La Convención Reformadora de Santa Fe entró en una etapa crítica: el debate sobre las atribuciones del gobernador y la posibilidad de incorporar decretos de emergencia —análogos a los DNU nacionales— despierta preocupación entre sectores políticos, académicos y de la sociedad civil, que ven en esa herramienta un riesgo potencial para el equilibrio democrático.
En el centro de la escena aparece la discusión sobre el artículo 72 de la Constitución provincial, que regula los poderes del Ejecutivo. El radicalismo y el PRO impulsan una reforma que permitiría al gobernador emitir decretos de emergencia en situaciones excepcionales. Pero, en un contexto político donde la figura del actual mandatario Maximiliano Pullaro ha mostrado una conducción con rasgos cada vez más autoritarios —alejándose incluso de las banderas que lo llevaron al poder—, crecen las voces que advierten que darle más poder a quien gobierna Santa Fe puede ser una decisión peligrosa.
“Hoy es Pullaro, que ya ha demostrado un fuerte sesgo de concentración del poder, pero ¿quién será mañana? ¿Estamos dispuestos a abrir la puerta a que el próximo gobernador pueda legislar por decreto?”, se preguntan algunos convencionales fuera de micrófono.
Los DNU: una herramienta de riesgo democrático
El proyecto presentado por la UCR y el PRO habilita al gobernador a declarar “emergencias” por hasta 120 días en áreas como seguridad, desastres naturales o crisis económicas. En ese marco, podría emitir decretos con fuerza de ley —los denominados Decretos de Emergencia— que no necesitarían aprobación previa del Poder Legislativo. Si bien luego deberían ser remitidos a la Legislatura, entrarían en vigencia de inmediato.
Los socialistas, en cambio, son tajantes: en su propuesta, los DNU están expresamente prohibidos. “En ningún caso podrá dictar disposiciones de carácter legislativo”, establece su artículo, buscando preservar la separación de poderes y evitar que un Ejecutivo fuerte avance sobre funciones que le son propias al Parlamento.
Desde el peronismo, en voz de la convencional Jaquelina Balangione, también se expresó un fuerte rechazo a la propuesta radical. “No se puede permitir que la independencia de la Justicia o el equilibrio institucional queden subordinados a un decreto”, sostuvo durante una tensa reunión de comisión.
Un espejo nacional que preocupa
Las comparaciones con el plano nacional no se hicieron esperar. El uso extendido —y muchas veces arbitrario— de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte de distintos presidentes, y más recientemente por el propio Javier Milei, ha demostrado cómo estas herramientas pueden erosionar el sistema republicano y socavar la participación del Congreso.
“Los DNU suelen presentarse como instrumentos de emergencia, pero terminan siendo atajos para gobernar sin consenso”, reflexionó un constitucionalista que participará de la audiencia pública prevista para el jueves 7 de agosto.
La preocupación no es nueva, pero se agudiza frente a la posibilidad concreta de que la nueva Constitución santafesina habilite una figura similar. “No se trata solo de limitar a este gobernador —sostienen los opositores—, sino de establecer reglas que protejan a la democracia frente a cualquiera que venga”.
El frente oficialista, partido
El debate sobre los poderes del Ejecutivo también generó fisuras dentro de Unidos, el frente que gobierna la provincia. Mientras el radicalismo y el PRO avanzan en bloque con su propuesta de DNU provinciales, el socialismo advierte que no acompañará un modelo que habilite al gobernador a legislar sin control. Lionella Cattalini, vicepresidenta de la comisión de Justicia, fue enfática al respecto: “No podemos repetir en Santa Fe el mismo error que vemos a nivel nacional”.
La tensión crece de cara a la próxima semana, cuando la comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo retome el tratamiento del tema bajo la conducción del senador Armando Traferri. Allí se definirá si los Decretos de Emergencia quedan finalmente consagrados en la nueva Carta Magna o si se preserva el rol central del Poder Legislativo.
Participación ciudadana en juego
En paralelo, la Convención convocó a una nueva audiencia pública para el jueves 7 a las 11 de la mañana en la Legislatura. La instancia busca recoger opiniones y argumentos de organizaciones y ciudadanos sobre este tema clave. Quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el lunes 4 por la noche a través de un formulario disponible en el sitio oficial.
“Es una herramienta fundamental para garantizar transparencia y abrir el debate a toda la sociedad”, afirmaron desde la organización, aunque varias voces advierten que estos mecanismos de participación aún no logran equilibrar la balanza frente al peso de las mayorías legislativas.
