Mientras la Justicia avanza con imputaciones contra la cúpula de Vicentin por estafas y asociación ilícita, la dirigencia política del norte santafesino mantiene un silencio cómplice. Figuras que en su momento defendieron con vehemencia a la empresa, como el Diputado Dionisio Scarpin, hoy evitan cualquier pronunciamiento. El gobernador Maximiliano Pullaro tampoco se ha manifestado sobre las detenciones de altos ejecutivos de la firma, a pesar del impacto del caso en la economía regional y la política provincial.
Una trama de fraude y maniobras millonarias
Este jueves, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se lleva a cabo la audiencia imputativa contra cuatro altos ejecutivos de Vicentin, quienes anticipan enfrentarán penas de hasta 17 años de prisión por delitos de estafa y administración fraudulenta. Se trata de Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, a quienes acusarán formalmente por su rol en maniobras fraudulentas que dejaron un pasivo de 1.300 millones de dólares y afectaron a cientos de productores, bancos y corredores de granos.
Las detenciones surgen tras una exhaustiva investigación que determinó que la firma urdió un esquema para endeudarse de manera premeditada y luego declararse en cesación de pagos en 2019. Según la fiscalía, se desviaron fondos en beneficio de los directivos, dejando a miles de acreedores sin posibilidad de recuperar su dinero. En total, hay 19 personas involucradas en la causa, incluyendo a miembros de la familia Vicentin y allegados a la estructura de la empresa.
De la defensa al silencio: el rol de Scarpin y la dirigencia política
El silencio de la dirigencia política santafesina contrasta con el fervor con el que algunos de sus referentes defendieron a Vicentin cuando el escándalo estalló en 2020. Un caso paradigmático es el de Dionisio Scarpin, actual Diputado Provincial y exintendente de Avellaneda, quien en aquel entonces se convirtió en una de las principales voces en defensa de la empresa, que lo posicionó en la esfera nacional, depositándolo como Senador en el Congreso, para después renunciar, en lo que se podría leer como una ambición política que lo llevó a perder credibilidad en su región.
«Defendemos lo que hizo Vicentin», declaró Scarpin en una entrevista, justificando la gestión de la firma y oponiéndose a cualquier intervención estatal. Su postura era clara: proteger a la empresa y evitar su venta a capitales extranjeros. Sin embargo, hoy, ante la evidencia de las maniobras fraudulentas y las detenciones de sus directivos, el senador ha optado por el silencio absoluto.
La falta de pronunciamiento no se limita a Scarpin. El gobernador Maximiliano Pullaro tampoco ha hecho declaraciones sobre el tema, a pesar de la magnitud del fraude y de que el escándalo impacta de lleno en la economía de la provincia. La omisión de cualquier posicionamiento deja en evidencia la complicidad de sectores políticos que, en su momento, respaldaron a la agroexportadora y ahora intentan desentenderse de la situación.
El comunicado de Vicentin y su estrategia de defensa
Tras las detenciones y allanamientos, Vicentin emitió un comunicado en el que evitó referirse a las acusaciones en su contra y, en cambio, intentó victimizarse, alegando que la intervención judicial ocurre en un «momento de máxima tensión» para la empresa. La firma aseguró que seguirá «trabajando para mantener la actividad productiva y los puestos de trabajo», pero omitió responder sobre las maniobras fraudulentas que la llevaron a esta situación.
En su estrategia de defensa, la empresa también cuestionó la competencia del Colegio de Jueces de Rosario para investigar el caso y sugirió que las detenciones forman parte de una operación política. Sin embargo, los fiscales a cargo de la causa sostienen que las pruebas son contundentes y que el vaciamiento de la empresa fue una acción planificada.
Conclusión: complicidades y responsabilidades
El caso Vicentin es el mayor default privado de la historia argentina, con un impacto devastador para miles de productores y trabajadores. A medida que la Justicia avanza con las imputaciones y detenciones, el silencio de la política santafesina deja en evidencia la complicidad de quienes en su momento salieron en defensa de la empresa sin cuestionar sus manejos.
La falta de explicaciones por parte de figuras como Dionisio Scarpin y el gobernador Pullaro no hace más que confirmar la connivencia de sectores políticos con los intereses empresariales, en detrimento de la transparencia y la legalidad. La pregunta es hasta cuándo podrán seguir callando.
