El proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro recibió fuertes objeciones durante su discusión en la Cámara de Diputados. Los siete integrantes de la Corte Suprema provincial plantearon reparos sobre la ampliación de facultades policiales y fiscales, mientras representantes del MPA y de la Defensa Pública también realizaron observaciones sobre distintos aspectos del paquete. El debate encuentra, además, a Unidos para Cambiar Santa Fe sin una posición interna uniforme y obliga al oficialismo a buscar una síntesis antes de llevar las iniciativas al recinto.
El paquete de leyes con el que Maximiliano Pullaro pretende profundizar los cambios en materia de seguridad volvió a encontrarse con objeciones provenientes del propio universo judicial santafesino. Esta vez ocurrió en un escenario institucional difícil de ignorar: los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe concurrieron a la Legislatura para participar de un plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados, donde analizaron los proyectos enviados por el Ejecutivo que modifican procedimientos y amplían atribuciones de fiscales y fuerzas de seguridad.
La presencia del máximo tribunal fue excepcional. Rafael Gutiérrez llegó acompañado por Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel. Los siete ministros estuvieron frente a los legisladores y plantearon, con diferentes argumentos, objeciones sobre aspectos centrales de las iniciativas. El punto que atravesó buena parte de las exposiciones fue particularmente sensible: hasta dónde puede llegar el Estado en la ampliación de las facultades de policías y fiscales sin afectar derechos y garantías constitucionales.
La Corte puso el límite en las nuevas facultades
Daniel Erbetta fue uno de los principales voceros del Tribunal y recordó que Santa Fe adoptó un sistema procesal acusatorio en el cual corresponde a los fiscales investigar y perseguir los delitos, mientras cualquier restricción de derechos fundamentales requiere control jurisdiccional. “Esa es la función de los jueces”, sintetizó. Desde esa perspectiva, advirtió que en el proyecto observan una “delegación de facultades jurisdiccionales a los fiscales e incluso a la policía” que podría entrar en conflicto con las constituciones provincial y nacional y con estándares internacionales.
Uno de los ejemplos expuestos fue la posibilidad de que una persona permanezca detenida durante 48 horas por averiguación de antecedentes sin intervención judicial. Erbetta contrapuso esa posibilidad con la Constitución santafesina reformada en 2025, que estableció que nadie puede permanecer detenido más de 24 horas sin que intervenga un magistrado. Las observaciones también alcanzaron a las denominadas áreas geográficas o áreas de intervención previstas por el Ejecutivo y a diferentes figuras vinculadas con medidas privativas de la libertad.
Rafael Gutiérrez resumió parte de la preocupación con una advertencia: “Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades”. El presidente de la Corte también reclamó especial atención sobre la formación de los policías y sus conocimientos sobre los derechos de los ciudadanos si el propósito es otorgarles un mayor poder. No se trató, por lo tanto, de un cuestionamiento general a la política de seguridad provincial, sino de reparos concretos sobre las herramientas jurídicas elegidas para profundizarla.
Si los delitos bajaron, ¿por qué hacen falta más facultades?
La Corte introdujo además un elemento políticamente significativo para el Gobierno: sus integrantes reconocieron la mejora experimentada por Santa Fe en materia de seguridad y utilizaron esos mismos resultados para preguntarse por qué sería necesario modificar ahora un esquema procesal que, según su evaluación, viene funcionando. Roberto Falistocco lo planteó directamente frente a los diputados: “¿Qué ha cambiado en la actualidad para que se piense en modificar las normas que han dado buenos resultados?”.
Erbetta siguió una línea similar. Señaló que la situación de la seguridad “ha mejorado notablemente”, destacó la articulación entre diferentes niveles del Estado y sostuvo que desde la implementación del sistema acusatorio se triplicó la tasa de encarcelamiento en Santa Fe. El planteo encierra una paradoja para el propio oficialismo: Pullaro construyó buena parte de su capital político alrededor de la reducción de la violencia y los resultados obtenidos por su política de seguridad, pero ahora integrantes de la Corte utilizan precisamente esa mejora como argumento para preguntar cuál es la necesidad de avanzar con nuevas atribuciones que podrían tensionar garantías constitucionales.
Del control de celulares a las detenciones
Las objeciones tampoco se limitaron al proyecto que se encuentra en discusión en Diputados. Jorge Baclini planteó reparos sobre otra iniciativa que ya obtuvo media sanción del Senado y establece herramientas vinculadas con teléfonos celulares. El proyecto permitiría que la Policía solicite a una persona verificar el código identificatorio de un dispositivo y contempla consecuencias ante la negativa. El ex fiscal general advirtió que la redacción contiene una “presunción de ilicitud excesiva”.
