El rechazo de Sadop a la propuesta salarial del Gobierno de Santa Fe terminó de consolidar un escenario que la Casa Gris buscaba evitar: la totalidad del sistema docente —tanto público como privado— se alineó en contra del ofrecimiento oficial. La decisión amplifica la tensión política y sindical en la antesala del inicio del ciclo lectivo, en un contexto donde el malestar ya no distingue entre sectores.
La asamblea de delegadas y delegados del Sindicato Argentino de Docentes Particulares resolvió desestimar la oferta por considerarla “insuficiente”. Con más del 90% de los votos, el gremio definió adherir al paro nacional previsto para el lunes 2 de marzo y convocar a una movilización provincial, sumándose así a la dinámica de confrontación que ya había marcado Amsafe en la educación pública.
Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop Santa Fe, enmarcó la decisión en términos políticos y simbólicos. “Este rechazo es la expresión más genuina de dignidad de las y los docentes santafesinos que, a pesar de las agresiones y extorsiones que se vienen llevando adelante desde la política provincial, no baja los brazos y pelea por un mejor salario”, afirmó. El dirigente sostuvo además que el gremio mantiene abierta la expectativa de una nueva instancia de diálogo: “Queremos seguir negociando un mejor salario para docentes y jubilados”.
Rosario, epicentro del descontento
En la seccional Rosario, donde históricamente se concentran las posiciones más críticas dentro del gremio, el rechazo también fue contundente. Según detalló Martín Lucero, el 72% de las escuelas representadas —alrededor de 230 establecimientos del sur provincial— votaron por la negativa.
“El amplio descontento del sector docente frente a la oferta oficial queda claramente expresado en los números”, señaló Lucero. En sus declaraciones, el dirigente puso el foco en reclamos que exceden el porcentaje salarial: la deuda acumulada que, según Sadop, no es reconocida por el Ejecutivo; la falta de traslado de mejoras al sector pasivo; y la continuidad del presentismo.
“Existe una profunda molestia entre las y los trabajadores de la educación”, advirtió. Y fue más allá al cuestionar el vínculo con las autoridades educativas: “No hay comprensión de la realidad ni vocación de alcanzar un acuerdo con el personal docente”.
Dentro del diagnóstico sindical aparece también la discusión comparativa entre sectores del Estado. Lucero afirmó que el salario de un cargo testigo docente ronda los 1.040.000 pesos, cifra que —según remarcó— se ubica por debajo de otras áreas de la administración pública, como la policial.
Un conflicto que ya es sistémico
El rechazo de Sadop no sólo suma presión en términos gremiales. Políticamente, termina de configurar un conflicto educativo integral, donde el Gobierno provincial enfrenta simultáneamente a la docencia pública y privada.
En el oficialismo sostienen que la propuesta responde a las restricciones fiscales derivadas del escenario económico nacional, marcado por la caída de recursos y la volatilidad macroeconómica. Sin embargo, en el frente sindical la lectura es diametralmente opuesta: interpretan que la política salarial consolida un proceso de deterioro del ingreso docente y profundiza un esquema de sumas no remunerativas que impacta negativamente en jubilados y en la estructura salarial.
La coincidencia entre Amsafe y Sadop reconfigura además la narrativa del conflicto. Lo que inicialmente fue presentado por el Ejecutivo como una disputa centrada en la conducción gremial de la docencia pública ahora adquiere una dimensión más amplia, difícil de circunscribir a un único actor sindical.
Clima político y señales de endurecimiento
Con ambos gremios docentes alineados en el rechazo, el inicio del año lectivo aparece atravesado por un clima de confrontación abierta. Las medidas de fuerza previstas para el primer día hábil del calendario escolar no sólo interpelan la política salarial, sino que operan como señal política hacia la gestión de Maximiliano Pullaro.
En distintos sectores sindicales ya se habla de un “grito de resistencia” que marcará el tono del arranque educativo. La escena remite inevitablemente a momentos de alta conflictividad en la historia provincial, donde las disputas salariales terminaron desbordando el plano estrictamente paritario para instalarse en el centro del debate político.
El dato que emerge con mayor nitidez es otro: el conflicto docente dejó de ser sectorial para convertirse en un problema político estructural para el Gobierno provincial. Y su evolución, más que en los porcentajes, parece depender ahora de la capacidad oficial de recomponer confianza y credibilidad en la negociación.
