Después de una semana de tensiones dentro del oficialismo, reuniones con ministros y cambios en el texto, la iniciativa avanzó en la Cámara Alta. El proyecto busca prohibir la actividad de cuidacoches en toda la provincia y ahora pasa a Diputados.
Finalmente, y luego de una semana marcada por idas y vueltas, el Senado de Santa Fe otorgó media sanción a la denominada ley “anti trapitos”, una iniciativa que incorpora la actividad de cuidacoches al Código de Convivencia provincial y habilita nuevas herramientas de intervención para municipios y fuerzas de seguridad.
El tratamiento del proyecto no fue lineal. La semana pasada, en una sesión atravesada por tensiones internas dentro del oficialismo, el debate quedó postergado a pedido del propio Poder Ejecutivo, que planteó reparos sobre algunos puntos clave de la redacción. Esa decisión obligó a abrir una instancia de negociación contrarreloj que terminó de destrabarse en las últimas horas.
Una ley que se demoró por internas y ajustes de último momento
El punto de inflexión se dio este miércoles, cuando por orden del gobernador, cuatro ministros mantuvieron una reunión con senadores para revisar el alcance del proyecto y saldar diferencias, principalmente en torno a la distribución de competencias entre la Provincia y los municipios.
Ese encuentro fue determinante para reencauzar la iniciativa, que llegaba con cuestionamientos sobre su aplicación uniforme en todo el territorio. A partir de allí, se acordó una redacción que reconoce el rol central de los gobiernos locales, otorgándoles la potestad de prohibir o regular la actividad mediante ordenanzas propias.
Con ese esquema, el oficialismo logró ordenar su tropa legislativa y avanzar este jueves con la aprobación en la Cámara Alta, dejando atrás una semana de fuerte exposición política.
Seisas: “Era una deuda histórica de la política con la sociedad”
El proyecto lleva la firma del senador por Rosario, Ciro Seisas, quien fue la voz principal en la defensa de la iniciativa y buscó instalar el tema como una respuesta a una demanda social sostenida.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, sostuvo.
El legislador remarcó que la norma incorpora la actividad como una contravención provincial, habilitando la intervención de la policía y estableciendo un esquema de trabajo conjunto con los municipios, que serán los encargados de impulsar las actuaciones.
Además, puso el foco en la situación concreta de Rosario: “Solo en 2025 hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión”, detalló, marcando la dimensión del problema en los grandes centros urbanos.
Qué establece la ley: sanciones y abordaje integral
El proyecto incorpora nuevos artículos al Código de Convivencia (Ley 10.703) y establece sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta arrestos de hasta 20 días en casos de reincidencia o situaciones agravadas.
También prevé un endurecimiento de penas en zonas sensibles como áreas bancarias, comerciales o eventos masivos.
Sin embargo, uno de los puntos que se terminó de ajustar en las negociaciones fue la incorporación de un enfoque no exclusivamente punitivo. La ley contempla la posibilidad de programas de capacitación e inserción laboral para quienes actualmente realizan esta actividad y no estén vinculados a situaciones delictivas.
En ese sentido, el texto final intenta equilibrar la sanción con herramientas de contención social, una de las demandas que surgieron durante el debate legislativo.
El rol de los municipios y el desafío de la implementación
Uno de los aspectos centrales del proyecto es que la aplicación concreta dependerá de cada municipio. Serán los gobiernos locales quienes definan si adhieren a la prohibición y cómo instrumentan su implementación, en función de las particularidades de cada territorio.
Este punto fue clave para destrabar el conflicto interno, ya que permitió evitar una aplicación homogénea en toda la provincia y reconocer que la problemática tiene mayor impacto en ciudades como Rosario y Santa Fe.
A su vez, los municipios podrán requerir la intervención de la Policía en casos de infracción o delito, consolidando un esquema de acción coordinada.
Un debate que expone tensiones políticas y sociales
Más allá de la media sanción, el recorrido del proyecto dejó al descubierto tensiones dentro del oficialismo y la necesidad de negociación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo para avanzar en temas sensibles.
Al mismo tiempo, la iniciativa pone en discusión el uso del espacio público, la seguridad y las respuestas del Estado frente a problemáticas que combinan conflictividad social, informalidad laboral y situaciones de violencia.
“Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Hoy se está dando una discusión incómoda, pero necesaria”, expresó Seisas, sintetizando el espíritu con el que el oficialismo buscó cerrar filas.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se anticipa que el debate continuará y podría reabrir algunos de los puntos que ya generaron diferencias en el Senado.
