La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, decidió relanzar uno de los proyectos más polémicos de su agenda legislativa: el endurecimiento de penas para las falsas denuncias, especialmente en casos vinculados a violencia de género y delitos sexuales.
La iniciativa, que ya había obtenido dictamen en el Senado en 2025 pero perdió estado parlamentario, vuelve ahora con impulso renovado y con mayores expectativas de avanzar en el Congreso.
Un proyecto que vuelve con respaldo y visibilidad
El texto propone modificar distintos artículos del Código Penal para elevar las penas por falsa denuncia, llevándolas de los actuales márgenes —considerados excarcelables— a escalas más severas.
En concreto, establece sanciones de uno a tres años de prisión para quienes denuncien falsamente, y de tres a seis años cuando se trate de delitos vinculados a violencia de género, abuso o integridad sexual.
Para Losada, se trata de una herramienta necesaria para garantizar “igualdad ante la ley” y evitar que el sistema judicial sea utilizado con fines espurios.
“Una falsa denuncia es una condena sin juicio”, sostuvo la legisladora en una de las jornadas organizadas en el Senado, donde reunió testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de acusaciones falsas.
El tema, además, logró instalarse en la agenda pública con fuerte repercusión: en una de las últimas convocatorias vinculadas al debate, se inscribieron cerca de 600 personas interesadas en participar.
El respaldo político y el clima legislativo
A diferencia de etapas anteriores, el proyecto parece encontrar ahora un escenario más favorable.
Sectores del oficialismo nacional y parte de la oposición coinciden en la necesidad de revisar el régimen actual, lo que abre la posibilidad de que la iniciativa logre finalmente llegar al recinto.
Sin embargo, el consenso político no es uniforme, y las diferencias aparecen con fuerza cuando el debate se traslada al plano técnico y jurídico.
Una crítica penal que pone en duda la eficacia
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el ámbito del derecho penal.
El abogado penalista Carlos Barceló planteó que el proyecto, tal como está formulado, no tendría impacto real en la práctica judicial.
Según su análisis, la modificación de penas solo alcanzaría a un porcentaje reducido de casos, aquellos que terminan en sobreseimiento o absolución, lo que representa menos del 10% de las denuncias.
Además, advirtió que el cambio propuesto no altera la lógica del proceso penal: aunque se aumenten las penas, el delito seguiría siendo excarcelable y, en la práctica, los fiscales optarían por figuras más graves, como el falso testimonio agravado.
“El problema no está en la escala penal, sino en el funcionamiento del sistema”, sostuvo el especialista, quien remarcó que una verdadera solución debería apuntar a mejorar la calidad de las investigaciones y el control judicial.
El antecedente del caso Barra
La discusión tomó aún más fuerza a partir del impacto del llamado “fallo Barra”, una resolución reciente de la Cámara de Apelaciones de Rosario que absolvió a un imputado por abuso sexual y cuestionó con dureza la actuación del Ministerio Público de la Acusación.
El camarista Javier Beltramone no solo confirmó la absolución, sino que denunció irregularidades en la investigación, falta de objetividad fiscal y prácticas que calificó como “expediciones de pesca probatoria”.
El fallo también puso en evidencia problemas estructurales en la producción y valoración de la prueba, así como la omisión de elementos que introducían dudas relevantes en la causa.
Para sectores críticos, este precedente expone que el problema no radica únicamente en las denuncias falsas, sino en cómo se investigan y procesan judicialmente estos casos.
Un debate que excede la política
El proyecto de Losada logra instalar un tema sensible, con impacto social y mediático, pero también abre una discusión más profunda sobre el sistema penal.
Mientras desde la política se busca dar respuestas a un reclamo creciente, desde el ámbito jurídico advierten que el problema no se resolverá únicamente con un aumento de penas.
En ese cruce, el Congreso deberá definir no solo si endurece las sanciones, sino también qué modelo de justicia pretende consolidar frente a uno de los debates más complejos de los últimos años.
