El gobernador Maximiliano Pullaro decidió esta semana volver a poner en escena uno de los ejes más sensibles —y más cargados políticamente— de su gestión: la seguridad. Pero no lo hizo desde la calle, ni desde estadísticas policiales, ni desde operativos en barrios calientes. Lo hizo desde el interior de una obra pública monumental: la Unidad Penitenciaria N° 8, un complejo de máxima seguridad al que el propio gobierno bautizó con un nombre tan explícito como provocador: “El Infierno”.

Con casco, recorrida oficial y una narrativa cuidadosamente construida ante la prensa cercana a la gestión, Pullaro buscó instalar una idea fuerte: que el Estado santafesino está construyendo una herramienta inédita para romper el vínculo entre el delito y el afuera, desarticular las organizaciones criminales desde su núcleo y aislar a los presos más peligrosos de la provincia.

La imagen que intentó proyectar fue clara: “mano dura” institucional, obra concreta, control penitenciario y decisión política. Un formato que la Casa Gris viene intentando consolidar desde el primer día: mostrar a Pullaro como el gobernador que se animó a enfrentar al delito sin matices, con una estética que en varios pasajes buscó —por comparación y por mensaje— asemejarse al modelo Bukele en El Salvador.

El problema, señalan en la oposición y también en sectores del propio mundo de la seguridad, es que esa épica no encaja del todo con la realidad: los resultados iniciales fueron negativos, con focos de violencia extrema en Rosario y Santa Fe, y una política de seguridad que al comienzo pareció más impulsiva que estratégica. Ahora, con el paso del tiempo, el gobierno apuesta a compensar esa deuda con infraestructura: cemento, muros y módulos, convertidos en símbolo.

Sin embargo, el avance de “El Infierno” convive con otro frente interno igual o más preocupante: una crisis de deserción masiva en el Servicio Penitenciario provincial, denunciada por sectores vinculados a APROPOL, que describen un cuadro de abandono, condiciones laborales degradadas y renuncias constantes entre los ingresantes.

En ese contraste se juega una tensión que empieza a volverse estructural: una política de seguridad que se muestra en maquetas y obras, pero que se empantana a la hora de construir un sistema penitenciario sostenible en el tiempo.

Una obra “inédita” que el gobierno quiere convertir en hito político

La recorrida oficial por la Unidad Penitenciaria N° 8 buscó destacar magnitud, ritmo de ejecución y escala de inversión. Pullaro remarcó que en el predio trabajan 12 grúas de manera simultánea, una imagen impactante, poco frecuente incluso en grandes desarrollos urbanos, y la utilizó como argumento político:

“Esto habla de la decisión política y de la inversión que estamos llevando adelante”.

La obra se ubica en Piñero, en la intersección de rutas AO12 y 14, y según informaron funcionarios del Ejecutivo, presenta un 40% de avance, con expectativa de finalización en octubre para su primera etapa.

De acuerdo a lo explicado por el gobierno, no se trata solamente de un penal: en el mismo predio se levantan tres unidades penitenciarias: una cárcel para presos de “alto perfil” con capacidad estimada para 150 internos, prevista para septiembre/octubre; y otras dos unidades de gran escala, de alrededor de 1.950 detenidos cada una, con plazos hacia fines de 2026 o 2027.

El gobernador cerró la recorrida con una frase que apunta a la construcción de legado:

“En 100 años se hicieron 3.500 celdas. En 4 años de nuestra gestión vamos a hacer más”.

En clave política, esa comparación pretende ubicar a su administración como “la que más hizo” en infraestructura carcelaria. El interrogante es si esa cantidad, por sí sola, construye una solución o solo amplía el tamaño del sistema.

El concepto central

El discurso oficial se sostiene en una premisa: una parte central del delito violento y del crimen organizado en Santa Fe se ordenó durante años desde el encierro. Para el gobierno, “El Infierno” permitiría cerrar esa etapa.

El esquema que se anunció para los internos de alto perfil incluye: celdas individuales (sin pabellones masivos), contactos mínimos entre detenidos, circulación regulada y patios reducidos, visitas solo con orden judicial y bajo condiciones extremas (blindex, sin contacto físico), vigilancia intensiva con cámaras, torreones, muros dobles y control perimetral.

El objetivo explícito es evitar lo que Pullaro describió como una de las fallas históricas del sistema: pabellones de más de 200 internos donde convivían presos por delitos menores con detenidos con historial de homicidios y vínculos criminales, generando violencia, adoctrinamiento y captación.

