A una semana del inicio de la Convención Constituyente, el fallo del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe en el caso de Alejandra “Locomotora” Oliveras dejó algo más que una resolución administrativa: sentó un precedente que preocupa a distintos sectores políticos. La denuncia contra la ex boxeadora fue rechazada no por falta de sustento legal, sino por considerarse fuera de plazo. En otras palabras, para los jueces electorales no importó tanto si hubo irregularidades en la postulación, sino que la queja llegó tarde.
Con esta decisión, se habilita una lógica peligrosa: en futuras elecciones, cualquier maniobra podrá legitimarse si pasa desapercibida hasta el cierre del calendario electoral. “La trampa prescribe”, advierten algunos dirigentes en reserva.
El planteo había sido presentado por Eugenio Malaponte, referente del espacio Somos Vida, quien cuestionó la candidatura de Oliveras por no cumplir con el requisito constitucional de residencia inmediata en la provincia de Santa Fe durante los dos años previos a la elección. La propia Constitución santafesina exige esta condición para ser electo diputado o convencional constituyente.
La respuesta oficial: fue tarde, aunque pudo haber sustancia
El Tribunal desestimó el reclamo con base en argumentos estrictamente procesales. Señaló que los plazos para impugnar vencieron en febrero y que la presentación de Malaponte fue hecha el 9 de junio, luego de realizados los comicios. También destacó que la jurisdicción para evaluar la validez de los títulos ya no recae en el Tribunal Electoral, sino en la propia Convención.
En su dictamen, el Procurador Fiscal también afirmó que el denunciante no acreditó un perjuicio específico y que la Convención es la única habilitada para revisar la legitimidad de sus integrantes una vez proclamados.
No obstante, el dictamen también reconoce que la denuncia aludía a “condiciones de elegibilidad de orden público”, lo que pone en tensión la decisión de cerrarla exclusivamente por extemporaneidad.
Una impugnación con detalles sensibles
En la denuncia original, Malaponte había advertido que Oliveras nació en Jujuy, que en 2024 residía en Córdoba y que su domicilio en Santa Fe fue tramitado mediante “Valija Móvil”, un mecanismo reservado para personas con movilidad reducida. También señaló supuestas conexiones entre su lista y el oficialismo, incluyendo vínculos con el senador Felipe Michlig.
Pese a estos datos, el Tribunal no consideró el fondo de la cuestión. Y si bien el expediente de oficialización de candidaturas aportó documentación que acreditaría residencia en Santo Tomé —como la compra de una propiedad y el uso del servicio eléctrico—, la discusión quedó zanjada únicamente por razones de procedimiento.
Cruce con Granata: el conflicto político escala
Lejos de mantenerse en silencio, Alejandra Oliveras salió a hablar tras la resolución. Con su estilo frontal, denunció una campaña sucia en su contra y apuntó directamente contra la diputada Amalia Granata: “Nunca legisló, solo envidia”. Además, la acusó de usar recursos públicos, vivir en Buenos Aires y “no hacer una sola ley para la provincia”.
Oliveras adelantó que iniciará acciones legales y se defendió con una narrativa de esfuerzo personal y compromiso social. “No me van a ensuciar. Mi gran misión es no dejarme afectar por los celos ni la envidia”, sostuvo en declaraciones a medios.
Su propuesta para la Convención incluye garantizar derechos para deportistas de alto rendimiento y formalizar una “ley del deporte” en la nueva Constitución. También recordó sus campañas solidarias durante la pandemia y dijo que su ingreso a la política responde a un mandato popular: “Vine a trabajar, no a ensuciar a nadie”.
¿Qué puede pasar ahora?
Con el fallo firme, Oliveras ocupará su banca en la Convención. Sin embargo, el antecedente jurídico ya generó inquietud: la interpretación del Tribunal dejó abierta la posibilidad de que, en futuras elecciones, el foco no esté en la legalidad de una candidatura sino en el momento en que se la impugna.
En un escenario donde la Justicia se limita a los plazos y no examina los hechos, las trampas —siempre que pasen desapercibidas— podrían convertirse en parte del manual electoral. La advertencia ya circula entre dirigentes: “Si no hay sanción para el que se adelanta a la ley, entonces la ley deja de importar”.
