A una semana del inicio de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, y también del sorpresivo ACV que sufrió Alejandra “Locomotora” Oliveras, el proceso constituyente enfrenta su primer dilema institucional. Aunque su estado de salud continúa siendo crítico y clínicamente inestable, la convención debe resolver en las próximas horas qué hacer con su banca: si espera su recuperación o activa el reemplazo por su suplente, Verónica Colombo.
La situación se abordará este lunes en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que tiene entre sus atribuciones la validación de títulos y la definición de la situación de los convencionales ante hechos extraordinarios. El caso Oliveras condensa múltiples capas de complejidad: una urgencia médica, una impugnación formal y una controversia política previa que sigue generando ruido.
Un cuadro clínico sin cambios
Según el parte médico emitido desde el Hospital Cullen, donde permanece internada desde el 14 de julio, Oliveras no mostró avances significativos. En las últimas horas, el equipo de salud intentó reducir su sedación para evaluar la respuesta neurológica, pero debió dar marcha atrás. “La situación es dinámica”, dijo el director del hospital, Bruno Moroni. El pronóstico continúa siendo reservado y su evolución es incierta.
En representación de la familia, su hijo presentó ante la comisión dos informes médicos con el objetivo de justificar su ausencia y solicitar un margen de tiempo para evaluar una eventual recuperación. Se especula con que se otorgue un plazo de diez días, aunque ese margen deberá definirse formalmente esta semana.
De lista colectora a cuestionamiento institucional
Más allá del lamentable cuadro de salud de Oliveras, el caso plantea un interrogante institucional que no puede eludirse. La candidatura de la exboxeadora fue cuestionada desde su origen: fue impulsada como una lista colectora del oficialismo provincial y encabezó el Frente de la Esperanza, que logró ingresar tres convencionales claves para la aritmética legislativa del gobernador Maximiliano Pullaro.
La campaña de Oliveras se sostuvo con una inversión importante en comunicación, logística y apoyo territorial, con presencia visible de dirigentes radicales y estructuras vinculadas a Unidos para Cambiar Santa Fe. Sin embargo, ya en aquel momento surgieron dudas sobre su real residencia en la provincia.
El bloque Somos Vida, liderado por Amalia Granata, presentó una impugnación formal ante la Comisión de Peticiones, señalando que Oliveras fijó domicilio en Santo Tomé recién durante el año 2025, cuando la ley exige un mínimo de dos años de residencia previa en la provincia para poder ser candidata a convencional.
El planteo expone una contradicción legal que el pleno deberá resolver: ¿puede mantenerse una banca ocupada por una candidata impugnada y actualmente impedida de ejercer? ¿Qué criterio debe primar: el derecho individual a recuperarse o la necesidad institucional de garantizar la representación plena en la convención?
El silencio del oficialismo y el valor de la banca
Hasta el momento, el bloque Unidos ha mantenido un perfil bajo frente al tema. Es entendible: la banca de Oliveras, junto a las de Ariel Sclafani y Caren Fruh, se volvió clave para el equilibrio interno del oficialismo en la Convención, que no cuenta con mayoría propia. La salida de Oliveras y el eventual ingreso de su suplente —la radical rosarina Verónica Colombo— implicaría un cambio de interlocutor político, pero garantizaría continuidad institucional.
Sin embargo, más allá de los intereses partidarios, existe una dimensión institucional que no puede ignorarse. La Convención está llamada a reformar la Constitución de la provincia después de más de 60 años. No puede darse el lujo de omitir una definición sobre la validez de una banca ocupada por una persona que, por razones de salud, no puede ejercer sus funciones, y que además está bajo un proceso de impugnación que pone en duda el cumplimiento de los requisitos legales para su candidatura.
¿Qué puede pasar ahora?
La Comisión de Peticiones se reunirá este lunes. Allí se analizarán las impugnaciones, los informes médicos y las alternativas de acción. El reglamento permite otorgar un plazo de gracia, pero también contempla la sustitución en caso de incapacidad prolongada.
La decisión que se tome sentará un precedente clave para el resto del proceso constituyente. En juego no está solo el futuro de una banca, sino la credibilidad de un proceso que busca reformar las bases institucionales de la provincia. La política puede esperar la recuperación de una persona. La institucionalidad, en cambio, no puede detenerse.
