En el tablero político santafesino, donde la reforma constitucional, la disputa con los gremios estatales y los tironeos con Nación ya tensaron el clima, el gobernador Maximiliano Pullaro acaba de sumar un nuevo frente de tormenta. Y no uno menor: el conflicto directo con los intendentes y presidentes comunales del corazón agroexportador del país, el Cordón Industrial.
La pelea se centra en un tema tan técnico como decisivo: quién controla y quién cobra la tasa de ingreso de camiones a los puertos, un negocio multimillonario que sostiene presupuestos municipales completos y que el Ejecutivo provincial quiere centralizar bajo un esquema único.
La Casa Gris viene trabajando —sin disimulo— en un proyecto de peaje provincial unificado, que oscilaría entre 30 y 45 dólares por camión, con la idea de financiar un corredor vial integral para el ingreso a las terminales portuarias. Pero detrás del discurso de “ordenar la logística”, lo que ven los municipios es otra cosa: la avanzada de la Provincia sobre recursos que hoy son claves, autónomos y absolutamente propios.
Por eso, esta semana estalló la crisis. San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín se plantaron con una dureza política que no se veía desde que Pullaro llegó al poder. Y lo hicieron con argumentos legales, administrativos, financieros y políticos que ponen en jaque la iniciativa provincial.
El conflicto no es menor ni es aislado. Es la primera vez que los intendentes del Cordón Industrial hablan de “atrincherarse”, de judicializar y de denunciar una intervención encubierta del Ejecutivo provincial sobre potestades municipales. Y es también la primera vez que se alinean oficialistas, aliados y opositores para advertir que, si la Provincia avanza, Santa Fe podría entrar en un conflicto institucional serio.
Timbúes–Arroyo Seco: La nueva pulseada por los accesos a los puertos santafesinos
Un choque que se venía venir: uno de los negocios más grandes de Santa Fe
Cada año ingresan al Cordón Industrial 1.800.000 camiones. Las tasas municipales de acceso a puertos generan alrededor de 55 mil millones de pesos, según los propios intendentes. Para localidades como Timbúes, esa tasa representa el 50% de su presupuesto, financia obras estructurales y sostiene servicios esenciales.
Desde la Casa Gris, el ministro Lisandro Enrico insiste en un esquema provincial que concentre la tasa, financie obras y permita concesionar a largo plazo el circuito de casi 460 kilómetros entre rutas nacionales, provinciales y trazas urbanas.
Pero Pullaro cometió un error político grave: avanzó sin sentar a la mesa a los intendentes, que se enteran por los medios, y sin reconocer la autonomía municipal garantizada en la reciente reforma constitucional. La reacción fue inmediata. Y fue política.
“Nos vamos a atrincherar”: De Grandis encendió la mecha
Carlos De Grandis, intendente de Puerto General San Martín (peronista, séptimo mandato), fue el primero en marcar territorio. Y lo hizo con una frase que ya recorre toda Santa Fe:
“Me tendrá que expropiar media ciudad. Si quiere hacerlo, nos atrincheraremos en Puerto”.
La crítica apuntó directamente al ministro Enrico, a quien acusó de no conocer ni la realidad operativa ni la jurídica del territorio portuario.
De Grandis dejó en claro que la Provincia no puede intervenir sobre calles que son municipales, ni desplazar a quienes hoy ejecutan tareas de mantenimiento, seguridad, servicios ambientales y operativos de emergencia.
La advertencia más dura: Timbúes dice que sin la tasa “el pueblo no puede funcionar”
El presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, fue aún más contundente y habló con números sobre la mesa: 50% del presupuesto local depende de la tasa a los camiones. Las obras estratégicas del pueblo —como la Escuela Técnica 702 (3000 m²)— se financian íntegramente con esos fondos. El centro de salud, que asiste a toda la región, depende de esos ingresos. El mantenimiento de Mangoré, acceso central a los puertos, se hace con recaudación propia.
Fiorenza fue explícito: “Si nos sacan la tasa, Timbúes no puede funcionar. El 30% de todo lo que exporta la Argentina pasa por acá. No somos un pueblo más.”
Y remató: “La autonomía que nos dieron en la Constitución nos la quieren quitar por la vía de los recursos». Un mensaje directo al corazón del discurso pullarista.
Raimundo (San Lorenzo) suma fuego al conflicto: “Es jurídicamente inviable”
El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo —uno de los referentes más fuertes del arco oficialista— también salió a cuestionar la iniciativa provincial, pero desde un ángulo distinto: lo jurídico-operativo.
Raimundo fue técnico, preciso y feroz:
“La Provincia no puede cobrar tasas sobre calles municipales. Jurídicamente es inviable.”
Y luego describió el funcionamiento real de la logística: San Lorenzo atiende derrames, incendios y bloqueos. Desvía tráficos por calles auxiliares que mantiene el municipio. Sostiene inspectores, señalización, seguridad y operativos diarios para evitar accidentes. Se hace cargo del 100% del circuito pesado dentro de la ciudad.
“Si la Provincia quiere cobrar el peaje, que pague lo mismo que invertimos nosotros. O que financie a Prefectura o Gendarmería. No podemos seguir poniendo todo y que el peaje vaya entero a la Provincia.”
La crítica no es solo jurídica. Es política. Y es institucional. Porque interpela directamente el discurso de autonomía que Pullaro defendió durante la reforma constitucional.
Pullaro insiste, pero los intendentes ven una intervención encubierta
En la Casa Gris aseguran que “no se les va a sacar la tasa de un plumazo”. Pero las declaraciones del Ejecutivo dejan en claro que el esquema avanzará con o sin consenso. Ese es, justamente, el punto de quiebre: Los intendentes sienten que la Provincia quiere quedarse con un recurso que es propio, que financia servicios locales y que forma parte de la autonomía municipal.
Y se preparan: para judicializar, para atrincherarse políticamente, y para sostener una narrativa de defensa del territorio frente a un avance del Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno provincial cree que los municipios “están sentados sobre una torta de plata que no sueltan”.
La grieta entre ambos discursos es total.
Un conflicto que puede escalar a nivel institucional
El choque no es técnico: es político. Es territorial. Es económico. Y tiene un trasfondo claro: Pullaro quiere controlar el flujo de millones que hoy manejan los municipios portuarios.
Los intendentes, por su parte: defienden su autonomía, sus presupuestos y su capacidad operativa para sostener el corazón logístico del país. Todo indica que el conflicto recién empieza. Y que el “peaje unificado” será uno de los grandes temas de 2026 en Santa Fe.
