En medio de un escenario económico complejo y tras el fuerte revés electoral del 26 de octubre, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió avanzar nuevamente con una actualización salarial sin convocar a la paritaria que venían exigiendo los gremios estatales. La medida, presentada como una “compensación automática” atada a la inflación de octubre, profundizó el malestar con los sindicatos, en especial con la docencia pública nucleada en AMSAFE, que rechazó la decisión por considerarla insuficiente, unilateral y con componentes no remunerativos.
El Ejecutivo insiste en que la actualización cumple con la palabra que el propio gobernador había dado semanas atrás: si la inflación superaba la pauta salarial, la diferencia sería corregida. Pero para los trabajadores estatales el conflicto no pasa solo por los números, sino por el método: el gobierno vuelve a eludir el ámbito paritario como espacio de discusión democrática, debilitando un instrumento central de diálogo social.
La tensión se inscribe, además, en un clima político interno atravesado por incertidumbres: pese a los cuestionamientos que emergieron tras la derrota legislativa de octubre, Pullaro no introdujo cambios en ministerios clave —como Educación, Trabajo y Salud— que tienen incidencia directa sobre la agenda salarial. Para dirigentes sindicales y actores legislativos consultados, la decisión de avanzar por decreto refuerza la idea de un oficialismo que cierra filas en lugar de recomponer puentes.
El anuncio oficial: compensación y pisos salariales
El Gobierno informó que los haberes de noviembre incluirán una corrección equivalente a un aumento del 9,8% respecto de junio, que surge de la suma del 1% previsto en la pauta salarial más un ajuste automático asociado a la inflación provincial, que en octubre alcanzó el 2,7%, según el IPEC.
La administración santafesina destacó tres datos: Entre julio y noviembre ningún agente estatal habría percibido menos de $100.000 de incremento acumulado. Desde enero a noviembre, ningún trabajador habría cobrado menos de $245.000 de mejora total. En diciembre, el aumento acumulado respecto de junio sería del 10,8%, al sumarse otro 1% previsto en el acuerdo semestral.
Con este mecanismo, explicaron funcionarios de la Casa Gris, el Ejecutivo sostiene la premisa de que el salario estatal debe ubicarse “igual o por encima de la inflación”. Pero el alivio técnico no resolvió el debate político de fondo.
El reclamo gremial: pérdida acumulada, montos no remunerativos y paritaria cerrada
El rechazo más fuerte provino de AMSAFE, cuyo secretario general, Rodrigo Alonso, fue categórico al cuestionar la medida:
“Es insuficiente. El Gobierno cubre apenas el desfase entre julio y octubre. Pero la pérdida real del salario docente en 2025 ronda el 7,7% y, si tomamos desde enero de 2024, supera el 30%. Además, parte del incremento es en negro, no va a obra social ni a jubilaciones”.
Para el gremio docente, el núcleo del conflicto es doble:
La falta de paritaria
AMSAFE sostiene que el Ejecutivo incumple su obligación legal de convocar a la mesa de negociación, pese al rechazo gremial a la pauta salarial vigente:
“El Gobierno habla de diálogo, pero toma decisiones unilaterales. Hay un ámbito paritario que se debe respetar”.
El carácter no remunerativo de parte del aumento
Según Alonso, este esquema impacta negativamente en jubilados y en el salario futuro de los activos:
“Los aumentos no remunerativos funcionan como un préstamo que después se descuenta. No resuelven el deterioro”.
Para los docentes, la pérdida salarial es tan profunda que empuja a miles de maestros a buscar empleos informales o complementarios, como venta de alimentos caseros o trabajos de cuidado, para sostener sus ingresos.
Un trasfondo más amplio: crisis política interna y desgaste en la relación con los gremios
La decisión del Ejecutivo ocurre en un contexto de creciente tensión entre la Casa Gris y sectores estatales.
Puntos de conflicto señalados por fuentes gremiales y legislativas: Tras la derrota electoral de octubre, distintos actores esperaban cambios en el gabinete, especialmente en áreas vinculadas a la agenda social. El conflicto docente se suma al deterioro del vínculo con trabajadores municipales, profesionales de la salud y personal de la administración central. La gestión enfrenta señales de impaciencia interna en la coalición de gobierno y, al mismo tiempo, un peronismo que busca recuperar centralidad sindical.
Para dirigentes del sector educativo, la estrategia salarial del Ejecutivo puede profundizar la conflictividad hacia fin de año si no se abre una instancia de negociación real.
Un gobierno que administra salarios por decreto y gremios que exigen volver al diálogo social
El aumento anunciado permite al Ejecutivo sostener su argumento técnico de corrección inflacionaria, pero lo hace a costa de desgastar la institucionalidad paritaria, una herramienta central para la gobernabilidad en un contexto económico frágil y socialmente áspero.
Lejos de recomponer, la decisión parece haber consolidado una percepción que circula en los gremios y parte del sistema político provincial: Pullaro no solo no modificó su gabinete tras el revés electoral, sino que endureció su relación con los trabajadores del Estado, el sector que sostiene la estructura esencial de las políticas públicas.
Qué suceda en las próximas semanas será clave para anticipar si la Provincia logra encauzar un esquema de negociación o si se encamina a un cierre de año con conflicto sindical en ascenso.