La Unidad se proyecta como destino para un universo identificado por el Ejecutivo: unos 500 presos de alto perfil divididos en niveles, con aproximadamente: 70 internos en nivel 1, 166 en nivel 2, cerca de 300 en nivel 3.

El “Infierno” como propaganda de orden, en una provincia que vivió su peor violencia

La visita ocurre en un momento particular. Pullaro viene de atravesar meses donde su gobierno, intentando imponer un giro duro en seguridad, sufrió el costo más alto posible: escenarios de violencia extrema, con ataques, intimidaciones mafiosas y una sensación de descontrol que, por momentos, rompió el relato oficial, que estuvo recubierto por sus propagandas mediáticas. 

La comparación con Bukele —instalada desde el comienzo del mandato como estética y como mensaje— no funcionó como se esperaba. Porque la mano dura, sin una política estudiada, sin estrategias claras y sin previsión del costo, puede derivar en una escalada.

Ahora el gobierno parece buscar una salida distinta: volver tangible el poder del Estado, mostrar que hay obras, muros, cárceles, tecnología y capacidad de aislamiento.

Es una narrativa fuerte para un electorado que exige respuestas. Pero también es una estrategia riesgosa si la discusión se reduce a eso: más cemento como sinónimo de más seguridad.

El otro lado del sistema: deserción, precariedad y denuncias en el Servicio Penitenciario

Mientras el Ejecutivo exhibe grúas y torres de vigilancia, en el subsuelo del sistema penitenciario crece una crisis que compromete cualquier “modelo Bukele” real: no hay cárcel que funcione sin personal penitenciario profesional, protegido y con condiciones dignas.

Desde sectores que denuncian lo que ocurre en distintas unidades se advierte un cuadro alarmante: condiciones laborales “inhumanas” en garitas y perímetros, falta de agua en recorridos extensos, ausencia de baños en puestos de vigilancia, equipamiento deficiente, chalecos balísticos deteriorados, uniformes incompletos o de mala calidad.

Pero lo más grave es el dato que se repite como síntoma de colapso: de 800 ingresantes quedarían 595, con renuncias que rondarían el 25%.

Esa deserción masiva tiene un efecto directo: debilita el sistema, recarga al personal operativo y alimenta un círculo vicioso de estrés, desorganización y pérdida de control.

Además, aparecen denuncias gravísimas vinculadas a posibles hechos de acoso sexual en ámbitos de formación o prácticas, con sospechas de encubrimiento y ausencia de respuestas públicas, denunciada por APROPOL.

Este punto no solo es un escándalo laboral o institucional: es una bomba política. Porque el gobierno puede construir la cárcel más segura del continente, pero si el sistema penitenciario se desangra por dentro, la cárcel se vuelve un cascarón.

Maquetas, carteles y cemento: una lógica que se repite

El gobierno de Pullaro insiste en un formato: obra pública como mensaje de poder. No es un detalle menor: desde el inicio de la gestión, la Casa Gris invirtió mucha energía comunicacional en mostrar: carteles de inicio, maquetas, recorridas, avances porcentuales, cifras de inversión, tiempos de finalización.

Eso puede ser parte de un plan de gobierno. Pero también puede convertirse en un problema cuando el relato se separa de la capacidad real de gestionar el futuro.

Porque la seguridad no se define solamente por infraestructura. Se define por: profesionalización del servicio penitenciario, control interno y externo, inteligencia criminal aplicada, coordinación judicial, respeto institucional, prevención del delito, reinserción y administración del encierro.

Y sobre todo: gobernabilidad del sistema, con personal, formación, protocolos y legitimidad.

El interrogante que queda abierto

“El Infierno” puede convertirse en un hito penitenciario real. Puede aportar a separar presos de alto perfil, limitar comunicaciones criminales y bajar capacidad operativa desde las cárceles.

Pero también puede quedar como símbolo de una etapa: una gestión que decide construir una mole de cemento para mostrar poder, mientras el Estado pierde cuadros humanos esenciales para sostener ese poder.

En política, la seguridad es un territorio que no perdona: si el Estado no logra control integral, la obra se vuelve postal y la crisis se vuelve realidad.

Y en Santa Fe, la realidad no espera. El futuro, incluso, puede empezar a pensarse sin Pullaro y los suyos. Esa es la dimensión final del problema: cuando una política no ofrece horizonte, el sistema empieza a buscarlo por otro lado.