La difusión de una nueva encuesta favorable al gobernador volvió a encender una discusión que ya se transformó en patrón dentro de la política santafesina: la reiteración de relevamientos de opinión que circulan casi en simultáneo por medios alineados con la Casa Gris y que describen un escenario de alta aprobación oficial, en fuerte contraste con el clima social que se percibe en el territorio.
Según ese sondeo, Pullaro ostenta más del 50% de imagen positiva y un nivel similar de aprobación de gestión. Los números, amplificados por portales y diarios afines al oficialismo, buscaron instalar una fotografía de estabilidad política y respaldo ciudadano. Sin embargo, el efecto inmediato fue otro: una catarata de críticas en redes sociales y un nuevo capítulo de desconfianza pública frente a encuestas que, en experiencias recientes, quedaron rápidamente desmentidas por las urnas.
No es un hecho aislado. Durante el último proceso electoral, varias mediciones difundidas con formato de “certificado de gestión” anticiparon escenarios que luego no se verificaron en el voto real. Aun así, el mecanismo se repite: encuestas contratadas, publicación coordinada y construcción de una narrativa que intenta ordenar la agenda política desde los titulares.
La percepción de la calle
El problema de fondo no es estadístico, sino político. La distancia entre esos números y la experiencia cotidiana resulta cada vez más evidente. Basta recorrer distintos sectores sociales para encontrar un malestar extendido.
Entre los trabajadores estatales —docentes, personal de salud, administrativos, policías, judiciales y jubilados— se acumulan reclamos por salarios que corren detrás de la inflación, condiciones laborales deterioradas y una política de ajuste que atraviesa transversalmente al empleo público. En paralelo, pequeños y medianos empresarios advierten sobre una presión impositiva asfixiante, mientras que productores rurales denuncian un crecimiento sostenido de la inseguridad en zonas rurales.
A ese cuadro se suman cooperativas y organizaciones de sectores populares que vienen alertando sobre la caída del poder adquisitivo y el retroceso de programas de acompañamiento social. En ese mapa, cuesta encontrar ámbitos donde la gestión provincial coseche entusiasmo sostenido. Por el contrario, el termómetro social marca irritación, cansancio y un progresivo desgaste político.
Por eso, cuando aparecen encuestas que muestran un respaldo mayoritario al Ejecutivo, la reacción no es alivio sino incredulidad. En muchos casos, los propios votantes oficialistas reconocen en privado que los números no dialogan con la realidad que atraviesan sus comunidades.
Pauta, medios y una “realidad editada”
El fenómeno se completa con otro dato sensible: el gobierno provincial no publica de manera detallada ni transparente el destino de los fondos destinados a comunicación institucional. La ausencia de información clara sobre la distribución de la pauta alimenta sospechas sobre acuerdos con determinados grupos mediáticos y refuerza la idea de un sistema que combina encuestas favorables con amplificación selectiva.
No se trata solo de quién mide, sino de quién publica y bajo qué condiciones. En ese ecosistema, la pauta funciona como combustible de una “realidad editada”: titulares optimistas, estadísticas oficiales sin contraste y una narrativa que busca sostener la imagen de una gestión sólida, aun cuando el humor social vaya en sentido contrario.
Durante el debate presupuestario, además, trascendieron cifras millonarias destinadas a imagen y difusión. Sin un esquema público y auditado de asignación, cada encuesta difundida y cada tapa elogiosa quedan inevitablemente bajo sospecha.
Un respaldo que no termina de consolidarse
Incluso leídas con benevolencia, las propias encuestas difundidas muestran grietas. Si bien destacan una supuesta mayoría de imagen positiva, también reflejan niveles relevantes de desaprobación y un electorado fragmentado. Traducido políticamente: no aparece un liderazgo consolidado, sino un escenario inestable, sostenido más por herramientas comunicacionales que por adhesión social profunda.
En voz baja, dentro del propio frente gobernante admiten que en las grandes ciudades el arrastre del gobernador es menor, y que en futuras campañas locales podría optarse por reducir su centralidad territorial. La experiencia reciente en centros urbanos importantes dejó señales de alerta que no pasan desapercibidas.
El interrogante hacia adelante no es si se seguirán publicando encuestas favorables —todo indica que sí—, sino cuánto tiempo más podrán convivir esos números con una realidad marcada por salarios retrasados, presión fiscal, inseguridad y deterioro del vínculo entre el Estado y amplios sectores sociales.
Porque, al final del día, las estadísticas pueden ordenarse desde un despacho, pero el humor colectivo se construye en la calle. Y allí, lejos de las planillas y los titulares, el respaldo político se mide en conversaciones cotidianas, reclamos abiertos y una sensación cada vez más extendida de que el ajuste tiene nombre propio.
Ese es el límite de cualquier estrategia comunicacional: cuando la realidad pesa más que la encuesta, los porcentajes empiezan a caer por su propio peso.
