabajadores quedaron sin empleo y cientos de familias continúan sin certezas sobre su futuro.
El derrumbe del histórico emblema cooperativo modificó la economía, el consumo y el clima social de toda la ciudad. Pero la crisis ya no se limita únicamente al sector productivo. También alcanzó a la política local.
Una ciudad que perdió su principal motor económico
El impacto de la caída de Sancor comenzó a sentirse rápidamente sobre el comercio, los servicios y la recaudación municipal.
La menor actividad económica redujo la circulación de dinero y afectó directamente los ingresos de numerosos sectores.
En ese escenario, la administración del intendente Pablo Pinotti enfrenta crecientes dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano del municipio.
Desde el Ejecutivo aseguran que el problema no nació con esta gestión, sino que responde a un sistema tributario desactualizado que hace años dejó de reflejar los costos reales de los servicios públicos. Por ese motivo impulsan una profunda reforma impositiva.
El Gobierno habla de números que ya no cierran
Luego de que el primer proyecto encontrara resistencia política en el Concejo Municipal, el Ejecutivo decidió modificar la estrategia. Ahora impulsa una Mesa Tributaria con participación de distintos sectores para intentar construir un nuevo consenso.
Durante las primeras exposiciones técnicas, las funcionarias Yamile Bárbara y Eugenia Gamero presentaron un diagnóstico que calificaron como crítico.
Según explicaron, las tasas urbanas apenas alcanzan para cubrir menos del 10% del costo de los servicios que presta el municipio. El dato que más impacto generó fue el correspondiente a la recolección de residuos y el alumbrado público. Solo esos dos servicios, afirmaron, generan un déficit cercano a los 100 millones de pesos mensuales.
A eso se suman otros gastos permanentes vinculados al sistema de videovigilancia, el mantenimiento de espacios públicos, el combustible del parque automotor y el funcionamiento general de la ciudad.
La caída de la coparticipación también golpea
El Gobierno municipal sostiene además que la situación se agravó por la reducción de recursos provenientes de la Nación. Sin embargo no se animan a plantearlo en público pero también hay una molestia con el Gobierno Provincial que no atiende a algunos pedidos de auxilio.
Según explicaron, años atrás la coparticipación alcanzaba para cubrir prácticamente toda la masa salarial de los empleados municipales. Hoy apenas financia aproximadamente un tercio.
Frente a ese escenario, aseguran haber aplicado un fuerte programa de austeridad basado en congelamiento de vacantes, reducción de horas extras y eliminación de alquileres innecesarios. Pero sostienen que ese ajuste ya llegó a su límite.
La conclusión oficial es clara: sin una actualización del sistema tributario, el municipio tendrá enormes dificultades para sostener los servicios actuales.
El DREI financia el déficit
Otro de los puntos reconocidos por la propia gestión es el fuerte peso que hoy tiene el Derecho de Registro e Inspección (DREI).
Según admitió la Secretaría de Producción, buena parte del desequilibrio que generan las tasas domiciliarias termina siendo absorbido por el sector productivo. Es decir, industrias y comercios financian indirectamente servicios que deberían cubrirse mediante otras herramientas tributarias.
Precisamente por eso el Gobierno sostiene que resulta necesario redistribuir la carga impositiva y construir un esquema más equilibrado.
La oposición cuestiona el diagnóstico oficial
Sin embargo, la explicación del Ejecutivo encuentra una fuerte resistencia en distintos sectores políticos. El problema principal no es la falta de recursos sino la forma en que se administran, dicen desde la oposición.
Desde el Concejo Municipal y referentes locales, señalan que: «No es que falta plata. El problema es cómo se gasta», afirmó.
Desde la oposición recuerdan que la Unidad de Cuenta Municipal pasó de 34 pesos cuando asumió Pinotti a aproximadamente 190 pesos en la actualidad, un incremento cercano al 459%.
Según su interpreta, ese aumento ya superó ampliamente la inflación y demuestra que el esfuerzo tributario realizado por los contribuyentes fue muy importante.
Las prioridades bajo discusión
Otro de los cuestionamientos hacia la gestión del Socialista Pablo Pinotti, es el crecimiento de la estructura municipal. Según los cálculos, la planta pasó de unas 401 personas en 2023 a más de 500 trabajadores durante la actual gestión.
Además ponen bajo la lupa algunas partidas presupuestarias, donde señalan que mientras el Gobierno habla de un déficit de aproximadamente 100 millones de pesos en la recolección de residuos, el presupuesto prevé prácticamente el mismo monto destinado a publicidad oficial.
Desde la oposición destacan una pregunta: ¿Cuáles son las prioridades del gasto?.
Por ello, se reclama mayor transparencia respecto de los recursos provenientes del alumbrado público, los fondos financieros presupuestados y las auditorías externas que, según indican, todavía no fueron difundidas.
Una ciudad que debate impuestos mientras intenta recuperarse
La discusión tributaria llega además en uno de los momentos sociales más delicados que recuerda Sunchales.
Con cientos de familias todavía afectadas por la caída de Sancor, una actividad económica debilitada y un fuerte clima de incertidumbre, la posibilidad de un importante incremento de tasas genera preocupación en distintos sectores de la comunidad.
Desde el oficialismo sostienen que no existen alternativas para sostener el funcionamiento del municipio.
Desde la oposición responden que antes de pedir un mayor esfuerzo a los vecinos resulta imprescindible revisar el gasto político y transparentar completamente las cuentas públicas.
Mucho más que una reforma tributaria
Lo que hoy se discute en Sunchales excede ampliamente una modificación de ordenanzas fiscales.
La ciudad enfrenta el desafío de reconstruirse después del derrumbe de uno de los símbolos más importantes de su identidad productiva.
Mientras miles de vecinos todavía intentan asimilar el impacto económico y social que dejó la quiebra de Sancor, el municipio busca recursos para mantener los servicios básicos y la oposición reclama una administración más eficiente. En ese contexto, el debate tributario promete transformarse en una de las discusiones políticas más importantes del año.
Porque detrás de los números, las tasas y los presupuestos aparece una realidad mucho más profunda: una ciudad que todavía intenta encontrar un nuevo rumbo después de perder el motor económico que durante décadas marcó su desarrollo.
