Rosario, la capital, el norte y una protesta que cambió el escenario político.
El conflicto que protagonizó la Policía de Santa Fe durante los últimos días no fue una protesta más dentro del mapa sindical o laboral de la provincia. Fue, por su magnitud, por su alcance territorial y por sus implicancias institucionales, uno de los episodios más delicados que debió atravesar la gestión de Maximiliano Pullaro desde su asunción.
Las movilizaciones frente a la Jefatura de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, los repliegues de móviles, la tensión interna dentro de la fuerza y los sucesivos anuncios oficiales marcaron una crisis que obligó al Gobierno provincial a modificar su estrategia en tiempo real.
Lo que comenzó como un reclamo salarial terminó exponiendo una fractura más profunda: la del vínculo entre el poder político y quienes sostienen, en la práctica, el sistema de seguridad pública.
Idas, vueltas y un Gobierno que terminó cediendo
Durante los primeros momentos del conflicto, la respuesta oficial estuvo signada por una lógica disciplinaria. Pases a disponibilidad, advertencias de sanciones y un discurso centrado en el sostenimiento de la operatividad marcaron el pulso inicial de la Casa Gris.
Sin embargo, la protesta no se desinfló.
Por el contrario, creció en volumen, en visibilidad y en respaldo interno, incorporando familiares, retirados y personal de distintas dependencias. La escena frente a la Unidad Regional II se transformó rápidamente en el símbolo de una crisis que ya no podía ser contenida únicamente mediante medidas administrativas.
El giro llegó con los decretos de recomposición salarial firmados por el gobernador. Que estuvo ausente en la órbita pública durante todo el conflicto, nada que ver a lo que nos tiene acostumbrado el hombre de Hugues cuando todo está bien.
La decisión implicó, en términos políticos, un reconocimiento implícito del impacto que había alcanzado la protesta. El Gobierno no solo dejó sin efecto sanciones, sino que además redefinió el esquema salarial del personal policial y penitenciario.
El conflicto fue contenido. Pero no necesariamente resuelto.
La salida de Solari: la primera consecuencia visible
En medio de la resaca del conflicto, el Gobierno provincial avanzó con un movimiento clave dentro de la estructura policial: la remoción del jefe de la Unidad Regional II, Guillermo Solari, quien había asumido apenas tres meses atrás.
Su desplazamiento fue interpretado dentro de distintos ámbitos políticos y policiales como la primera consecuencia concreta del estallido.
El reemplazo recayó en Danilo Villan, un director general retirado con amplio recorrido en Rosario, que ya había ocupado la jefatura en 2020. Desde el Ministerio de Seguridad se buscó presentar la decisión como parte de la “dinámica habitual de rotaciones”, aunque el contexto en el que se produjo la modificación le otorgó una lectura inevitablemente política.
La conducción operativa de Rosario volvía a ser reconfigurada tras una de las semanas más tensas de los últimos años.
El aumento salarial: aceptación formal, disconformidad real
Si bien los decretos oficiales permitieron desactivar la protesta y normalizar el servicio, dentro de la fuerza el clima dista de ser de conformidad.
Diversos sectores policiales advierten que buena parte de la recomposición anunciada se apoya en sumas no remunerativas, adicionales y componentes que no impactan plenamente en el salario básico.
En términos prácticos, el ingreso real continúa dependiendo de suplementos que históricamente han sido erosionados por la inflación. El malestar, lejos de desaparecer, mutó.
La sensación predominante en numerosos efectivos es que el aumento logrado podría diluirse rápidamente frente al avance de los precios, reeditando en pocos meses el mismo escenario que detonó la protesta.
El conflicto salarial, sostienen, no ha sido estructuralmente resuelto.
El problema que pocos dicen en voz alta: la vivienda imposible
Pero el estallido dejó al descubierto un aspecto aún más sensible, menos visible en los anuncios oficiales pero profundamente instalado dentro de la fuerza. El acceso a la vivienda.
Casos recientes de efectivos excluidos de planes provinciales por “ingresos insuficientes” expusieron una paradoja difícil de ignorar: policías que no alcanzan el piso económico requerido por las propias políticas sociales del Estado que los emplea. El dato no es menor.
Un trabajador estatal, con años de servicio, que no puede calificar para una vivienda social revela una tensión estructural entre salario, costo de vida y dignidad laboral.
Dentro de la fuerza, el diagnóstico es compartido: El sueldo policial no solo es insuficiente para proyectar estabilidad económica, sino también para acceder a herramientas básicas de desarrollo personal y familiar.
Una protesta que se levantó, pero no se apagó
La normalización operativa y el levantamiento de la protesta no implican necesariamente el cierre del conflicto.
El estallido policial dejó una marca política e institucional que difícilmente pueda ser interpretada como un episodio aislado. La protesta demostró capacidad de expansión territorial, cohesión interna y un nivel de visibilidad pública poco habitual en la historia reciente de la fuerza.
El mensaje que quedó instalado dentro del universo policial es claro: El reclamo puede torcer decisiones políticas. En la Casa Gris, en tanto, el desafío pasa ahora por evitar que el conflicto reaparezca bajo nuevas formas.
Aunque parecen no darse cuenta que una nueva página de la historia negra de la provincia, puede reescribirse en los proximos dias cuando sino dignifican salarialmente a docentes, médicos y trabajadores del estado, las calles rechacen a una gestión que hasta aca ajustó por donde indudablemente no debía.
Crisis contenida, tensión latente
El Gobierno logró recuperar el control inmediato de la situación y normalizar el servicio. Pero el estallido dejó algo más profundo que una serie de decretos. Dejó un malestar estructural que excede lo salarial y que se vincula con condiciones de trabajo, bienestar y expectativas de futuro.
La protesta se levantó. La tensión, en gran medida, permanece. Porque cuando un conflicto de esta magnitud irrumpe en una institución central del Estado, lo que queda no es solo una crisis superada. Es un equilibrio que deberá ser administrado día a día. Y una advertencia política que difícilmente pueda ser ignorada.
