El nuevo sistema de control del Estado provincial fue presentado por el gobierno de Maximiliano Pullaro como un salto de calidad institucional. Bajo el nombre de Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (SIPSaL), la iniciativa se exhibe como una herramienta moderna, tecnológica y orientada al cuidado de la salud de los trabajadores públicos. Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y prevención, comienza a consolidarse un esquema de control selectivo que en la práctica refuerza la persecución y la discriminación, dejando deliberadamente fuera de cualquier auditoría al personal político.
El SIPSaL nace envuelto en una narrativa de modernización del Estado, pero su implementación se da en un contexto mucho más amplio: una gestión que quedará en la historia por ser la que más personal político incorporó, aun cuando todavía le restan dos años de mandato. La paradoja es evidente. Mientras se refuerzan los mecanismos de control sobre empleados de carrera, docentes, administrativos y personal de base, la estructura política crece sin herramientas de control, sin auditorías públicas y sin rendición de cuentas. Así también lo hacen ver en una profunda editorial los colegas de santoto digital.
Control hacia abajo, discrecionalidad hacia arriba
La creación de un sistema de seguimiento de licencias no es, en sí misma, un problema. El problema aparece cuando el control no es universal ni equitativo, sino direccionado. El mensaje implícito del SIPSaL es claro: el desorden, el gasto y la ineficiencia están en la base del Estado. Nunca en la cúspide.
En ese esquema, el trabajador de carrera es observado, medido, auditado y expuesto; mientras tanto, los cargos políticos, los asesores y las estructuras paralelas siguen creciendo sin ningún tipo de control equivalente. No existen registros públicos detallados, no hay evaluaciones de desempeño, no se discuten resultados ni costos. La política queda, una vez más, fuera del radar.
Bajo la gestión Pullaro, la planta política provincial se expandió de manera significativa. Nuevos cargos de confianza, asesorías, coordinaciones y estructuras superpuestas a la carrera administrativa convivieron con un discurso de austeridad, orden fiscal y eficiencia. La contradicción es estructural: se endurece el control sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado, mientras se amplían los márgenes de discrecionalidad donde se toman las decisiones.
SIPSaL: de la prevención a la sospecha permanente
Desde el Ejecutivo se explicó que el SIPSaL permitirá unificar subsistemas de salud laboral, generar estadísticas confiables y simplificar los trámites para el trabajador. El nuevo esquema digitaliza la solicitud de licencias, incorpora telemedicina, centraliza diagnósticos y traslada la decisión de los días de licencia directamente al sistema.
En el papel, el modelo parece razonable. En la práctica, muchos trabajadores perciben el sistema no como una herramienta de cuidado, sino como un mecanismo de vigilancia permanente, donde la sospecha reemplaza a la confianza y la presunción de abuso se instala como punto de partida.
El control médico centralizado, la trazabilidad total y la eliminación de instancias presenciales no llegan acompañadas de garantías claras para evitar arbitrariedades. Menos aún cuando el mismo rigor no se aplica al personal político, que queda completamente al margen del sistema.
Más cargos políticos, menos institucionalidad
La paradoja del SIPSaL expone una lógica más profunda de la gestión: no se trata de ordenar el Estado en su conjunto, sino de disciplinar a una parte del Estado. En lugar de jerarquizar la carrera administrativa, profesionalizar los equipos técnicos y fortalecer los concursos públicos, se recurre al atajo del nombramiento político.
Ese camino puede ser funcional en el corto plazo, pero erosiona la institucionalidad y debilita al Estado en el largo. No hay modernización posible si el control es selectivo. No hay eficiencia si el ajuste se aplica siempre sobre los mismos sectores.
El problema, entonces, no es el tamaño del Estado. Lo demuestra una planta política que no dejó de crecer. El verdadero objetivo parece ser otro: instalar la idea de que el exceso está en el trabajador, mientras la multiplicación de cargos de confianza se administra sin discusión pública.
Un modelo de control desigual
El SIPSaL se presenta como una herramienta de cuidado, pero funciona dentro de un engranaje desigual. Controla a quienes fichan, pero no a quienes deciden. Audita licencias médicas, pero no evalúa la proliferación de estructuras políticas. Persigue ausencias, pero ignora designaciones.
En ese esquema, el control deja de ser una política de Estado para transformarse en una herramienta política. Y cuando eso ocurre, la modernización prometida se convierte en otra cosa: un sistema que refuerza la desigualdad interna, la persecución selectiva y la desconfianza, mientras el verdadero descontrol —el de la política— permanece intacto y sin herramientas de control.
