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El elefante en la Casa Gris: un proyecto legislativo quieren ponerle techo a los cargos políticos

La iniciativa plantea transparencia total y un límite legal a los nombramientos, en una provincia con cifras récord de cargos políticos. Un proyecto busca limitar el gasto, pero podría naufragar por falta de votos.

En medio de un escenario atravesado por ajuste salarial, paritarias tensas y reclamos de distintos sectores del Estado, ingresó a la Legislatura provincial una iniciativa que apunta directamente al corazón de la estructura política del gobierno: limitar por ley la cantidad de cargos políticos y transparentar cada designación.

El proyecto propone establecer un tope concreto a los nombramientos discrecionales y crear un registro público online donde cualquier ciudadano pueda consultar quiénes integran la planta política del Ejecutivo, en qué dependencia trabajan, desde cuándo, bajo qué modalidad fueron designados y cuál es su categoría salarial.

La discusión no es menor. Según datos que surgen del Presupuesto 2026, la actual gestión encabezada por Maximiliano Pullaro cuenta con 2.746 cargos políticos, una cifra que en la práctica se estima que son casi 3.000 personas, si se consideran contratos y figuras asimiladas. Se trata de un número inédito en la historia reciente de Santa Fe y muy por encima de administraciones anteriores.

Detrás de ese volumen de nombramientos aparece un dato político central: dentro de esa extensa nómina conviven dirigentes y cuadros técnicos de todos los espacios que integran el frente gobernante Unidos para Cambiar Santa Fe, lo que convierte al esquema actual en una estructura transversal de sostenimiento político, financiada con recursos del Estado.

Qué plantea concretamente la iniciativa

El texto legislativo avanza sobre dos ejes principales:

1) Registro público de cargos políticos.
Se crea un sistema de acceso abierto desde la web oficial de la Provincia, donde deberán figurar:

  • Nombre y apellido del personal político.

  • Dependencia en la que presta funciones.

  • Fecha y modalidad de designación.

  • Categoría salarial.

La administración del registro quedaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, con obligación de auditarlo y certificarlo trimestralmente.

2) Límite numérico a las designaciones.
El proyecto fija un tope del 0,5% del total del personal permanente de la administración pública para cargos estrictamente políticos. Aplicado a la estructura actual del Estado santafesino, ese porcentaje arrojaría una cifra ampliamente suficiente para cubrir funciones de conducción sin necesidad de multiplicar nombramientos.

Además, se incorpora una cláusula contundente: toda designación que viole ese límite será considerada nula de nulidad absoluta.

El espíritu declarado de la iniciativa es avanzar hacia un Estado más austero, eficiente y transparente, tomando al gasto político como una de las primeras variables a ordenar.

Buenas intenciones, escasas chances

Más allá del contenido, el proyecto nace con una dificultad estructural: proviene de un sector opositor y deberá atravesar el filtro de una Legislatura donde el oficialismo cuenta con mayoría. En ese marco, el escenario más probable es que la propuesta quede cajoneada en comisión o directamente nunca llegue al recinto.

La paradoja es evidente. Mientras desde la Casa Gris se insiste en la necesidad de austeridad y equilibrio fiscal —argumentos utilizados para justificar ofertas salariales ajustadas—, la planta política del Ejecutivo se mantiene en niveles récord.

En paralelo, crece el malestar entre docentes, personal de salud, policías, administrativos, jubilados y trabajadores judiciales, todos alcanzados por una misma sensación: el ajuste baja en cascada, pero rara vez toca a la estructura política.

El proyecto pone sobre la mesa una discusión incómoda para el poder: cuántos cargos son realmente necesarios para gobernar y cuántos responden, en cambio, a la lógica de la rosca, el reparto interno y la contención de aliados.

Por ahora, la iniciativa cumple una función clara: dejar constancia formal de un debate que atraviesa la calle, pero que todavía no logra romper el cerco de las mayorías parlamentarias. En una provincia donde se habla de eficiencia mientras se sostienen casi tres mil cargos políticos, la pregunta queda abierta: ¿habrá voluntad real de achicar el Estado donde más duele, o el ajuste seguirá teniendo siempre el mismo destino?

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