El gobierno de Maximiliano Pullaro cerrará 2025 exhibiendo números que, en términos estadísticos, le permiten sostener un discurso de “orden recuperado” en Rosario, la ciudad que concentra la mayor parte de los recursos económicos, humanos y simbólicos en materia de seguridad. Sin embargo, detrás de ese relato oficial, la violencia vuelve a hacerse sentir en la calle y, lejos de circunscribirse a la ciudad más grande de la provincia, se expande con fuerza hacia el resto del territorio santafesino.
El problema no es solo la discusión técnica sobre los indicadores, sino la brecha cada vez más evidente entre los datos que muestra el Ejecutivo y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Rosario, Santa Fe capital, Rafaela y otras ciudades intermedias atraviesan episodios de violencia que reconfiguran el mapa de la inseguridad y ponen en cuestión la eficacia real del modelo de gestión que el oficialismo intenta consolidar como uno de sus principales activos políticos rumbo a 2027.
Rosario enciende alertas
Los datos oficiales indican que Rosario cerrará 2025 con 112 homicidios, un 15% más que en 2024, aunque muy por debajo de los picos históricos de 2022 y 2023, cuando la ciudad llegó a registrar casi 300 asesinatos anuales. Desde el Ministerio de Seguridad provincial insisten en que se trata de cifras comparables a las de 2010, previas al estallido narco que duplicó la violencia urbana durante más de una década.
El repunte moderado (según el relato del Gobierno) de los homicidios, el aumento de la participación de armas de fuego en los crímenes y episodios como la emboscada múltiple en barrio Las Flores, donde tres personas fueron asesinadas en un solo ataque, reactivan viejos fantasmas. Aunque el gobierno atribuye la baja estructural a un mayor control carcelario, presencia policial y al impacto de la ley de microtráfico, en la calle vuelve a instalarse la sensación de que el control es frágil y reversible.
El problema excede Rosario: Santa Fe capital y el interior, en situación crítica
Mientras la mayor parte de la atención política y mediática se concentra en Rosario, el resto de la provincia atraviesa un escenario de inseguridad que desborda cualquier relato optimista. En la ciudad de Santa Fe, solo en las 72 horas posteriores a la Navidad se registraron cuatro homicidios, una seguidilla que expuso la persistencia de la violencia en distintos barrios y bajo modalidades diversas: ataques con armas de fuego, homicidios con arma blanca y muertes vinculadas a robos.
Los casos ocurridos en barrio Acería, Playa Norte y El Pozo, sumados al brutal asesinato del adolescente Jeremías Monzón, muestran un patrón preocupante: violencia sostenida, jóvenes involucrados, contextos de alta vulnerabilidad y una sensación de desprotección que atraviesa a toda la capital provincial.
Rafaela tampoco quedó al margen. El homicidio de Lucas Suárez, ocurrido hace apenas una semana en plena vía pública, generó una fuerte conmoción en una ciudad que históricamente se mostraba ajena a los niveles de violencia de los grandes centros urbanos. La detención de un menor como presunto autor del disparo vuelve a encender una alarma sobre el avance del delito y la fragilidad de los dispositivos de prevención.
Relato, recursos y realidad: una ecuación que no cierra
El dato político central es que Rosario recibe la mayor inversión en seguridad de toda la provincia: más móviles, más efectivos, mayor despliegue operativo y un fuerte respaldo discursivo del Ejecutivo. Aun así, la violencia no desaparece y el repunte de 2025 obliga al gobierno a administrar con cuidado su principal bandera de gestión.
Pero el problema es aún más complejo en el interior. Allí, con menos recursos y menor presencia estatal, la inseguridad aparece directamente desbordada. La sensación de “calle liberada” ya no es exclusiva de Rosario y empieza a consolidarse como una percepción extendida en toda la bota santafesina.
El desafío para Pullaro no es solo sostener estadísticas favorables, sino lograr que esas cifras se traduzcan en tranquilidad real para la población. Mientras tanto, la violencia sigue marcando la agenda cotidiana y poniendo en tensión un relato oficial que, cada vez más, parece chocar con la experiencia concreta de quienes viven y transitan las ciudades de la provincia.
En ese contexto, la pregunta que empieza a sobrevolar el escenario político es inevitable: ¿alcanza con mostrar números mejores que los peores años, o la seguridad exige resultados que se sientan efectivamente en la calle, más allá de los gráficos y los discursos?
