El Senado de la Nación sancionó este viernes 27 de febrero de 2026 el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación terminó con 44 votos afirmativos, 27 negativos y 1 abstención, en una sesión atravesada por el reclamo oficialista de “dar respuestas a las víctimas” y la advertencia opositora sobre recursos y capacidad real de implementación en las provincias.
Como suele ocurrir en debates nacionales de alto voltaje, Santa Fe mostró un mapa fragmentado: las bancas radicales acompañaron la iniciativa, mientras que el senador peronista Marcelo Lewandowski votó en contra. Así, Carolina Losada y Eduardo Galaretto aportaron al número final del oficialismo y sus aliados, y el representante del PJ quedó en la vereda opuesta.
Una ley emblemática para Milei y un giro punitivo con sello de época
La aprobación de la reforma le da al Ejecutivo una victoria política con impacto simbólico: la baja de imputabilidad fue presentada por el oficialismo como parte de una agenda de “orden” y seguridad, en línea con su narrativa de reformas estructurales y mano firme frente al delito.
El texto sancionado reemplaza el régimen vigente desde 1980 y establece un marco procesal y de sanciones para adolescentes de 14 a 18 años, incluyendo un abanico de medidas alternativas al encierro y límites a la pena máxima (con topes y prohibición de perpetua para menores). En Diputados, el Gobierno había intentado una edad aún menor y debió negociar con aliados para fijarla en 14.
Qué cambia: edad, sanciones y responsabilidad del Estado
La norma reordena el sistema para que adolescentes de 14 y 15 años puedan quedar alcanzados por procesos penales, con principios declarados de resocialización y herramientas como amonestaciones, restricciones, monitoreo electrónico, reparación del daño, servicios comunitarios y, en última instancia, privación de libertad bajo modalidades específicas. El proyecto también refuerza el lugar de las víctimas dentro del proceso.
En el debate parlamentario, una de las líneas de choque fue el equilibrio entre el discurso de seguridad y la advertencia de que la implementación requiere infraestructura, equipos interdisciplinarios, lugares adecuados de alojamiento y coordinación federal.
El nudo federal: recursos, institutos y la provincia como ejecutora
La oposición y algunos senadores advirtieron que la ley puede quedar condicionada por un punto clásico del federalismo argentino: Nación legisla, pero las provincias ejecutan. La pregunta que sobrevoló el recinto fue si el nuevo sistema contará con financiamiento y capacidades instaladas suficientes para no convertirse en una norma de cumplimiento irregular, especialmente en jurisdicciones sin infraestructura específica para adolescentes.
El planteo tiene una derivación política directa: si la reforma se aplica de manera desigual, el costo social y judicial lo absorberán las provincias, que a la vez atraviesan restricciones presupuestarias y tensiones con Casa Rosada por transferencias y partidas.
Santa Fe, otra vez: radicales a favor y Lewandowski en contra
En ese marco, la votación santafesina volvió a expresar la grieta local que se traslada al plano nacional: Losada y Galaretto votaron a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil, alineados con la posición radical que respaldó la baja de imputabilidad; Lewandowski votó en contra, en sintonía con el rechazo del peronismo y sectores que cuestionaron el giro punitivo y la falta de garantías materiales para sostener el sistema.
La lectura política de ese reparto no es menor: mientras el radicalismo colabora con el oficialismo en leyes clave —aun con matices—, el peronismo busca diferenciarse en una agenda donde Milei pretende marcar iniciativa y sentido común punitivo frente a la opinión pública.
Lo que se abre ahora
Con la ley sancionada, el próximo capítulo será su promulgación y reglamentación, y sobre todo el desafío operativo: cómo se traduce el nuevo régimen en tribunales, fiscalías, defensorías, dispositivos de abordaje y lugares de alojamiento. En paralelo, el debate público seguirá abierto: el oficialismo celebrará el cambio como respuesta a la inseguridad, mientras que críticos —incluidos sectores sociales y especialistas— insistirán en el riesgo de que la baja de imputabilidad no ataque las causas estructurales del delito juvenil y recargue el sistema provincial sin recursos suficientes.
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