El intendente Leonardo Viotti destinará más de 42 millones de pesos para un relevamiento sobre las necesidades barriales, mientras su bloque en el Concejo bloquea una encuesta sobre inseguridad. En una ciudad golpeada por los robos y la violencia, la decisión genera polémica y preguntas sobre las prioridades del gobierno local.
La ciudad de Rafaela atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. A la creciente ola de inseguridad, los robos violentos, los arrebatos y la violencia juvenil, se suma ahora una decisión que encendió el malestar político e institucional: el intendente Leonardo Viotti decidió destinar 42,5 millones de pesos para realizar un relevamiento barrial que, según su propio decreto, busca “actualizar información y datos para direccionar las acciones del gobierno”.
La medida, que triplica el monto originalmente previsto, provocó un fuerte cuestionamiento desde la oposición y de sectores empresariales y vecinales, que se preguntan si semejante gasto es realmente necesario en un contexto de ajuste, caída del empleo y crisis social.
“¿No son los propios funcionarios los que deberían conocer los problemas de los barrios? ¿No se suponía que el ahorro y la austeridad eran ejes de esta gestión?”, cuestionaron los vecinos en redes sociales opositores al analizar los decretos publicados en el Boletín Oficial.
El intendente Viotti, radical y del mismo sector político del gobernador Maximiliano Pullaro, argumentó que la ampliación del presupuesto —que pasó de 14 a 42,5 millones de pesos— se debe a “la inflación y los mayores costos operativos”. Sin embargo, la decisión contrasta con su discurso de campaña, donde prometía reducir el gasto público y racionalizar el funcionamiento municipal.
Diagnósticos costosos, pero sin respuestas para la inseguridad
Mientras el municipio destina millones para “conocer las necesidades” de los barrios, el oficialismo en el Concejo Municipal bloqueó un proyecto de la oposición que proponía realizar una encuesta de victimización para medir el impacto real de la inseguridad en Rafaela.
La propuesta, impulsada por los concejales Juan Senn, María Paz Caruso, Martín Racca y Valeria Soltermam, buscaba que el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) diseñara y ejecutara la encuesta siguiendo estándares internacionales de la ONU.
“Queremos trabajar seriamente por la seguridad de Rafaela. No alcanza con declaraciones o reuniones; hacen falta diagnósticos precisos para tomar decisiones acertadas”, señaló la concejal Soltermam, tras la negativa del bloque oficialista que envió el proyecto nuevamente a comisión.
La paradoja no pasó inadvertida: mientras se contrata una consultoría millonaria para relevar datos generales de los barrios, se impide una herramienta técnica y económica para conocer la inseguridad que padecen los vecinos.
Desde la oposición aseguran que el oficialismo actúa con una mayoría automática y sin diálogo, priorizando el control político sobre la búsqueda de soluciones.
Un municipio que no escucha
El diagnóstico social que encargó Viotti incluiría encuestas presenciales, entrevistas, y procesamiento de datos sobre problemáticas barriales. Pero para muchos, es una muestra de desconexión con la realidad.
“¿Para qué gastar 42 millones en preguntar lo que todos ya sabemos? Los barrios reclaman más presencia del Estado, más patrullaje, más iluminación, más limpieza, más trabajo”, expresó un dirigente empresarial rafaelino.
La crítica también se instaló dentro de los sectores que integran el propio frente político del intendente. Algunos dirigentes reconocen en privado que la gestión “no logra empatía con la gente”, que el intendente “se aísla” y que los funcionarios “parecen más preocupados por los informes que por los hechos”.
La derrota electoral de junio —donde el oficialismo sólo consiguió una banca en el Concejo Municipal— dejó en evidencia el desgaste político de una gestión que, a menos de dos años de iniciada, enfrenta una pérdida acelerada de respaldo social.
Rafaela, una ciudad sin tregua
El telón de fondo de esta polémica es una ciudad que vive bajo una sensación creciente de inseguridad. En los últimos meses se multiplicaron los robos, atracos, balaceras y ataques entre jóvenes, con videos virales que conmocionan a la comunidad.
Solo en las últimas semanas se registraron tres hechos violentos entre adolescentes: una chica de 13 años golpeada por otras tres en plena avenida Ernesto Salva, otra menor hospitalizada tras una pelea en barrio Alberdi, y una confrontación en plaza Colón que terminó con una joven inconsciente en el suelo.
Los vecinos hablan de “tierra de nadie”, mientras los barrios se fragmentan entre el miedo, la desesperanza y la falta de respuestas.
La violencia juvenil aparece como el síntoma más visible de una crisis social profunda, alimentada por la desigualdad, la falta de oportunidades y el consumo de drogas.
“El problema ya no es solo policial: es político, educativo y social. Rafaela necesita políticas de prevención, no diagnósticos de escritorio”, advirtió un referente institucional local.
El discurso oficial y la realidad
Mientras el gobernador Pullaro insiste en mostrar a Rosario como ejemplo de una supuesta seguridad recuperada, los hechos en Rafaela y otras ciudades del interior cuentan una historia distinta: robos a plena luz del día, asaltos violentos, jóvenes armados, y barrios donde la droga se vuelve la única moneda de intercambio.
Las políticas de seguridad del gobierno provincial no logran llegar al interior, y el intendente Viotti —que pertenece al mismo espacio político— evita confrontar abiertamente, pese a la creciente tensión con las instituciones locales.
En ese contexto, la decisión de gastar 42,5 millones en un relevamiento barrial parece desentonar con las urgencias reales. Mientras las familias rafaelinas reclaman presencia policial, patrulleros y contención social, la gestión municipal apuesta a un estudio de diagnóstico que, para muchos, ya está escrito en cada esquina.
Una ciudad que pide respuestas, no estudios
Rafaela atraviesa una encrucijada política y social. El gasto millonario aprobado por el intendente Leonardo Viotti reaviva el debate sobre las prioridades de gobierno y deja en evidencia la desconexión entre el discurso y las acciones.
En paralelo, la negativa del oficialismo a discutir la inseguridad en el Concejo refuerza la percepción de una gestión cerrada sobre sí misma, incapaz de reconocer el deterioro de la convivencia urbana.
El contraste es evidente: mientras los vecinos viven entre el miedo y la desconfianza, el municipio paga millones para conocer lo que ya todos saben.
Rafaela, una ciudad que supo ser símbolo de progreso, hoy parece buscar en los diagnósticos lo que perdió en la calle: la presencia del Estado y la confianza de su gente.