El paquete enviado por el Ejecutivo es amplio. El expediente 58.987 contempla modificaciones al Código Procesal Penal y a diferentes normas provinciales vinculadas con prisión preventiva, inteligencia, recompensas y la propia Ley Orgánica de la Policía. El Gobierno sostiene que las reformas apuntan a enfrentar la criminalidad compleja, organizada y violenta, superar limitaciones estructurales y mejorar las herramientas disponibles para garantizar la seguridad de la población. Allí aparecen las dos posiciones que deberá intentar conciliar la Legislatura: por un lado, la búsqueda de una mayor eficacia estatal para prevenir e investigar delitos; por otro, la advertencia de que esa búsqueda no puede traducirse en una transferencia de facultades que corresponden al Poder Judicial hacia fiscales, policías u otros organismos.
El MPA y la Defensa también llevaron sus posiciones
La jornada no terminó con la exposición de la Corte. Posteriormente participaron representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Por el MPA concurrieron Carla Cerliani, fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, y Víctor Moloeznick, subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones. Ambos evitaron pronunciarse sobre aquellas medidas vinculadas estrictamente con seguridad pública que consideraron ajenas a las competencias del organismo, aunque solicitaron modificaciones sobre determinadas normas.
Por la Defensa Pública participaron su titular, Estrella Moreno Robinson, y el secretario general Franco Gatti. En este caso respaldaron específicamente el mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo. La precisión es importante: no existió un rechazo uniforme de todos los actores judiciales a la totalidad de las iniciativas. Sí quedaron planteadas objeciones relevantes, particularmente desde la Corte, respecto de la ampliación de facultades y de aquellas disposiciones que pueden afectar libertades y garantías individuales.
Pullaro y Cococcioni defienden el paquete, pero Unidos todavía discute
Del otro lado están el gobernador y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes defendieron reiteradamente la constitucionalidad de las iniciativas y la necesidad de ampliar herramientas para las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de investigar el delito. Para el Ejecutivo, el objetivo declarado es encontrar un equilibrio entre garantías individuales, eficacia penal y protección de la comunidad. Pero será la Legislatura la encargada de determinar dónde se ubica ese equilibrio y allí aparece otro problema para la Casa Gris: no solamente debe responder las objeciones provenientes de la Justicia, sino conseguir primero que sus propios legisladores acuerden qué están dispuestos a votar.
Internamente, Unidos para Cambiar Santa Fe todavía no alcanzó una posición uniforme. En la Legislatura aseguran que persisten diferencias sobre distintos artículos y que todavía debe producirse una discusión integral antes de establecer qué disposiciones pueden avanzar, cuáles deberían modificarse y cuáles eventualmente podrían quedar afuera. El oficialismo intenta presentar ese proceso como parte natural del funcionamiento de una coalición integrada por diferentes partidos y tradiciones políticas, insistiendo en que el tratamiento legislativo no debe convertirse en una simple convalidación de los mensajes enviados por el Ejecutivo.
Uno de los diputados radicales que trabaja sobre el proyecto aseguró después de escuchar a la Corte que varias de las advertencias planteadas por los ministros ya habían sido discutidas internamente y que algunos puntos estaban siendo retirados del texto. No sería la primera vez que ocurre: durante la gestión de Pullaro, diferentes reformas impulsadas desde la Casa Gris necesitaron negociaciones dentro del propio frente oficialista antes de alcanzar una redacción capaz de reunir los votos. La diferencia es que esta vez la discusión toca uno de los pilares políticos de la gestión: la seguridad.
Un proyecto que difícilmente llegue intacto al recinto
La reunión con la Corte tampoco será la última instancia de consultas. Las comisiones presididas por Martín Rosúa y Lionella Cattalini prevén continuar escuchando a colegios de abogados, asociaciones de víctimas, abogados penalistas y otros actores interesados en las reformas. También se analiza incorporar universidades y especialistas antes de cerrar los dictámenes, mientras dentro de Unidos continúa la negociación para intentar construir una posición común.
Por eso, el interrogante central ya no pasa solamente por saber si Pullaro conseguirá aprobar su paquete de seguridad, sino qué quedará del proyecto original después de atravesar el filtro de la Justicia y la negociación dentro del propio oficialismo. El Ejecutivo sostiene que necesita más herramientas para combatir el delito; la Corte advierte que algunas de esas facultades podrían avanzar sobre competencias jurisdiccionales y garantías constitucionales; el MPA pidió modificaciones sobre aspectos que le competen; la Defensa respaldó una parte específica del paquete; y Unidos todavía debe construir su propia posición.
La discusión dejó así una señal política difícil de soslayar: el proyecto de seguridad que salió de la Casa Gris difícilmente llegue intacto al recinto. Antes de buscar los votos de la oposición, Pullaro tendrá que conseguir algo que todavía no aparece garantizado: una síntesis entre las objeciones planteadas por sectores de la Justicia y las diferentes miradas que conviven dentro de su propia coalición.
